Conocidas las severas sentencias que el Tribunal Supremo Popular notificó al acusado Alejandro Miguel Gil Fernández –quien se desempeñara como vice primer ministro y ministro de Economía–, es evidente la magnitud de las implicaciones que resultaron de la conducta delictiva juzgada, y que debieron ser demostradas en los procesos penales mencionados.
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