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Un proyecto que sigue

En tres grupos de trabajo, diputadas y diputados dilucidaron en la jornada de este jueves dudas y criterios sobre el Proyecto de Constitución de la República de Cuba, previo a su debate hoy, en plenario, como parte del Segundo Período Ordinario de Sesiones de la 9na. Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular

 

Autores:

Margarita Barrios
Alina Perera Robbio
René Tamayo León
Monica Lezcano Lavandera
Aileen Infante Vigil-Escalera

Resultado del debate popular en el cual tomaron parte más de ocho millones de cubanos, y el arduo trabajo de la Comisión Redactora, encabezada por el  General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido, el Proyecto de Constitución de la República de Cuba fue revisado al detalle, a través de la evacuación de dudas y nuevos comentarios, por las diputadas y diputados a la Asamblea Nacional.

Reunidos en tres grupos de trabajo, la jornada de ayer fue antecedida, el miércoles, por el estudio individual del documento, y hoy comenzará el debate definitivo, como parte del Segundo Período Ordinario de Sesiones de la 9na. Legislatura.

El Proyecto que se propone al legislativo incluye cambios, entre adiciones y eliminaciones de artículos, frases, palabras y otros elementos. En el Preámbulo se hicieron algunos ajustes de contenido. Fue incluido lo relativo a la lucha clandestina, el internacionalismo proletario y la mención de que «Cuba no volverá jamás al capitalismo como régimen sustentado en la explotación del hombre por el hombre, y que solo en el socialismo y en el comunismo el ser humano alcanza su dignidad plena».

En los debates de este jueves los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba pudieron expresar libremente sus criterios acerca del texto que recoge 760 cambios después del proceso de consulta popular. 

La memoria histórica, lo que mejor nos distingue, y la unidad, fueron conceptos en torno a los cuales se reflexionó.

En el grupo compuesto por las comisiones de Relaciones Internacionales, de Salud y Deporte, y la de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, el primer diputado en hacer uso de la palabra fue Eusebio Leal Spengler.

Quiso referirse al Preámbulo y a la importancia de incluir en él la pronunciación de los legisladores de la gloriosa Constitución de Guáimaro. «Me parece indispensable» —expresó— incluir el relevante hecho, las pronunciaciones de los legisladores sobre el grito del Padre de la Patria, Carlos Manuel de Céspedes. No es posible ignorarlas —dijo— porque en esas ideas descansa la piedra angular de la unidad en Revolución.

El secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta, argumentó que con ese concepto se enriquece el Preámbulo, el cual no puede estar sujeto a la relatoría de todos los sucesos históricos, pero que indudablemente debe tener recogido el hecho fundacional de Guáimaro. «El espíritu de los constituyentes donde surgió la primera Constitución de Cuba merece encontrarse en la Cuba que vamos a construir ahora», enfatizó.

En el proceso de aclaraciones y dudas en el grupo constituido por las comisiones de Industria, Construcción y Energía, Asuntos Económicos, Asuntos Constitucionales y Jurídicos, y Defensa y Orden Interior, moderado por José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, la diputada espirituana Yolanda Rosario Gómez Cadalso planteó hacer más amplios y explícitos los diferentes momentos históricos del proceso revolucionario y sus protagonistas.

Toledo Santander explicó que por la naturaleza del documento constitucional, es imposible plasmar en el Preámbulo todos los hitos históricos de la nación, por lo que la solución fue buscar expresiones que englobaran y abarcaran el rico movimiento revolucionario de la historia cubana.

No obstante, Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, significó que si la diputada lo creía conveniente podía hacer la propuesta hoy, en el debate del Proyecto.

Esteban Lazo, presidente del Parlamento, y José Luis Toledo, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, encabezaron los debates en uno de los grupos de trabajo. Foto: Abel Rojas Barallobre

Yolanda fue enfática en que se explicitara en el Preámbulo de la Carta Magna el movimiento estudiantil, como se hace con las primeras organizaciones de obreros y campesinos.

