Acuse de recibo
Desde el Reparto Latinoamericano, Vado del Yeso, en el municipio granmense de Río Cauto, el campesino Genobebo Palacio, de la cooperativa de crédito y servicios fortalecida (CCSF) Hermes Rondón, alerta que se le están perdiendo en el campo unos 1 200 quintales de arroz, como consecuencia de la decisión del director del complejo agroindustrial (CAI) José Manuel Capote de retirar la cosechadora que ya trabajaba en sus tierras.
Cuenta Genobebo que sus hijos y él, ante el llamado de la dirección del país a producir alimentos para sustituir gravosas importaciones, se acogieron al Decreto Ley 259 de solicitud de tierras en usufructo para cultivar arroz. Y el 20 de mayo pasado, el grano estaba de corte, con los parámetros de humedad requeridos.
Le correspondía a él realizar la cosecha por fecha de germinación, y según el orden establecido por la Unidad Básica de Producción. Pero el director del CAI decidió no autorizar el corte con las máquinas, con el argumento de que no podían trasladar el arroz a unos 500 metros de distancia.
«Tengo entendido —argumenta Genobebo— que se tiene que realizar, y se hace en todos los campos arroceros típicos, porque la Empresa no cuenta con la tecnología necesaria (tolvas) para ejecutar la tarea, y debe hacerse con la misma cosechadora.
«A tanta insistencia nuestra, él decidió iniciar el corte el 29 de mayo con una máquina de la UEB (Unidad Empresarial de Base) de Servicios Técnicos, pero esta solo cosechó unos 400 quintales de un estimado de 1 600. El 31 de mayo, el director del CAI trasladó la máquina y no continuó el corte, ya que, según él, se incorporarían dos cosechadoras, las cuales fueron ubicadas en otras áreas sin tener en cuenta que habían iniciado la cosecha en mis tierras y no la habían concluido.
«En estos momentos se pierden en el campo más de 1 200 quintales de arroz. No me puedo explicar tanta indolencia, con la necesidad que tiene el país de aumentar el cultivo de este cereal. Por una mala decisión del CAI y de la CCSF, a mi modo de ver hay cierto comprometimiento con otros productores, priorizándose los mismos sin culminar el corte en mi área, y violando el orden de cosecha.
«Necesitamos se considere el caso de una forma consciente, nos den una respuesta y se valoren las pérdidas ocasionadas e indemnicen el valor de las mismas por ese concepto», concluye Genobebo, quien explica que ha emitido su queja a la ANAP en la provincia y a la Delegación de la Agricultura, sin que hasta ahora haya tenido respuesta.
Ayer se celebró el Día del Trabajador Jurídico. Y es loable que desde la Avenida 152, No. 1D02, en el barrio habanero de Cojímar, Sarah García Amorón, Alina Rodríguez García y Juan A. García Noguerola, reconozcan la excelencia del servicio en un colectivo de ese sector.
Aseguran los remitentes que tuvieron que hacer trámites y gestionar documentos para su familia en el Registro Civil y Palacio de los Matrimonios del municipio capitalino de Regla. Y quieren destacar «la labor tan esmerada y la solidaridad humana» de ese colectivo, en especial de la directora Lina Leonor Fiffe; de Carmen Ross, registradora de Nacimientos; y Sandra Álvarez, registradora de Matrimonios.
Como agudo observador que es, Rolando Martínez (Edificio 12, apto. C-5, Reparto Alberro, Cotorro), cada vez que pasa en ómnibus por la esquina de 41 y 48, Playa en la capital, percibe lo que pasa inadvertido a otros transeúntes y pasajeros.
Refiere Rolando que allí hay un edificio, supuestamente en construcción y con paredes de bloques a tres metros de altura, al que poco a poco están «canibaleando» a costa del abandono y el olvido. «Le arrancan los bloques, describe; se ven personas con cincel y mandarria y con carretillas que están haciendo ese tipo de destrucción».
Afirma el remitente que al parecer a nadie le interesa lo que está sucediendo, en un momento en que tenemos tantas familias necesitadas de vivienda. Y hace la pregunta como una diana: «¿De qué organismo es ese edificio, al cual no se le da conclusión? ¿Van a dejar que se lleven todo? ¿Quién paga por eso, Liborio?».
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