Hasta la justicia se privatiza

Los gobiernos locales quedan desarmados ante las trasnacionales, cuando tratan de revertir la privatización de sus riquezas naturales

Autor:

Jorge L. Rodríguez González

El vital líquido se comercializa, mientras muchos carecen de agua potable. Foto: Reuters Nada escapa a la lógica mercantilista del desenfreno neoliberal. Las transnacionales no solo han pretendido comerciar los recursos naturales. Para garantizar la expoliación de las riquezas de los países subdesarrollados, el sistema capitalista global crea instrumentos políticos y económicos cada vez más sofisticados, que le garanticen la máxima plusvalía con total impunidad.

Ya no se trata solo de privatizar el agua, la biodiversidad, la propiedad intelectual y el conocimiento tradicional de las comunidades locales del continente, al que, peyorativamente, tildan de no científico. Dentro del gran jamo de los Tratados de Libre Comercio (TLC) entra ahora, además, la privatización de valores tan intangibles como la justicia: los pueblos no tienen derecho a frenar ni revertir la exportación de sus recursos, aun en situación de escasez, y tampoco tienen derecho a luchar por sus bienes naturales.

Las leyes que llegan con los TLC protegen a los depredadores. Así lo destacó José María Villalta, de Costa Rica, al expresar que los inversionistas extranjeros ¡pueden demandar! a los gobiernos locales cuando estos tratan de echar atrás las negociaciones, al percatarse de las graves consecuencias que implicaría para el medio ambiente o para los propios habitantes, que son quienes realmente sufren la privatización de sus más elementales servicios.

Estos mecanismos implantan la «regla del trato nacional», que les confiere a las transnacionales los mismos derechos que a nuestros ciudadanos y, por tanto, da a los inversionistas la posibilidad de llevar a los gobiernos a tribunales privados, fuera de los territorios nacionales. Washington puede ser una de las salas de acusación. Es como dar el mismo trato a David y a Goliat, afirmó categóricamente, Villalta.

Una vez abierto el litigio, de los tres jueces que participan en el proceso, uno es nombrado por la empresa demandante, otro por el Banco Mundial (BM), y el último por el gobierno demandado. Indudablemente salen perdiendo los intereses nacionales, pues el BM es lo mismo que el que demanda. De esta forma se excluyen a las comunidades afectadas de la lucha por sus derechos, explicó. Argentina ha tenido que enfrentar decenas de demandas millonarias de las transnacionales, superiores a su Producto Interno Bruto, y que por tanto son imposibles de pagar, ejemplificó.

Así, a los poderosos consorcios extranjeros se les otorga poder para torcer el brazo a los gobiernos que quieran restringir su indiscriminada explotación de las riquezas nacionales. Y quedan «fuera de la justicia» quienes luchan contra el modelo neoliberal, perfectamente diseñado para violar la soberanía nacional, aseveró.

La situación es más grave cuando se analiza que uno de los recursos naturales más comercializado en la actualidad es el agua, lo cual está en total discordancia con el discurso de la ONU, que considera el acceso al líquido vital como un derecho humano y un bien común.

El agua como derecho humano, ese principio de sentido común tan generalizado en las diferentes sociedades, no es compartido por organismos internacionales como la Organización del Comercio Mundial, el Banco Mundial, ni concebida como tal en los TLC o los Acuerdos bilaterales de inversión, para los cuales es una mercancía más, recalcó Elizabeth Peredo, de la Asociación Solon Bolivia, al destacar que en Europa se encuentra la mayor cantidad de consumidores de agua embotellada, a lo que también se suma más de la mitad de la población norteamericana. Es un negocio que reporta millonarias ganancias, y que sus inversionistas no desean anular una vez emprendida la empresa. Aunque decenas de miles de personas puedan morir de sed.

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