Movidas en el escenario boricua

La Presidenta del Comité de Puerto Rico ante la ONU descarta que la elección en su país de un gobernador anexionista y el triunfo de Donald Trump en la Unión, favorezcan los planes de quienes aspiran a que su isla sea otra estrella de la bandera de EE. UU.

Autor:

Marina Menéndez Quintero

NO ha faltado algún analista que vea el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos como una hendija por donde podrían calar los sentimientos no anexionistas de Puerto Rico justamente cuando, por el contrario, acaba de elegirse allí a un gobernador del partido que aspira a convertir a la Isla en otra estrella en la bandera norteamericana.

Para Olga Sanabria Dávila, presidenta del Comité de Puerto Rico en Naciones Unidas, ni Trump podría cumplir de manera absoluta todo lo que anunció en su campaña —se refiere sobre todo a su discurso xenófobo— y tampoco la coincidencia de su triunfo con la elección en Puerto Rico de Ricardo Roselló, del Partido Nuevo Progresista, para la gobernación, facilitaría de manera expedita los planes de quienes acompañan allí las posiciones anexionistas.

Olga Sanabria. Foto: Raúl Pupo

Ante «un escenario político tan inesperado» como el que deja la elección de Trump, todavía el republicano «es una gran interrogante», dice la también miembro de la Dirección del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano.

«El Presidente de EE. UU. no siempre actúa por decreto; hay decisiones ejecutivas que puede tomar, pero tiene que contar con las demás ramas de Gobierno», comenta. «Debe verse también cómo va a seguir reaccionando su partido, donde tuvo oposición, y cómo va a seguir reaccionando esa mayoría republicana que tiene en el Senado y en la Cámara de Representantes».

Sanabria pone las dudas sobre el tapete en cuanto a que Donald Trump pudiera «empujar el proyecto anexionista». Por ejemplo, anota la base electoral a la que este apeló —«anglosajona, clase media y mucha gente pobre pero blanca»— en tanto «Puerto Rico es un país no blanco, no anglosajón, con un alto nivel de afrodescendencia, con un gran mestizaje, hispanoparlante: somos un país en el Caribe con un pueblo con su cultura, con una identidad muy definida, y clara en su diferencia con lo que es el ser norteamericano. Puerto Rico es un país donde siempre ha habido un sentimiento de independencia, que ha llevado a muchas luchas y al encarcelamiento político, como es el caso de Oscar López Rivera.

«Hay que ver si esos sectores sumamente conservadores que son la base que movilizó Trump apoyarían un proceso de anexión de Puerto Rico. Y también hay que ver la reacción en Puerto Rico. Allí la anexión nunca ha sido».

MÁS ALLÁ DE ROSELLÓ

Y es que tampoco pueden verse las cosas en blanco y negro en la Isla. Olga Sanabria considera que los resultados de los comicios del 8 de noviembre ofrecen lecturas más amplias.

Apunta en este entorno el 45 por ciento que registró la abstención, un nivel que califica de «sumamente alto, porque en otros periodos se reducía a 12 o 15 por ciento. Así que el mandato de Roselló es muy débil».

«También tenemos que examinar el empuje que tuvo en esta elección el sector que no quería votar por los partidos tradicionales en Puerto Rico, lo que llevó —explica— a que surgieran dos aspirantes independientes que se lanzaron a la candidatura por la gobernación con un programa anticorrupción, de saneamiento de las finanzas públicas y de mejoramiento de los servicios al pueblo. Ellos no aceptaron el fondo electoral al que tenían derecho, lo que también marcó su diferencia con los partidos tradicionales».

Juntos, Alexandra Lugo, una mujer joven, empresaria, y Manuel Cidre, también empresario, obtuvieron más de 250 000 votos, es decir, más del 19 por ciento de los sufragios emitidos.

«Eso refleja que ellos lograron canalizar el disgusto que hay con el sistema actual entre los que fueron a votar, sin contar los abstencionistas.

«El bipartidismo, el sistema político y el modelo económico en Puerto Rico están sufriendo un desgaste debido a la imposición por Estados Unidos de instrumentos como la Junta de Control Fiscal, que está por encima del Gobierno de Puerto Rico, y por todas las medidas que se espera esta tome como resultado de la crisis económica —el gran problema que hereda Roselló—, y de la corrupción que hay en el país como resultado del patronazgo político».