La propuesta también se realizó en el grupo integrado por los diputados de las comisiones de Atención a los servicios, Agroalimentaria, y Atención a la juventud, la niñez y la igualdad de la mujer, donde se felicitó a todos los estudiantes de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), al cumplirse ayer el aniversario 96 de la organización.

Danhiz Díaz Pereira, diputado por el capitalino municipio de Marianao y presidente de la FEU en la Universidad Tecnológica de La Habana (Cujae), insistió en no olvidar a las organizaciones estudiantiles, que también difundieron las ideas socialistas y fundaron los primeros movimientos revolucionarios, marxistas y leninistas de la nación.

«Hay que recordar a nuestra propia FEU, con orígenes revolucionarios, fundada por Julio Antonio Mella, un fiel marxista; pero también al movimiento secundarista; y las palabras de nuestro Comandante en Jefe cuando decía que esta era la Revolución de los obreros, los campesinos y los estudiantes».

El diputado Raúl Alejandro Palmero Fernández precisó que los obreros y los campesinos están en el Preámbulo por la importancia de la alianza de estos dos sectores para un proceso revolucionario como el nuestro, pero la propuesta podría analizarse.

Insistió en que nuestro Proyecto de Constitución tiene muchísimos otros artículos en los que sí aparece de manera explícita el papel de vanguardia de nuestra juventud. «Hay que buscar en el mundo qué Carta Magna tiene un artículo que se refiera al papel de los jóvenes en función de determinado proceso, y en la nuestra hay varios que reafirman su protagonismo y aluden a la protección que el Estado debe dar».

Una diputada por Santiago de Cuba se sumó a la propuesta, pues «este apartado es lo que entusiasma a la juventud a hacer de la Constitución su propiedad, y es importante que todas las generaciones sientan que tienen obligación con esta Carta Magna».

Llamó a no olvidar a Frank País, cuando en una de sus misivas explica que abandona sus estudios porque se va a cumplir con su novia (Cuba); ni a Vilma Espín, quien obtuvo su título después del 1ro. de enero de 1959 porque abandonó la carrera para irse a luchar por la Revolución.

«Los estudiantes deben estar porque desde los siete años empiezan a cuidar las urnas, desde los 16 votan y toman decisiones en nuestro país, y porque son el futuro y la continuidad de la obra revolucionaria».

Sobre el Preámbulo, Yumil Rodríguez Fernández, quien moderó este tercer grupo de legisladores, explicó que, a partir de casi 4 000 propuestas realizadas por la población, en el documento que estudian los diputados se incluyó un párrafo que especifica que nosotros, el pueblo de Cuba, ciudadanos cubanos, estamos guiados por el ideario y el ejemplo de Martí y Fidel, y las ideas político-sociales de Marx, Engels y Lenin, algo que ratificaron los presentes.

Fundamentos políticos

Varios diputados expusieron sus criterios, dudas o nuevas propuestas en el debate de los tres grupos de trabajo que sesionaron este jueves; así lo hizo Eusebio Leal. Fotos: Abel rojas Barallobre

En el Título I, Fundamentos Políticos, hubo cambios en artículos, se analizó el tema de los símbolos patrios y en el artículo 5, referido al Partido, se definió a este como fuerza «política» dirigente superior de la sociedad y el Estado, y se incluyó la mención al comunismo.

Un punto que motivó las intervenciones de los diputados fue el artículo 11, inciso a. Una diputada hizo alusión al ciberespacio y a los modos de regular nuestra soberanía en ese ámbito. Propuso una formulación que deje claro cómo la Isla asumirá ese universo.

Homero Acosta explicó que ese tipo de espacio nos rebasa, es virtual, no nos pertenece del todo. De modo que «podemos ejercer soberanía sobre lo nuestro», establecer regulaciones internas como los demás Estados, pero es difícil.

Yinet Infante Paifer, diputada por la capital, expresó dudas sobre el artículo referido a las diferentes formas asociativas y su regulación. Se le explicó que el país dispone de una ley de asociaciones, la que se está perfeccionando y en la que se establecerán los preceptos correspondientes.

