Ya aparecieron los «dueños» de los puertos de Santiago de Cuba y de La Habana, quienes a esta hora se frotan las manos porque piensan cobrar «su parte». También se tiró al ruedo un hipotético amo de un hotel de Cienfuegos, acariciándose las paticas, al estilo de las moscas.
Tal vez pronto salga a la palestra el expropietario del río Almendares posando frente al tribunal extranjero demandando una indemnización montañosa. ¿Entrará en acción también el antiguo «tenedor» de un algarrobo nacido en la carretera Bayamo-Manzanillo, el otrora dueño de un arrecife de nuestras costas o el expatrón del Pico Turquino?
Quien crea que está viviendo un absurdo irreal, despierte. Quien piense que la llamada «Ley para la libertad cubana y la solidaridad democrática» es algo etéreo, lejos de pellizcar su realidad, aterrice.
Búsquese el periódico El Nuevo Herald, de Miami, y encontrará en la edición del 2 de mayo que los susodichos «poseedores legales» de los puertos de Santiago y la capital cubana, Javier Bengochea y Mickael Behn, respectivamente, interpusieron demandas en el tribunal federal de tal ciudad norteamericana contra la compañía de cruceros Carnival por «traficar» con Cuba. Al final, sueñan cobrar una compensación equivalente «al triple del valor de esas propiedades en el mercado», según su ilustrísimo abogado, Robert Martínez.
Incluso, ese libelo utiliza un discurso lacrimógeno cuando señala: «En una conferencia de prensa frente al tribunal federal de Miami, Behn rompió a llorar al recordar cómo su abuelo, William C. Behn, presidente y principal accionista de Havana Docks, lo perdió todo en Cuba. “Él fue un patriota”, dijo entre lágrimas».
Aunque pueda dar risa, no se trata, a la sazón, de un cuento. Es la aplicación en la vida verdadera de un engendro jurídico que ha horrorizado hasta a los mejores socios del Águila.
Verdad que cuando apareció en 1996, con el Gobierno del entonces presidente Bill Clinton, muchos creyeron que hacía falta un baño de tornillos para ciertas cabezas. Que los inventores de ese fecal proyecto necesitaban sus correspondientes tuercas. Que aquel recinto del anuncio podía empezar a llamarse Casa Gris o Manicomio Nacional Especializado en Pataletas.
Desde ese año —a contrapelo de lo que algunos piensan o quieren olvidar— la también conocida como Ley Helms-Burton entró en vigor, pero esa administración y las sucesivas decidieron aplazar la aplicación del Título III, el mismo que otorga la potestad a Bengochea, al llorador Behn y a cualquier otro trasnochado de llevar a los tribunales estadounidenses a Gobiernos, empresas o entidades que «trafiquen» con propiedades nacionalizadas por el Estado cubano.
Claro, la irracionalidad va más allá de un enredo jurídico, porque en el caso quimérico de que terminaran todas las demandas, la Helms-Burton concibe la suspención del «embargo» solo cuando ocurra una «transición» y se compruebe la existencia de un Gobierno «democráticamente electo en el poder».
¿Por qué Donald Trump decidió aplicar ahora el polémico título? ¿Qué señal nos está dando? El desespero tiene la lengua larga, los pies cortos y el cerebro infértil. Así de simple. Por eso, si mañana naciera la Ley para cañonear a Cuba, con el propósito de hacer gravitar por la fuerza la fruta que nunca cayó, no deberíamos asustarnos, mucho menos temblar.
A riesgo de escribir una frase manida, tendremos que prepararnos para escenarios límites, sin desesperos ni pesimismos. Es la pura verdad. Ningún dueño de demencias, ningún supuesto expropietario de peñascos… logrará quitarnos las banderas y los sueños.
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