«Hay un disgusto muy amplio con un sistema político tan deforme».

Por añadidura, por primera vez se elige un candidato independiente al Senado boricua: José Vargas Vidot, quien lo logró con 150 000 votos.

También dos candidatos a la legislatura lanzados por el Partido Independentista Puertorriqueño alcanzaron asientos, uno en la Cámara y el otro en el Senado, ambos con más de cien mil votos. Y fue reelecta a la alcaldía de la capital, San Juan, la candidata del Partido Popular, lo cual significa una derrota para el Partido Nuevo Progresista en un puesto tan importante.

«Esto crea un escenario político nuevo en Puerto Rico, y va más allá de la elección de un gobernador anexionista», recalcó.

DOS CAUSAS QUE UNEN

La lucha contra la denominada Junta de Control Fiscal y por la ex carcelación de Oscar López Rivera, quien por más de 35 años cumple prisión en cárceles norteamericanas, unen hoy a los puertorriqueños.

Existe una convergencia organizada de 200 agrupaciones independentistas y de los más diversos sectores populares y sociales que levantan sus voces contra la Junta: un mecanismo establecido por Washington mediante la ley federal conocida por las siglas Promesa (Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico) para fiscalizar que el Gobierno boricua pague la deuda de 69 000 millones de dólares que pesa sobre su economía, y que se contrajo como consecuencia, fundamentalmente, de un modelo económico que Olga considera en crisis y que, junto a factores internacionales, ha originado la fuga de inversiones.

«La Junta va a incidir en el presupuesto que se adopte. Y balancearlo va a implicar reducción de servicios, despido de trabajadores del sector público, aumento del costo de servicios básicos como la luz y el agua», advierte.

La JCF tiene la función de obligar a Puerto Rico a modificar su presupuesto, a hacer todo lo que sea necesario para pagar los adeudos. «¿Las consecuencias para los puertorriqueños? Aumento del desempleo, de los problemas sociales, incremento dramático de la emigración a EE. UU., que alcanza a más de 500 000 boricuas en los últimos años».

Mucho más añeja, la batalla por la liberación de Oscar López Rivera ha concitado un consenso general en la Isla que abarca a todos los sectores ideológicos. El Gobernador saliente fue a visitarlo a la cárcel en apoyo a su liberación, y hasta el electo Roselló levantó su voz en días recientes con similar reclamo.

«Esa es una causa del pueblo puertorriqueño», afirma Sanabria. «Y en torno a ella hay en el país un consenso sólido».

Catorce hojas llenas de firmas se han recogido hasta hoy en la más reciente campaña, para pedir al presidente Obama que en «la ventana» que le queda hasta el 20 de enero, cuando concluirá su mandato, ordene la ex carcelación de López Rivera.

El pedido ha llegado a importantes instancias internacionales como el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, que en la resolución emitida este año por 35ta. ocasión para demandar el derecho puertorriqueño a su autodeterminación, incluye la preocupación por el establecimiento de la Junta y pide que López Rivera sea liberado.

En igual sentido se pronunció la más reciente Cumbre del Movimiento No Alineado en Isla Margarita, Venezuela. La Comisión Permanente de Partidos Políticos de América Latina, reunida en República Dominicana, adoptó el mismo reclamo con respecto al único preso político puertorriqueño que queda en EE. UU.

A punto de que asuma Donald Trump y todavía con las interrogantes abiertas desde su elección, el saliente Barack Obama tiene un espacio para actuar en relación con López Rivera, considera Sanabria.

«Sería escandaloso que el presidente Obama no ex carcele a Oscar López Rivera antes de terminar su mandato. Él sabe del caso, y puede hacerlo».

Puerto Rico posee un Gobernador y un Congreso pero las decisiones importantes se imponen desde Washington, dada la condición eufemísticamente nombrada como Estado Libre Asociado, que se impuso desde 1952.

Sus ciudadanos votan el mismo día que en Estados Unidos para elegir Gobernador, alcaldes, y congresistas en la Isla así como su representante en Washington, pero no se les permite hacerlo por el Presidente —aunque este resulte el Jefe de Estado para Puerto Rico— ni por los legisladores al Capitolio en la capital estadounidense.

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