El artículo 15 dio pie a otras reflexiones, como la del diputado Orlando Gutiérrez Boza, de la Comisión de Relaciones Internacionales, quien comentó que el Estado reconoce, respeta y garantiza la libertad religiosa, la cual es individual e institucional. Hizo énfasis en cómo nuestra Constitución se perfeccionó con la definición del Estado cubano como laico, lo que es vital para la unidad de los cubanos.

Se trata, resaltó, de algo muy importante para creyentes y no creyentes. Es una unidad que se fortalece cuando se ha añadido el papel de las asociaciones fraternales, las que permitieron que Carlos Manuel de Céspedes, con otros patricios, y nuestro Martí, hicieran Patria.

«El hecho de incluir a las asociaciones fraternales es muy importante para nuestra unidad. Esas asociaciones están ancladas en nuestra cultura de la resistencia», añadió el diputado, quien no quiso pasar por alto el riguroso trabajo realizado por la Comisión Redactora del Proyecto de Constitución.

Por su parte, el diputado Pablo Odén Marichal, de la Comisión de Relaciones Internacionales, planteó el valor que tiene incluir en la nueva Constitución dejar claro que un Estado laico entraña beneficios no solo para las instituciones religiosas, sino también para la sociedad toda, así como el respeto mutuo entre esas instituciones.

Yumil Rodríguez Fernández (al centro) moderó el tercer grupo de legisladores, acompañado por otros miembros de la Comisión Redactora.

Homero Acosta explicó entonces que la modernidad incluye la separación entre el Estado y las instituciones religiosas.

Tiene gran valor, subrayó, la definición de Estado laico, esa relación con las instituciones religiosas, que ninguna de ellas sea superior a otra. En la Carta Magna que nace, subrayó, están las relaciones del Estado con las instituciones y el significado del laicismo es algo que debemos explicar más.

En otro momento de la jornada de análisis, Julia Dolores Cabrera, diputada de la Comisión de Relaciones Internacionales, expresó duda sobre la pertinencia de utilizar en el artículo 16, inciso e, la terminología de «países del Tercer Mundo».

El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, explicó que es cierto que la realidad internacional establece distintos niveles de discriminación para estos países en desventaja, y que precisamente el sentido del artículo está relacionado con la voluntad de integración de las naciones del sur, tan proclamada y necesaria.

La economía, fundamental

En cuanto al Título II, Fundamentos Económicos, una diputada explicó que el artículo 20 expresa que los trabajadores participan en los procesos de regulación de la actividad económica, lo que significa un gran paso de avance, ya que incluye a todas las formas jurídicas en las que se inserta el capital estatal.

Homero Acosta acotó que el artículo se refiere a la regulación que hace el Estado sobre los empleadores, lo cual potencia el papel de los trabajadores en la sociedad, y define un papel superior de la participación de estos.

«No se regula aquí el trabajo por cuenta propia, sino el sector público de la economía. Esto no quiere decir que el Estado se desentiende de los sectores cuentapropistas. Pero es cierto que el manejo de la propiedad del sector no estatal es diferente. En esta forma, los trabajadores no participan de igual modo en la conformación de planes, pues la manera de dirigir y planificar este sector es otra, ya que no es pública», añadió el Secretario del Consejo de Estado.

Sobre el artículo 20, el diputado Ulises Guilarte de Nacimiento, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, señaló que la empresa estatal socialista es la estructura fundamental, por eso los trabajadores, como copropietarios, tienen el derecho de participar.

«Se incluye la participación de los trabajadores en el texto constitucional en los procesos de planificación, regulación, gestión y control de la economía.

«En el caso de los trabajadores no estatales la relación entre empleadores y empleados difiere del modo en que se hace en la empresa estatal socialista», sentenció.

Inés María Chapman, vicepresidenta de los Consejos de Estado y de Ministros.

Otro de los temas analizados en el título Fundamentos Económicos está relacionado con la planificación de nuestra economía. El diputado Marino Murillo, jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo, destacó que un ejercicio de este tipo tiene dos enfoques principales, la planificación a corto plazo y la estratégica, y en el nuevo texto constitucional se hace énfasis en esta última.

