Acuse de recibo
Todavía frescos en la memoria de Roberto Juan Ortiz Benítez muestran los hermosos días posteriores al triunfo revolucionario de 1959, cuando un grupo de hombres de su localidad, entre los que él estaba, construyeron en jornadas de trabajo voluntario el policlínico de Jicotea, distante unos diez kilómetros de la cabera provincial de Ciego de Ávila y con una posición muy conveniente en la Carretera Central.
La institución médica, evoca el lugareño, fue atesorando buenos resultados, incluso hasta un diploma de la máxima dirección del país por haber sido la primera en auxiliar a los accidentados de un triste percance ferroviario ocurrido en la comunidad de Caguasal.
Precisamente este poblado y otros como el Güiro, Las Coloradas, Lázaro López, El Azufre y Guayacanes, además del propio Jicotea, se beneficiaban con los servicios del centro de salud. Solamente en la zona donde está enclavado, apunta el remitente, residen más de 7 000 personas que lo usaban, y la suma de los habitantes de los otros territorios aledaños era superior incluso a esta cifra.
Sin embargo, hace pocos años esa institución se comenzó a desarticular y solo quedó en Jicotea una posta médica con prestaciones muy restringidas. «Perdimos los servicios de electrocardiograma, laboratorio clínico, sala de fisioterapia, sala de observación, médico de guardia», se duele Roberto Juan, quien además es limitado físicomotor.
«Actualmente, para recibir los servicios que retiraron hay que ir a la ciudad de Ciego de Ávila», apunta, y ejemplifica que para acceder a los análisis de laboratorio deben los pacientes de las comunidades mencionadas llegar muy temprano a la cabecera provincial, venciendo antes no pocas dificultades de transporte. Muchas veces, la solución a mano son autos de alquiler que pueden costar unos 300 pesos.
Sin desconocer las limitaciones que imponen las restricciones económicas, sería oportuno que las autoridades del territorio y del Ministerio de Salud Pública valoraran la pertinencia de este reclamo y las formas y vías que pudieran encontrarse para intentar solucionar el problema.
En calle Evangelista No. 53, entre Libertad y Agramonte, Jicotea, Roberto Juan espera contestación.
Nora de los Ángeles Torres Ramos (calle 5ta., No. 706 altos, entre 8 y 10, Vedado, Plaza de la Revolución) se quejaba aquí el 5 de enero pasado sobre la falta de coordinación entre ciertas instituciones para la ejecución de determinadas labores y la consiguiente ineficiencia y chapucería que eso implicaba.
Concretamente se refería la capitalina a un trabajo de poda de árboles para la instalación de postes que acometió la Empresa Eléctrica de la ciudad en calle 5ta., entre 8 y 10, cuyos desechos fueron acumulados en los parterres y, muchos días después, aún seguían allí. La empresa argumentaba que correspondía la recogida a Comunales, y estos decían que era una tarea para quienes podaron. ¿Resultado? Basura acumulada, alcantarillas tupidas, vectores...
A propósito contesta Ricardo Mangana Pérez, director general de la Empresa Eléctrica en La Habana. Ratifica el directivo —y así se le hizo saber a la lectora— que la responsabilidad de la recogida de desechos correspondía a la Empresa Comunales y Aurora.
«La poda a la cual se hace referencia en la carta —enfatiza— fue coordinada insistentemente en la reunión realizada en la Vicepresidencia (del Gobierno Municipal) que atiende Comunales y Aurora». Agrega que había quedado como acuerdo que esas entidades se harían cargo del asunto, pero «el mecanismo a la hora de la recogida falló».
Igualmente expresa que se investigó el caso en el Gobierno, luego de un análisis que involucró a la UEB de la Empresa Eléctrica en Plaza y a la Empresa de Comunales, y se acordaron medidas disciplinarias con los dirigentes implicados que incumplieron con su función.
Por último, los desechos los recogió Comunales varios días después. La demandante fue visitada por el director de la UEB, Leonardo Lecour García, quien le expuso las situaciones causantes del problema, señala Mangana Pérez en su misiva, la que agradezco.
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