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Los indígenas de la Amazonía ecuatoriana también exigieron la consulta. Foto: AP QUITO, febrero 13.— Finalmente, y en ausencia del resto de los legisladores, el grupo de minoría del Congreso y diputados de Sociedad Patriótica (PSP) aprobaron este martes la solicitud del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, de convocar a una consulta popular para instalar una Asamblea Constituyente.
Según PL, la resolución contempla modificaciones al estatuto de la Constituyente, lo cual provocó inconformidad de los movimientos sociales y políticos concentrados en las afueras del Parlamento para presionar al legislativo a emitir la medida, y quienes habían anunciado que generalizarían las protestas en todo el país si el Congreso seguía entrampando el referendo.
Con 57 votos de 58 legisladores presentes en el hemiciclo nacional, los congresistas de los movimientos Popular Democrático, Pachakutik, Izquierda Democrática, Red Democrática y de PSP calificaron de urgente el llamado al plebiscito, dijo el cable.
Del bloque de derecha, se mantuvo en el salón plenario Federico Pérez, del Partido Renovador Institucional (PRIAN), pues sus homólogos de las otras facciones derechistas abandonaron la sala.
Entre las modificaciones realizadas al estatuto aparece la eliminación del requisito de recoger el uno por ciento de firmas para poder participar como candidato a asambleísta.
Se incluyó asimismo un punto en el reglamento que invalida a la Constituyente para disolver el Congreso, lo cual —según líderes de movimientos sociales e indígenas— elimina un derecho que corresponde a la ciudadanía, reportó el despacho.
Los parlamentarios cambiaron el plazo máximo para realizar las elecciones para delegados, el cual será de 150 días y no de 125 como propuso con anterioridad el mandatario de esta nación andina.
Sin embargo, todo indica que se ha mantenido el propósito del ejecutivo y de los movimientos sociales de que la Asamblea Constituyente tenga plenos poderes, lo que le daría la libertad de redactar una Constitución que renueve, de ser necesario, toda la vida institucional de la nación.
Ese era, por ello, el punto más importante a dirimir entre las posturas de los que exigen la nueva Carta Magna, y un Congreso reticente a los cambios.