También explicó que al establecerse que los medios fundamentales de producción son propiedad de todo el pueblo, los cuales tienen una interpretación histórica, según el momento, nos pone en condiciones excepcionales para poder diseñar un programa de desarrollo a largo plazo, teniendo como instrumento principal la planificación.

Sobre el artículo 24, relativo a que la propiedad socialista de todo el pueblo incluye bienes como las principales infraestructuras, se generó una amplia discusión. Ania Lastres Morera, diputada por La Habana preguntó que si esto solo se limitaba a las que se consideraban «principales» entonces se está planteando que algunas infraestructuras podían estar bajo otro tipo de propiedad, a lo cual se le respondió que sí.

La diputada Johana Odriozola, miembro de la Comisión Redactora, señaló que en el desarrollo de las infraestructuras, como por ejemplo la energética, con el establecimiento de parques fotovoltaicos, eólicos y otros, también se aspira a la participación de la inversión extranjera.

Ana Teresa Igarza, diputada por Artemisa y directora general de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, apuntó  un matiz —técnico— a la frase «principales infraestructuras», pues desde el punto de vista ingenieril es una terminología que se usa para señalar determinados servicios que luego van derivando en secundarios y terciarios, y algún empresario podría determinar que puede transferir infraestructuras que no sean las llamadas principales, por lo que llamó a acotar mejor el concepto.

Inés María Chapman, vicepresidenta de los Consejos de Estado y de Ministros, coincidió en buscar la palabra más exacta, pues es cierto que hay infraestructuras primarias, secundarias y terciarias. Lo que hay que regular cuáles son las infraestructuras consideradas como principales. Es algo muy importante, porque eso no deja brechas.

Para Marino Murillo, es consenso que todas las infraestructuras no pueden ser estatales socialistas, por lo menos temporalmente. Una de las grandes limitaciones para el desarrollo del país son las brechas de infraestructuras, y en términos económicos, la palabra principal está bien utilizada.

Yaquelín Puebla, diputada por el municipio de Cauto Cristo, en la provincia de Granma, explicó su preocupación con el artículo referido a la propiedad de la tierra. Para ella resulta fundamental que quede bien explícito en la Carta Magna que solo el Estado podrá comprarla si un productor privado quiere vender.

En este sentido, el diputado Gustavo Rodríguez Rollero, ministro de Agricultura, destacó que será preciso hacer una norma sobre la tierra, en la cual se establezcan todas las garantías de que solo el Estado puede ser el que compre este preciado bien.

El diputado Rafael Santiesteban Pozo, presidente de la ANAP, argumentó que los propietarios hoy la adquirieron por una ley de la Revolución, no por un acto de compra venta, y el que ha comprado en todos estos años cuando un productor ha querido vender ha sido justamente el Estado.

Otro tema de debate en los grupos de trabajo fue el artículo 27, que hace un reconocimiento de la autonomía de la empresa estatal, como forma fundamental de gestionar la propiedad socialista de todo el pueblo.

También fue escuchada la propuesta de Fernando González, diputado de la Comisión de Relaciones Internacionales, relacionada con el artículo 30, referido a la concentración de la propiedad. Expresó que donde se escribe en el texto «una más justa distribución de la riqueza», la expresión pudiera sustituirse por otra que diga «cada vez más justa», para resaltar el carácter de progresividad.

Homero Acosta señaló que los límites de la riqueza son muy difíciles de determinar, así como la distinción de cuándo es lícita y cuándo es ilícita, de ahí que el Estado deba controlarla, para lograr la redistribución, pero no se puede decir que se limita.

El objetivo de la Revolución es que todos los ciudadanos mejoren su calidad de vida, pero no atacando a aquellos que tienen mayores ingresos. Añadió que es necesario lograr un equilibrio, pero el asunto es complejo, pues no se puede limitar el desarrollo de las fuerzas productivas, ni la producción de riquezas, porque ellas también contribuyen al bienestar de la nación y aportan al resto de la sociedad.

