Acuse de recibo
No hay medida ni disposición burocrática que pueda erigirse en justa cuando afecta la alimentación de los niños, aseguro cuando leo la historia contada por José Ramírez, vecino de carretera Alonso de Rojas, en el municipio pinareño de Consolación del Sur.
Refiere José que en aquel territorio el yogur racionado que se vende para los niños, después de llegar a las unidades comerciales solo lo retienen por tres horas para su venta normada, sin tener en cuenta que hay padres y madres que trabajan y no llegan a tiempo para adquirirlo.
Y ejemplifica con la unidad El Bonito, donde su familia compra: «Muy pocas veces dicho producto llega antes de las diez de la mañana. Y a las 2 y 40 de la tarde, hora en que debe abrir el establecimiento para comenzar el horario de la tarde, ya lo dieron “por la libre”».
La compañera de Atención a la Población de la Dirección Municipal de Comercio —apunta el remitente— alega que dicha disposición es debido a que las neveras no congelan lo suficiente para guardar el yogur hasta las siete de la noche, horario de cierre. Y por ello la Dirección Provincial de Comercio ha orientado que ese producto se venda liberado después de tres horas de recibido.
También argumenta Comercio que el horario de llegada del yogur no es problema suyo, sino del combinado lácteo, y que ellos no pueden hacer nada ante eso, mucho menos concentrar el yogur en un lugar donde exista una nevera adecuada.
Según José, otro problema concerniente a la alimentación y que perjudica significativamente a los vecinos es que la Panadería 96, perteneciente a la Cadena del Pan y única de su tipo en el municipio, de repente y sin dar explicación alguna a los consumidores, dejó de elaborar el pan de 460 gramos y solo produce el pan redondo de corteza, de cien gramos.
Desde que están elaborando este último —asegura—, nunca presenta la calidad requerida ni el peso establecido. Y al parecer no hay un inspector ni un funcionario de Comercio que vea esta afectación a la población, señala.
¿Qué dice el Consejo de la Administración Municipal de Consolación del Sur, toda vez que un gobierno local, entre sus más importantes deberes, tiene el de buscar soluciones mediante la regulación y la conciliación?
María de los Ángeles Roque cuenta en su carta que en el patio de la casa de su madre, sita en Esperanza No. 213, entre Parque y Recreo, en el municipio capitalino de Cerro, hay un árbol de canistel que tiene más de 70 años y se ha convertido en un tormento para la señora y también para sus vecinos.
El árbol ha levantado todo el piso de la casa y tiene gruesas ramas partidas, las que, de caer, podrían causar una desgracia en las viviendas colindantes.
Con razón, los vecinos se han quejado de este peligro en innumerables ocasiones. Y desde julio de 2011, María de los Ángeles entregó una carta de reclamación a Áreas Verdes del municipio de Cerro, para solicitar la poda de dicho ejemplar. El delegado de la circunscripción ha gestionado todo lo que está a su alcance. Pero nada se ha hecho.
«A mi madre, que es una anciana de 71 años, la han “peloteado” cientos de veces. Y hemos tenido que realizar otra solicitud —porque al parecer se ha extraviado la anterior— y a su vez entregarla a Áreas Verdes», señala la lectora y precisa que son finalmente los compañeros de Comunales los encargados de realizar el trabajo.
Agrega que cuando han ido a verlos, manifiestan que no tienen personal, que la sierra está rota, que no tienen camión, que tienen que pedir prestada una grúa a otra jurisdicción… También le explican que para hacer ese trabajo tienen que garantizar la siembra de cinco árboles más.
María de los Ángeles comprende que el patrimonio forestal no puede aniquilarse así como así y que la gestión de este asunto tiene sus regulaciones. Pero cuando está en peligro la vida humana, no hay peros que valgan.
Si ese árbol se parte va a dejar sin viviendas a ocho núcleos familiares, donde hay ancianos y niños, concluye la capitalina.
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