Acuse de recibo
Identificar casos necesitados de asistencia social y garantizarles un mínimo de ayuda económica con las correspondientes evaluaciones y controles sistemáticos no es poca cosa, máxime cuando esto requiere de un andamiaje coordinado de especialistas y factores. En nuestro país se ha regulado e implementado así por décadas.
Sin embargo, muchos de estos casos requieren de la lupa que especifique sus urgencias, y tal vez algunas regulaciones, también, necesitan actualizarse a tono con la realidad que nos circunda.
Traigo a cuento estas elucubraciones a partir de las misivas de Enith Lafita Garrido (Heredia No. 316 apartamento 7, e/ Santa Catalina y San Mariano, Víbora, 10 de Octubre, La Habana) y Yainaris B. García (Celia Sánchez No. 28, Buenaventura, Holguín).
Cuenta Enith que tiene «un niño de ocho años de edad (…), Edgar David Neyra Lafita, que padece una enfermedad degenerativa llamada mucopolisacaridosis tipo 3, o también conocida como Síndrome de Sanfilipo. Único niño en Cuba con ese subtipo de la enfermedad. (…) Tiene muchos síntomas, y entre los más importantes se encuentran las convulsiones diarias y el no control del esfínter anal y vesical».
La capitalina es madre soltera, enfermera que desde el nacimiento de su hijo no ha podido ejercer más. Recibe una chequera de 158 pesos, pero esto, como es lógico, no le alcanza para las necesidades de ambos. Lleva tiempo dirigiéndose a las instancias de Trabajo y Seguridad Social de su municipio en aras de que le aumenten la cifra y no ha resuelto nada.
También de 158 pesos es la prestación monetaria que recibe el papá de Yainaris, enfermo con varias dolencias que fue declarado disponible con más de 25 años de trabajo. Ella, una adolescente de 15 años, cuenta en su misiva que hasta se ha sentido indecisa en cuanto a la continuidad de sus estudios ante estas dificultades materiales que los agobian.
Aunque la misiva no lo aclara, por el contenido general puede deducirse que depende únicamente del padre.
En nombre propio y de sus compañeros de la cooperativa de crédito y servicios (CCS) Mario Iglesias, del santiaguero municipio de San Luis, escribe el usufructuario José Ruiz Gómez (Bloque 3 No. 13, reparto López Peña). Cuenta José que desde 2016 les comunicaron que la Empresa Provincial de Seguros aseguraría solamente la inversión en el cultivo del maíz y frijol, renglones a los que se dedican en dicha CCS. «Esto —refiere— trajo como consecuencia el disgusto de los productores para la contratación, pues el seguro de inversión protege el cultivo hasta la formación del fruto, y de ahí en adelante queda desprotegido. Si somos afectados por eventos meteorológicos se pierde lo invertido en la cosecha, con lo cual no estamos de acuerdo».
Al documentarse sobre el tema, los labradores comprobaron que en otras provincias como Pinar del Río, La Habana, Matanzas y Guantánamo «se asegura la inversión y los rendimientos siempre que se hagan en fecha óptima; además contactamos con la Dirección Nacional de Seguros en el Departamento Agropecuario, con la compañera Zulema Paz, y nos dio como respuesta que la situación fue analizada con el Director Provincial de Seguros en Santiago de Cuba, el cual planteó que la decisión fue tomada como acuerdo en la provincia, con lo cual no concordamos», apunta el campesino.
¿Por qué esta diferencia entre lo estipulado en una y otra región? ¿Será lógico adoptar medidas que desestimulan la producción agropecuaria cuando de lo que se trata es de incentivarla por todas las vías y formas posibles?
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