Sobre el artículo referido al trabajo como valor primordial, otro diputado de Cienfuegos denunció que hay un grupo de personas que no trabajan, y reciben los mismos beneficios de quien sí lo hace. El trabajo debe ser una obligación, el Estado gasta millones en servicios gratuitos y hay quienes no hacen nada y tienen los mismos derechos, señaló.

Danhiz Díaz Pereira, diputado por el capitalino municipio de Marianao y presidente de la FEU en la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría (Cujae). Abel Rojas Barallobre

Johana Odriozola, de la Comisión Redactora, explicó que este es uno de los temas más planteados por la población. Hubo más de 41 000 propuestas de convertir el trabajo en obligatorio, pero ello implicaría que quien no trabajara tendría una consecuencia jurídica, una sanción.

De lo que se trata —abundó— es de lograr que el trabajo se constituya en fuente fundamental de ingresos, que sea un estímulo, que los mecanismos económicos lleven a que las personas vean en el trabajo la principal fuente de satisfacción.

La gente que no trabaja es una realidad que tiene que ser revertida, pero no desde mecanismos impositivos, obligando a las personas a trabajar. Debemos lograr condiciones indirectas que lleven al individuo a adoptar las conductas que se quieren, enfatizó.

Víctor Manuel Gutiérrez señaló que es la hora de que los organismos tengan que exigirles a los que no trabajan. La población tiene bastante inquietud con personas que no trabajan, que se pasan el día entero haciendo ilegalidades y viven criticando.

Enrique Richard López, diputado por Cienfuegos, abundó: quienes no trabajan tienen a veces más recursos que los que trabajan. Los organismos tienen que accionar más sobre estos individuos. Eso le hace daño ideológico a la Revolución. Hay un criterio general de la población de luchar contra esas personas que no aportan; sin embargo, tienen todos los beneficios.

José Luis Toledo Santander explicó que Cuba tiene convenios internacionales en materia de trabajo que debe cumplir, y estos incluyen no colocar como carácter obligatorio el trabajo.

Educación, ciencia, cultura

La diputada Yulianne Babastro Marrón, de Santiago de Cuba, planteó que en el Título III, Fundamentos de la política educacional, científica y cultural, no se incluyó al deporte, y por su importancia debería estar desde el título, porque además en el contenido se hace referencia a esta actividad.

En respuesta, el diputado Yumil Rodríguez Fernández explicó que hay capítulos expresamente dedicados al deporte y la recreación. Destacó que alrededor de 1 800 propuestas de la población solicitaban la inclusión de estos tópicos en la Carta Magna.

Igualdad para todos

Sobre el Título relativo a Derechos, Deberes y Garantías, se realizó un profundo debate. Rolando González Patricio, de la Comisión de Relaciones Internacionales, planteó que en el artículo 42, referido a las distintas maneras de discriminación, no se incluyen algunos elementos como el origen social o la posición económica, y sí debería hacerse explícito esto en el texto.

«La Constitución implica también una dimensión moral, para dejar claro que nunca permitiremos que se discrimine por estas razones», expresó.

En torno a este tema, el ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau, compartió la apreciación anterior, debido a que la discriminación, cualquiera que sea, supone exclusión.

«Sí creo que deba aparecer ese aspecto en la Constitución, porque en la práctica se están dando estos casos, y el nuestro es un Estado de justicia social. No puede haber una exclusión por origen social, aunque parezca muy subjetivo. La Revolución existe para eso, para luchar por la igualdad. La condición social no puede ser un elemento de distinción para nadie».

El Doctor Eusebio Leal añadió que las discriminaciones están en la mente humana, y son muy difíciles de borrar. «Actualmente nos enfrentamos a una realidad compleja, cuando nuestros hijos quieren sumarse a la vida cultural y asistir a espacios donde se necesita un presupuesto elevado para estar. Ahí también existe discriminación», señaló.

