Acuse de recibo
La Comodidad se llama el taller de reparación de muebles y colchones colindante con la vivienda de María del Pilar Calvet, en avenida 51 número 12625, apartamento 1, entre 126 y 130, en Marianao, Ciudad de La Habana. Comodidad para ellos, que le están haciendo daño a mi apartamento, piensa ella, ahora que convalece de una operación de la cadera, mirando el techo agujereado, por donde le entra agua.
María del Pilar cuenta que el taller tiene una canal, tupida y deteriorada, que está al nivel de la placa de su casa. Y con el tiempo, ha ido afectando las columnas, pared y el techo de la misma. Hace cuatro años sufrió un derrumbe parcial, y le destruyó el escaparate y la cómoda.
«Desde 1996 llevo luchando sola con esta situación», confiesa. Gestiones y trámites en la Unidad Municipal Inversionista de la Vivienda (UMIV), Poder Popular municipal, y en cuanta oficina aparezca, sin respuesta concreta. «Está en peligro mi vivienda y temo que ocurra un accidente», sentencia la mujer.
Los impunes daños de entidades estatales colindantes a sus vecinos ya se han convertido en algo bastante común.
Desde la avenida 7 número 403, en San Felipe, municipio habanero de Quivicán, Israel Rodríguez Olavarrieta denuncia que la Dirección de Comercio decidió demoler una vieja bodega que colindaba con su casa, y lo que fue la pared de división interior de madera está al aire libre, comida por el comején, casi colgando.
Israel ha acudido a Comercio municipal, a Vivienda, a Fiscalía, y en todas partes le dicen que eso se va a analizar, pero hasta el momento nada. «La han dejado de una forma tal, que no quiero pensar qué pasaría si viene un ciclón», manifiesta el afectado.
Miriam López me escribe desde el edificio B-40, apartamento 2, en la zona 5 de Alamar: que es la casa de una tía donde su familia vive hacinada hace dos años, cuando sin posibilidad de albergamiento tuvo que abandonar su apartamento en el edificio de Revillagigedo 257, en La Habana Vieja.
El piso de la casa se hundió, con amenaza de derrumbe, «debido a las vibraciones de los equipos de una carpintería de la empresa Puerto Carenas, de la Oficina del Historiador de la Ciudad». La familia se ha mantenido haciendo gestiones, entre Vivienda municipal y Puerto Carenas: reuniones, promesas de reparación de la vivienda pendientes de proyectos... Y después de todo, en Puerto Carenas les dicen que no hay presupuesto aprobado para tal obra.
Miriam pregunta: «¿Por qué no puede esa entidad asumir el costo de una obra, después de haber reconocido los daños causados por ella, como es el caso de la instalación de esa carpintería en los bajos de un edificio de más de cien años? ¿Será que un asunto tan serio como la posibilidad de un derrumbe, que puede afectar a otros miembros del edificio, no sea priorizado, cuando lo más importante para nuestro Estado revolucionario ha sido siempre salvar vidas y no ponerlas en riesgo?».
Mabel Valdés sufre la incertidumbre y el abandono allá en Calixto García 45, entre Agramonte y Avenida de los Mártires, en Ranchuelo, Villa Clara. Y no es para menos: solo una pared separaba su casa de un taller de carpintería, peluquería y refrigeración de la Empresa Municipal de Servicios, que fue demolido en 2000. Dejaron escombros, hierros oxidados y madera al pie de su pared, que han ido humedeciéndola al extremo de la pudrición. La casa se está cayendo desde la sala hasta el baño.
Gestiones no ha escatimado la mujer, hasta con el mismo director de la Empresa, quien llegó a decirle que «se iba a resolver, pero no había recursos». El itinerario incluyó el Consejo Popular y los gobiernos municipal y provincial. Pero nada. Hasta ahora solo le han arreglado la pared del baño.
«Como usted ve, han pasado siete años; el 2007 se está acabando, y no ha tenido solución el problema», comenta desalentada Mabel.
Uno se pregunta entonces si estas entidades no veneran ese principio tan elemental de la convivencia humana como lo es restañar los daños ocasionados al prójimo. Si fuera al revés, ¿qué sucedería?
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