Acuse de recibo
Orlando Martínez Rodríguez (calle A y carretera a Casilda, entre Julio Cueva y Circunvalante, Trinidad, Sancti Spíritus) refiere que recientemente se informó por la televisión del esfuerzo que hace la fábrica cubana de hornillas eléctricas, que logró mediante una innovación arribar a la producción anual de 400 000 unidades.
Por el reportaje, añade, también supo que el precio de venta de un artículo tan necesario en los hogares como ese, no llega al centenar de pesos; y que el único cliente de dicha industria es Comercio Interior.
Y como también se comunicó que la actual demanda del país en ese orden es de 2 millones de unidades, Orlando alerta que tales hornillas brillan por su ausencia en las unidades de comercio minorista y, sin embargo, aparecen en el mercado informal al precio de 1500 pesos, y a veces a más.
«¿No sería más justo y organizado, sugiere, que las hornillas, al igual que se ha hecho con otros productos deficitarios, se distribuyan paulatinamente por provincias, municipios y tiendas a cada núcleo, hasta donde lo permitan los niveles de producción, y proseguir así la distribución en el tiempo hasta que se logren niveles que satisfagan la demanda?».
Así, señala, al menos cada núcleo familiar, cada cierto tiempo, tendría acceso a comprar una hornilla de manera organizada y al precio establecido. Y se cerraría una puerta más a los revendedores y especuladores, algo a lo que, más de una vez, ha llamado la dirección del país.
Fausto Lázaro Acosta Águila (Franco, No. 468, apto. 20, entre Santa Marta y Manglar, Centro Habana, La Habana) se presentó el pasado 27 de marzo en las oficinas comerciales del Gas Manufacturado de ese municipio, y solicitó entrevistarse con la Directora, ante la especialista de Atención al Cliente, quien le sugirió que volviera dentro de una semana, pues estaban sujetos a auditoría.
Ya el mes anterior, Fausto había ido allí y le explicó a un trabajador de esa entidad su inconformidad con el cobro mensual del servicio: 37,50 pesos, cuando la tarifa establecida para un núcleo de un consumidor como el suyo es de 25 pesos. Y ese trabajador, muy amablemente le tomó sus datos y le dijo: «Despreocúpese que el error se subsanará en el pago de marzo». Evidentemente, se había incumplido de nuevo.
Por eso, hablando con la compañera de Atención al Cliente el pasado 27 de marzo, reconoció al trabajador aquel y le dijo a ella que él era quien había tomado entonces su queja, pero el problema persistía. Fausto insistió en hablar con la Directora.
«¿Cómo es posible que no hayan subsanado el error en la base de datos?», dijo quien antes había recibido su queja. Y se personó una funcionaria que se identificó como la encargada de la base de datos. Fausto pidió hablar con la Directora. Y apareció la solución mágica: «Usted no pagará el mes que viene, ya se actualizó la base de datos».
Pero el cliente desea una explicación del porqué del error en dos ocasiones, cuando hubo la posibilidad de corregirlo la primera vez que él lo notificó. Y señala en su carta:
«Por qué imponer un pago ilícito al cliente cuando todos los documentos están correctos? ¿Qué reglamento aplicaron en mi caso, cuando en mis libretas de abastecimiento de 2020, 2021, 2022 y 2023 está registrado un solo consumidor? ¿Cuál es la mala intención de maltratar al ciudadano que abona el pago por el servicio estatal que recibe? ¿Adónde va el dinero extra que se cobra? Si por alguna casualidad es un mal trabajo, que lo dudo, la solución tiene que ser inmediatamente, tal como hicieron en la segunda ocasión».
Al final le dijeron a Fausto que en el mes siguiente no tendría que pagar. Y si esa es la solución del caso, dice él, desea que le hagan saber por escrito y con el comprobante correspondiente al mes en que no está obligado a pagar. Pero insiste en entrevistarse con la Directora.
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