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Contrato sin trato

Demetrio Rodríguez Corrales escribe junto a otros moradores del edificio de viviendas de los trabajadores del Instituto Vocacional de Ciencias Exactas Vladimir I. Lenin, sito al pie de ese centro escolar, en Carretera El Globo, La Güinera, municipio capitalino de Arroyo Naranjo.

Cuentan ellos que esos apartamentos fueron erigidos junto a la escuela para entregarlos por necesidades de la misma, y en su mayoría residen allí desde 1973. Al crearse el Instituto Nacional de la Vivienda (INV), refieren, este dictó una Resolución declarando los apartamentos como viviendas vinculadas, y los ocupantes firmaron un contrato que establecía obligaciones de ambas partes.

Por ese concepto, los trabajadores residentes en los mismos debían permanecer prestando sus servicios al centro y pagar 240 mensualidades que vencían en noviembre de 2009. Para esa fecha, la entidad y el INV tendrían la obligación de tramitar la propiedad de las viviendas.

Cuando llegaron los residentes al final de sus obligaciones contractuales, unos meses antes de la fecha y sin su conocimiento, se registró lo que califican como una violación del contrato: el INV, a solicitud del Instituto Vocacional, convirtió todos los apartamentos en medios básicos.

Ya para entonces muchos moradores habían liquidado la totalidad de las mensualidades por concepto de vivienda vinculada. Y otros quedaron sin concluir el pago, cuando la entidad decidió suspender el cobro de las mensualidades restantes.

Demetrio y los otros seis firmantes de la carta han perdido la cuenta de las puertas que han tocado en distintas instituciones. A raíz de las nuevas disposiciones del país con respecto a los medios básicos y viviendas vinculadas, fueron al Ministerio de Educación, y este delegó el asunto internamente en sus departamentos de Inspección y Jurídico. Allí les orientaron dirigirse a la Dirección Provincial de Educación de La Habana.

Solicitaron infructuosamente una entrevista con la Directora provincial de Educación. Y transcurridos unos meses los recibió una funcionaria de esa instancia junto a la abogada que atiende ese centro docente. Al final quedaron sin respuesta, y con el argumento de que era una decisión de la Dirección Provincial de Vivienda, que ellos no tenían nada que ver con eso, que demandaran a Vivienda.

Fueron a la Dirección Provincial de la Vivienda, y allí los remitieron a la Dirección Provincial de Educación y a la escuela que es, según les dijeron, la que decide esos casos. Para colmo, recientemente en el departamento del Mined que atiende quejas de la población, les informaron que ellos tenían la orientación de no recibir reclamaciones que trataran asuntos de vivienda, pues eso era competencia del Gobierno. El 10 de mayo del presente año fueron a la Asamblea Provincial del Poder Popular. Y cuando me escribieron el 18 de julio, aún estaban sin respuesta.

Al final los firmantes cuestionan: «¿Cómo es posible que un documento suscrito entre dos partes pueda ser cambiado solo con el criterio de una de ellas? ¿Puede un organismo engañar a sus trabajadores impunemente, sin apego a la ley, y que nadie tome cartas en el asunto?».

Sin posgarantía

La doctora Marlyn Arce Núñez (Avenida 7 de Diciembre No. 19, entre Capitán Velazco y Nueva Gerona, Santa Clara) se compró un problema al adquirir una «cajita» decodificadora para la TV digital de alta definición, marca Gelect, por valor de 50 CUC.

Refiere que, con garantía comercial por seis meses, la «cajita» dejó de funcionar 46 días después de vencida la garantía, y la llevó al único taller en Santa Clara para ello, perteneciente a Copextel.

La sorpresa y el asombro fueron cuando la administradora le dijo que nunca han recibido partes y piezas para el servicio de posgarantía, y ni siquiera poseen el listado de las tarifas correspondientes. Solo reciben para cubrir las garantías, por lo cual le dieron un número de teléfono y le orientaron que llame periódicamente.

«¿He invertido 50 CUC para disfrutar solo siete meses y medio de la TV digital? ¿Se puede comprender que se comercialicen equipos sin el respaldo para su reparación, reconociéndose por los talleres que su calidad no es óptima?», pregunta Merlyn.

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