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La desgastada democracia burguesa, representada en instituciones de las que siguen siendo dueños esos grandes poderes económicos, quiere frenar el deseo popular de una democracia participativa real.
Tal es la ecuación que intenta resolverse hoy en Honduras mediante las urnas, luego del pulso que esas propias fuerzas protagonizaron los últimos días, cuando un Congreso dominado por los viejos grupos de poder también enquistados en la Corte Suprema de Justicia y en la Fiscalía, apoyado por los altos mandos militares, pretendieron pasarle por encima al Presidente y a las amplias masas que, acudiendo al llamado de Manuel Zelaya el jueves, relegitimaron al mandatario, pusieron freno a los intereses aviesos de la oligarquía, y enrumbaron y son guardianes del referendo hasta hoy.
Liderados por Zelaya, miembros de los sindicatos, campesinos, obreros, indígenas, líderes de los movimientos de mujeres y estudiantiles no solo rescataron el material electoral que pretendió incautar ilegalmente el Ministerio Público. Ellos han repartido urnas y boletas en todos los departamentos de la geografía hondureña y, junto a la Policía, constituyen la salvaguarda del referendo hasta hoy, frente al reiterado intento de descrédito por parte de las carcomidas instituciones, y ante unas Fuerzas Armadas que finalmente no asumieron el rol encomendado por el ejecutivo para que garantizaran la infraestructura de la votación, si bien tampoco terminaron de concretar la conjura denunciada por Zelaya como «golpe de Estado técnico»: un golpe que iba a propinarse desde la propia «institucionalidad».
Los nada imparciales poderes legislativo y judicial aprobaron leyes de última hora e interpretaron a su antojo la actual Carta Magna para declarar ilegítima la consulta y, aún más, sacar del poder al Presidente, convirtiéndose en los verdaderos saboteadores de «la institucionalidad» que preconizan.
Frenado el plan por la contundente respuesta de esas bases sociales aún movilizadas, la estrategia de aquellos sigue basada en la manipulación, según se desprende de las exhortaciones a no participar del referendo hechas el sábado desde esas instancias y desde la derecha política, penetradas por lo que el ecuatoriano Rafael Correa habría identificado como «la partidocracia».
Todos, con el apoyo de los grandes medios, que seguían tildando la consulta de «ilegal». No pudieron frenar el referendo pero es previsible que seguirán batallando por desconocerlo, cualquiera sea el resultado de esta jornada.
Hacia ese mismo derrotero parecen encaminarse las advertencias del Ministerio Público, cuyas altas autoridades giraron instrucciones a los fiscales para que monitorearan el proceso, luego de advertir que las personas que instalaran material, promovieran la consulta o votaran, incurrirían en desobediencia, según reportó el diario hondureño Tiempo.
El rotativo afirmó que fiscales se dedicaron en los días recientes a analizar «los delitos» que cometerían quienes participaran, y que de ahí se elaborarían los requerimientos iniciadores de eventuales procesos ante los tribunales de justicia.
Sin embargo, la votación de este domingo emana de una voluntad popular avalada por las 400 000 firmas que pidieron al mandatario la consulta.
El referendo apenas está dando a la ciudadanía la oportunidad de pronunciarse sobre su deseo o no de que en las elecciones generales del próximo noviembre se instale una urna adicional, donde el electorado pueda decir si quiere una Asamblea Constituyente que permita reformar la Carta Magna. De eso, apenas, se trata. Pero, como señalara el presidente Zelaya, los viejos grupos de poder preferirían mantener a la nación «encarrilada» y no dejar que participen las grandes masas.
Sin embargo, no se han percatado aquellos de que, con la cabal defensa que están haciendo de la cuarta urna, ya los de abajo están moldeando los destinos de su patria.