«La Revolución eliminó la discriminación por origen social. Tenemos que batallar porque esas conquistas se mantengan. La Constitución es el modelo de la preocupación de una nación por el futuro. Es necesario ser respetados, y no tolerados. Estamos en el largo camino de construir una sociedad mejor, de un socialismo próspero en el que todos puedan aspirar a tener lo mejor», argumentó Leal.

Homero Acosta, en referencia al artículo de la igualdad (el 42) argumentó que la sociedad nuestra es de una justicia sin parangón en el mundo. El socialismo cubano ha dado la igualdad a nuestro pueblo —enfatizó—. Pero debemos seguir luchando para que la brecha de desigualdad sea mínima. Subrayó que esa premisa es una gran conquista de la Revolución.

Acerca del artículo 44, en el que se expresa la intención de cerrar las brechas de desigualdad, dijo que acabarlas no será posible en un país cercado económicamente.

En voz de una diputada afloró otro sentir mayoritario de los grupos de trabajo: que los medios de comunicación puedan seguir siendo abanderados de la explicación del contenido de la Constitución, para que pueda haber mayor comprensión de nuestra realidad y del Proyecto de la Carta Magna.

Otro tema debatido por los diputados y que tuvo un número considerable de planteamientos por parte de la población, está referido a la necesidad de que desde la Constitución quedara clara la responsabilidad del Estado en la formación integral de los ciudadanos cubanos desde la primera infancia hasta la enseñanza universitaria de posgrado, como finalmente quedó recogido.

El diputado Raúl Alejandro Palmero  hizo alusión al artículo que plantea la gratuidad de los estudios hasta el nivel de posgrado, pero siempre que respondan a intereses del país y estén en correspondencia con su política. La ley determinará más adelante cuáles de estos estudios de posgrados se cobrarán o no en dependencia de este principio. «Cuba representa una bandera en derecho a educación gratuita y de calidad a todos los niveles. Debemos luchar por mantenerla», afirmó.

Un asunto muy discutido fue el relativo a la familia y el matrimonio, el cual ha producido opiniones diversas entre la población. El matrimonio entre personas, sin distinguir sexo, fue, sin dudas, el tema más comentado durante el proceso de consulta popular.

El nuevo Proyecto elimina la mención de los sujetos que conforman el matrimonio y ahora lo establece como una institución social y jurídica. Luis Ángel Adán Robles, diputado por La Habana, elogió que ahora se fuera a términos neutros como cónyuge, y que lo relativo a quienes conforman el matrimonio se dilucide en el Código de Familia, que en un plazo de hasta dos años será sometido a consulta popular y referendo.

«Estoy de acuerdo que se lleve a consulta popular, pero no a referendo», señaló el legislador, para quien el tema debe resolverse en el seno del Parlamento.

Majela Ferrari, miembro de la Comisión Redactora, argumentó que la propuesta de resolver el asunto en consulta popular y referendo se vincula con el derecho de participación, y ambos no deben desligarse. «Se va a valorar un Código de Familia revolucionario y las personas tienen que tener una manera vinculante de decisión».

La diputada Mariela Castro Espín, por su parte, expresó que a pesar de las reticencias de algunos sectores se ha aprendido y avanzado en el tratamiento del matrimonio. «Para nada hemos retrocedido», sentenció.

Teresa Amarelle Boué, secretaria general de la FMC, aseguró a los diputados presentes que los planteamientos de la población evidenciaban la necesidad de dedicarles un apartado especial a las familias, «a ese concepto de familia en las condiciones actuales, para lo cual trabajamos con especialistas en la temática, para que nuestra Constitución se pareciera lo más posible a nuestro pueblo».

Raúl Alejandro Palmero opinó que se adoptó una decisión bastante inteligente: mantener el referendo con el tema, que es un derecho de todos los ciudadanos. El hecho de haberlo incluido en la Constitución parte de una voluntad política respaldada por el pueblo, que finalmente tendrá en sus manos la decisión de la inclusión o no del tema en el Código de Familia.

