Hay coincidencias simbólicas que no deben ignorarse. Hacerlo podría acarrear costos tremendos. El inicio de la actualización de la sociedad cubana coincide con el centenario de la muerte de Lázaro Peña, a quien la historia situó como el «Capitán de la clase obrera». Una bendición de líder, especie de relámpago político, que tuvo la osadía de conquistar la unidad de los trabajadores en las circunstancias de una república represiva y fragmentada.
Aquel hombre, que abrazó el ideal socialista, vivió el triunfo de la Revolución que, además de vindicar el sindicalismo, proclamó el ansia de convertir a Cuba en una República de trabajadores.
Esto último no es un simple enunciado. Desde el año 1976, cuando en abrumador referéndum se aprobó la Constitución nacional, esta refrendó en su capítulo primero, entre los fundamentos políticos, sociales y económicos, que el nuestro es un «Estado socialista de trabajadores, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos, como República unitaria y democrática, para el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana».
La Carta Magna cubana establece que el Estado realiza «la voluntad del pueblo trabajador». No por gusto Lázaro Peña se empeñó, cuando aún el socialismo era una búsqueda sin los fundamentos constitucionales de hoy, en educar a los obreros para asumir el desafío histórico de la protección de sus derechos y condiciones laborales. Pero sobre todo, en empoderarlos de lo que luego adquirió una forma jurídica superior: su nueva condición de «dueños» de los medios de producción y del producto de su trabajo en tiempos de Revolución.
«Si es suyo —sostenía Lázaro Peña— tiene el derecho a proponer, a derivar experiencias, a descubrir reservas, a aportar iniciativas, a vigilar porque marche bien».
El debate sobre el alcance y las características de la «dictadura del proletariado» en la etapa de transición al socialismo como la concibió Lenin, es tal vez de los que más contradicciones suscita y, como demuestran indagaciones, de los que mayor peso alcanzó en el derrumbe del llamado «socialismo real».
En aquellos modelos, revelan los estudios, la burocracia escamoteó la condición de dueños que correspondía a los trabajadores y condujo a lacerantes y extensivos procesos de enajenación. Se desvirtuaron así los fundamentos ya no solo del socialismo, sino incluso hasta del sindicalismo heredado del marco burgués.
Un tema tan especial no escapó a la reflexión aguda y visión futurista de Ernesto Che Guevara. En sus apuntes críticos a los manuales de economía política del socialismo, de reciente publicación, este llegó incluso a preguntarse la pertinencia de las organizaciones sindicales en las condiciones de un estado verdaderamente de trabajadores.
Lo cierto es que cuando el próximo 29 de mayo recordemos el centenario de Lázaro Peña, debemos hacerlo conscientes de que el destino del socialismo cubano se decide, entre otras esencias, en la superación de la visión «sindicalista» de algunos en el abordaje del tema de los trabajadores en la concepción política de nuestro Estado. Por letra y espíritu constitucional dejamos de ser contraparte, para convertirnos en parte, en artífices y experimentadores de la concepción y edificación de una nueva estructura de emancipación humana.
Cuba fue más sólida mientras más cerca se mantuvo de esos presupuestos. Cuando el mundo de ensoñaciones, devenidas decepciones, de Europa del Este y la URSS se vino abajo, la Revolución pudo sobreponerse al mayor golpe moral al socialismo, entre otras razones, porque convirtió al país en un enorme «parlamento obrero».
En aquellas difíciles circunstancias el Estado no impuso una voluntad extraña. Cumplió, como indica la Constitución, el mandato del pueblo trabajador expresado en aleccionadoras jornadas de consenso, en el ágora inmensa de la que debe brotar siempre, a borbotones, la voz electrizante y ronca de Lázaro Peña.
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