Expediente de pérdidas

Con 67 años de edad, sola, sin recursos económicos y viviendo en condiciones de precariedad, María Santiesteban Portuondo (calle 26, No. 116, entre 13 y 15, Vedado, Plaza de la Revolución) presentó, en 2015, su solicitud para recibir asistencia social ante las autoridades pertinentes del municipio.

Desde el 16 de septiembre de 1984, fecha en que se había derrumbado la vivienda, la situación de María era en extremo delicada. Pero ya en 2015 decidió acogerse a los beneficios que tiene previsto nuestro sistema social ante problemas similares.

«La evolución del proceso —narra la anciana— fue tórpida en extremo, desde el inicio. No obstante, ante mi insistencia (…) y habiendo inexplicablemente desaparecido mi expediente, se delegó en Ivón (en el municipio) quien, reconstruyéndolo de nuevo, le planteó a la subdirectora municipal, Yahíma Fáez, la urgente necesidad de hacer viable esta gestión a la mayor brevedad posible». Según entendió la veterana, si el proceder excedía el año en curso había que comenzar de cero la solicitud…

El papeleo se estancó una vez más y acudió la necesitada a las instancias provinciales de Seguridad y Asistencia Social. Desde allí se solicitó al municipio en reiteradas ocasiones los documentos. Hasta que la propia María con una compañera de la provincia se presentó a las entidades municipales para reclamar, evoca la doliente.

«Esto ocurre en los finales de agosto de 2016, pero cuando el 22 de septiembre me personé ante la directora (Mayté) y la subdirectora municipales es que ambas me dicen que mi expediente, nuevamente, no aparecía...».

Siguió pasando el tiempo y volvieron a mediar las instancias provinciales. «A partir de entonces poseo una chequera inalámbrica (no corresponde a ningún expediente, con lo que quiero decir que está basada o sostenida en el aire)», ironiza la habanera.

Conjuntamente con estas dificultades, la mujer está esperando desde octubre de 2016 por la visita municipal para que se verifique su necesidad de un colchón. Aluden las instancias implicadas que han ido y ella no se encuentra; pero la capitalina recuerda haber dejado, tanto en el municipio como en la provincia, sus teléfonos para que le avisaran en caso de visitas; y esto, afirma, no ha sucedido.

«Otro dato interesante es que la semana pasada (la carta llegó a JR el 2 de junio último), el administrador del comedor (comunitario) me llamó para decirme que en el listado trimestral enviado por el municipio no aparecía mi nombre. Y esta situación se mantuvo (…) hasta que por acción de la provincia acaba de llegar la información».

¿Por qué tantas irregularidades? ¿Tiene tiempo esta mujer casi septuagenaria para desgastarse en peloteos que no son su responsabilidad? ¿Quién le compensa los sinsabores?

¿Qué pasa con su consumo?

Con caligrafía menuda e irregular, escribe desde Ranchuelo, Villa Clara, Juana Teresa Mora Landa (calle Federico Escobar, entre Leoncio Vidal y Juan Martín Vega, Edif. 15, Apto.15, 3er. piso). No entiende la remitente por qué su consumo eléctrico se disparó cuando debería por lógica elemental haber bajado.

En los meses de febrero y marzo de este año, la lugareña había pagado 17,70 y 16,20 pesos; pero en abril le llegó un recibo por valor de 37,20 pesos, justo cuando en ese mes había recibido el gas licuado normado, o sea, que cocinó mucho menos con electricidad. Encima de esto, aclara la villaclareña, su televisor hace más de un año presenta problemas con la cajita, que no ha podido reparar; la olla reina está rota, y en uso prácticamente solo posee el refrigerador y, ocasionalmente, la hornilla. Se trata de una mujer sola y enferma, su esposo falleció recientemente. Para ella, las diferencias de pago que otros tal vez no se sientan, constituyen un hueco en el bolsillo.

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