Estado cubano, igual a democracia

El artículo 126 del nuevo Proyecto de Constitución, alusivo a que el Presidente de la República es elegido por la Asamblea Nacional del Poder Popular de entre sus diputados, por un período de cinco años, y le rinde cuenta a esta de su gestión, motivó numerosas inquietudes en el debate popular, y en el Parlamento.

Homero Acosta comentó la necesidad de buscar límites en el tiempo a los períodos de los cargos. Fue un asunto, dijo, discutido en cónclaves del Partido, y en el seno del pueblo, lo cual es saludable para la Revolución en tanto tiene que ver con el rejuvenecimiento de los procesos y con el necesario tránsito de los liderazgos.

Recordó la frase de Raúl de que vale más el ejemplo; y la decisión del General de Ejército, Primer Secretario del Partido, de dar paso a otra generación para el mandato. La generación histórica, añadió el Secretario del Consejo de Estado, derrotó una tiranía e hizo una Revolución frente a Estados Unidos. Los que vienen tendrán otros desafíos.

El tema es sensible, ha movido muchas opiniones y es necesario explicarlo para que se entienda el valor del cambio en relación con el mandato, para el cual se necesita determinada edad, capacidad física, intelectual. Hay que saber buscar ese equilibrio, sentenció.

 

Responsabilidad ciudadana hacia la constitución

Fotos: Roberto Suárez

En el capítulo dedicado a la estructura del Estado, Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión Redactora, resaltó que el Proyecto de Constitución refuerza la institucionalidad del país desde el poder del pueblo.

Señaló que a diferencia de muchas naciones, aquí el Presidente surge del pueblo y es también elegido por este como diputado en las elecciones generales.

La vicepresidenta del legislativo ponderó, además, que la Carta Magna les da a los ciudadanos el derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder del Estado, en razón a lo cual pueden proponer y nominar candidatos, elegir y ser elegidos, participar activamente en la vida política del país, revocar el mandato de los elegidos y ejercer distintas iniciativas, lo que avala el carácter democrático de nuestro sistema, que es autóctono desde la base hasta las más altas instancias.

El diputado Ulises Rosales del Toro significó que 20 artículos de la Ley de leyes aluden a organismos, entidades o responsables individuales de hacer cumplir lo recogido en la Constitución, por lo cual, dijo, es imprescindible luchar porque sean respetados. «Nadie debe imputarle a la Revolución que aprobó leyes que no fueron cumplidas, y todos nosotros debemos ser baluartes de defender esta Carta Magna» destacó.

Teresa Amarelle Boué comentó que el análisis realizado este jueves fue un ejercicio de plena democracia, y que el mejor regalo por el aniversario 60 del triunfo de la Revolución será refrendar por todo nuestro pueblo esta Constitución.

El diputado José Castañeda, del habanero municipio de La Lisa, significó que más de ocho millones de cubanos participaron en los debates sobre la Constitución, soberanamente, con el objetivo de perfeccionar el importante texto.

La realización de dicho proceso y su posterior análisis por la comisión central teniendo en cuenta todas las propuestas nos permite llegar a la conclusión de que el pueblo recibirá con beneplácito la reforma a la actual Constitución y de seguro tendrá el apoyo de la inmensa mayoría de cubanos y cubanas agradecidos de la obra de la Revolución.

«El compromiso de los revolucionarios cubanos es que, una vez aprobada, trabajemos sistemáticamente para hacer cumplir lo expresado por nuestro Presidente de los Consejos de Estado y Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez: «lograr una norma constitucional que garantice la perdurabilidad de una nación soberana, independiente, socialista, próspera y sostenible, cada vez más inclusiva, donde se fortalezca la institucionalidad del Estado revolucionario y prevalezca la prédica martiana». 

Transmitirán sesiones de la Asamblea Nacional

Cubavisión, Cubavisión Internacional, el Canal Caribe, Radio Rebelde y Radio Habana Cuba transmitirán a partir de las 10:30 a.m. de este viernes 21 de diciembre el Segundo Período Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Vea las coberturas especiales realizadas por JR:

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