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Multas. Autor: Adán Iglesias Publicado: 21/09/2017 | 05:50 pm
Aunque parezca increíble, muchísimas multas se desvanecen sin que los infractores suenen la contadora. Así se plasma un acto de impunidad increíble, que desacredita a las instituciones encargadas de proteger y exigir por la legalidad.
Vayamos por pasos. Exactamente, esta situación tiene que ver con los plazos en que los transgresores han de abonar la sanción y su reiterado incumplimiento.
La cifra descubre la magnitud del fenómeno: en Villa Clara existen 227 multas por un valor de más de 34 000 pesos dejados de abonar desde el pasado año y hasta abril último. ¿Causas? El vencimiento del término de un año para saldarlas.
El origen tiene disímiles respuestas. En primer lugar, es excepción que el transgresor pague en el acto, aunque sean 20 pesos. Entonces, a partir de ahí entra en acción la Oficina de Control y Cobro de Multas.
Esta última tiene un plazo de 60 días para exigir a los morosos —que resultan muchísimos— saldar la deuda, pero no siempre lo logran, a pesar del buen desempeño de los gestores, quienes recaudan casi el 50 por ciento de las sanciones monetarias impuestas.
Vencido el tiempo inicial, automáticamente duplican la cuantía del importe, como penalización adicional, y comienza una enrevesada gestión en la que están implicados las empresas y hasta los órganos que imparten justicia.
El agobiante trámite, agravado porque a una gran mayoría de infractores se les vence el plazo sin sufragar, pone en tensión a las oficinas encargadas de cobrar.
Valga un solo ejemplo: en esta provincia, pendientes de pago hay más de 11 000 multas, y fuera ya del plazo para hacerlo, cerca de 5 000 hasta abril de este año.
A las Oficinas de Control y Cobro… les corresponde preparar los expedientes de denuncia al Tribunal sobre el impago de las contravenciones, precisar si el transgresor carece de vínculo laboral y, si lo tiene, solicitar un descuento salarial mensual a la dirección de su centro laboral.
Pero en ocasiones tampoco cuentan con los datos precisos, como lo confirma el hecho de que en la actualidad hay 234 infractores cuya dirección exacta se desconoce, revela Yenilesdy Díaz, supervisora provincial de la Dirección de Finanzas y Precios en Villa Clara.
¿Por qué ocurre? A veces los inspectores no piden el carné de identidad e, incluso, los infractores ofrecen datos falsos y hasta alegan no portar el documento. A ello se suman imprecisiones en las direcciones cuando la multa se impone a la persona fuera de la localidad donde reside.
En verdad, los impagos pululan pese a ciertas facilidades existentes para saldar las cuentas: en el caso de los trabajadores, descuento mensual de acuerdo con el salario, y si no fuera empleado estatal puede acogerse a un convenio para abonar una cuantía cada mes.
A estas alturas, ¿cómo es posible que haya empresas que violen olímpicamente lo establecido por ley y se nieguen a aplicar el descuento a los infractores? ¿O que existan inspectores que copian mal los datos de los carnés de identidad o se dejen enmarañar por los transgresores?
Estos desatinos hacen menos expeditos el camino para el cobro y, más preocupante todavía, le abre vías a la impunidad.
