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En la urgencia de que la comida llegue al plato nuestro de cada día, desde el 18 de agosto entró en vigor el Decreto 355 —aprobado por el Consejo de Ministros—, el cual establece el procedimiento para la comercialización de productos agropecuarios en las provincias de La Habana, Artemisa y Mayabeque.
Estamos hablando, precisamente, del proceso más llevado y traído en el ciclo productivo de la agricultura, que ha sobrevivido entre formalidades e informalidades. Ahora parece que con lo decretado cada actor podrá poner a prueba las potencialidades que subyacen para hacer de este ejercicio un acto eficiente y eficaz.
A tenor con este Decreto, en la capital se creará una empresa de acopio que contribuya —como en casi todo el resto del país— a que haya un mejor balance de los productos del agro. Entretanto, en la única empresa de productos agropecuarios que existe en la Isla (la de Mercados de La Habana) se implementarán cada uno de los acápites resueltos en la directiva.
La entidad es dirigida por Erika Ferrer Hierrezuelo, una joven que ha ocupado responsabilidades que van desde presidir una cooperativa de crédito y servicios, y el Gobierno en el municipio de Boyeros, hasta ser vicepresidenta de la Comisión de Atención a los Servicios de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Erika Ferrer Hierrezuelo. Foto: Maykel Espinosa Rodríguez
Al referirse al Decreto 355, afirma que «la diferencia entre el 318 y el vigente radica en que el último es mucho más flexible, pues permite que la empresa ejerza su papel con mayor autonomía». Entre sus bondades reconoce que no obliga a la entidad a tener o no cuentas bancarias en los mercados, y la responsabiliza, bajo la supervisión del Consejo de Administración Provincial, a definir un sistema de control económico, comercial y financiero ajustado a su misión en el contexto actual.
«La empresa ahora podrá dar soluciones que antes no podía, porque no estaban normadas ciertas determinaciones. El Decreto 318 decía que los mercados agropecuarios debían operar con cuentas bancarias.
«La situación financiera de nuestra empresa y el estudio de los antecedentes que conllevaron que la tuvieran que recapitalizar, en noviembre del año pasado, fueron condiciones que visualizamos como riegos a la hora de que los 150 mercados de la capital operaran cuentas bancarias».
—¿Qué retos suponen para ti liderar una empresa como esta, ubicada en la capital, y con trabajadores de las diferentes formas de gestión asociadas a la entidad? ¿Qué facilidades te dará el Decreto 355?
—La empresa está dando pasos que no son perceptibles por la población. Nos estamos organizando financieramente y trabajando en el control interno y los asuntos estructurales.
«Desde que se fundó, hace casi diez años, pagamos salarios muy bajos y tenemos que lograr que el año venidero se devengue uno medio de 1 067 pesos, porque nuestros trabajadores realizan diariamente un esfuerzo meritorio. Empienzan a trabajar a las siete de la mañana y no salen hasta dos horas después de cerrados los mercados.
«No tienen horario de almuerzo y permanecen todo el tiempo de pie, haciendo labores duras. Para cambiar dicha situación estamos enfrascados en la consolidación financiera de la empresa y en su organización.
«Igualmente nos urge diseñar y comenzar a implementar un programa de desarrollo integral a largo plazo, el cual mejore la imagen de todas nuestras plazas y establecimientos. No importa la naturaleza de las estructuras: ya sean estatales o arrendadas por cooperativas de crédito y servicios, de producción agropecuaria, o no agropecuarias.
«Además, debemos trabajar en el mejoramiento de las condiciones logísticas de almacenamiento, porque vendemos productos que son perecederos y cambian de calidad con el tiempo: se decoloran, pierden peso…, y, por tanto, el valor. Eso lleva recursos materiales y financieros, que no deben salir de la contribución territorial que los necesita para otros asuntos más perentorios.
«El Decreto 355 puntualiza todas las figuras que participan en el esquema de comercialización de productos agropecuarios. La capital no puede solo descansar sobre los hombros de la empresa estatal, o sea, de nosotros. El que haya varias figuras permite la participación de diversos esquemas, lo cual redundará en más comida para más de dos millones de habitantes, a lo que se añade una notable afluencia de población flotante.
«Este Decreto, además, facilita la coordinación o compatibilización de la Ley de protección al consumidor. Exige la venta de los productos beneficiados (limpios, bien presentados) y con calidad. Lo deja escrito para que sea una obligación y no una opción de todos los actores de la comercialización.
«Pensamos que quien vende es el único responsable de la calidad y el beneficio del producto, pero el productor también debe velar porque la mercancía que se pone en la tarima venga en su saco, en los embalajes correspondientes de acuerdo con su naturaleza, y sin tierra.
«Los compromisos que tenemos con la población obligan a que la empresa trabaje en el desarrollo de todo lo concerniente a la metrología. Sabemos que el país y el Ministerio de Comercio Interior se encargan de preparar un cronograma para actualizar los instrumentos de medición, calibración y los medios de climatización para preservar los productos.
«Estamos obligados a ponernos a tono con las normas y a que agilicemos su aplicación; porque la mayoría de los medios de medición que poseemos están sobrexplotados y debemos darle mantenimiento.
«El Decreto nos exige que seamos fieles, que seamos veraces en el pesaje de la mercancía, y eso nos responsabiliza con la actualización y completamiento de los medios de medición».
—Hace años que se viene solicitando que el mercado baje el precio de los productos en la medida en que estos se devalúan en calidad. Sin embargo, esa sigue siendo una asignatura pendiente…
—Sí. El decreto establece que se debe comercializar teniendo en cuenta la calidad, y que debe existir correspondencia entre esta y los precios. Pero sí se hacen cambios de calidad en los mercados. No digo que no haya indisciplina en cuanto a eso, pero está establecido.
«Sucede que no existe cultura sobre qué significa calidad en los productos agropecuarios. Calidad no siempre es sinónimo de volumen. Hay productos como la remolacha, que cuando son muy grandes no se ablandan, igual pasa a veces con la yuca.
«Las normas de calidad no solamente se supeditan al color y al tamaño, también responden a la variedad. Hay asimismo mala percepción de lo que son primera, segunda y tercera categorías. Igualmente debemos mejorar la cultura del manejo y exhibición de los productos.
«Debemos seguir fomentando la cultura de los trabajadores de la empresa para que lo que se muestre tenga presencia. No es lo mismo mostrar una col con las primeras hojas que cuando estas se retiran.
«Cuando la empresa compra mal, eso trae consigo una cadena que replica ese error inicial y llega hasta la tarima. Hay que exigirles a los productores que nos vendan los productos beneficiados.
«Ahora vamos a crear en la empresa un departamento de calidad. El momento de la compra es clave. Comprar un aguacate maduro implica que luego vendamos caldo de aguacate.
«Tenemos que apertrecharnos en todo lo concerniente a la calidad, porque esa es la mayor insatisfacción de la población y representa los mayores gastos de la Empresa.
«Ahora cada administrador y la dirección de la entidad deben ser celosos para que eso se cumpla. Y actuar con severidad en caso de que se viole lo estipulado».
