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Artemisa sobresale como la mayor productora de viandas del país. Autor: Abel Ernesto/AIN Publicado: 21/09/2017 | 05:53 pm
Desde que se aprobó la Política de comercialización de productos agropecuarios y entrara en vigor, hace poco más de un mes, se advirtió que esta por sí sola no resolvería los problemas que impiden el incremento de la producción, pero sí propiciaría incentivos en los productores y comercializadores para incrementar los niveles de producción de alimentos.
A menos de dos meses de su implantación, el ministro de la Agricultura, Ydael Pérez Brito, en conferencia de prensa ofrecida en la sede de su Ministerio, explicó que la Política de comercialización habrá que conducirla con inteligencia y flexibilidad; y sin dejar de monitorear su desarrollo en aras de que el objetivo con que se concibió no se desvirtúe.
Por eso insistió en ser respetuosos con lo recogido en esta Política, que entre sus fortalezas cuenta el haberse concebido teniendo en cuenta las opiniones de los productores y la población en general. Advirtió que se trata de flexibilizar y quitar trabas para comercializar de modo mayorista y minorita, de evitar que los productos no se echen a perder en el campo, pero también de respetar los contratos establecidos con todos los actores que intervienen en la cadena comercializadora.
Para que la Política de comercialización, que cuenta con 31 principios nuevos, pueda concretarse, y de manera general la producción de alimentos alcance los niveles demandados, un conjunto de normas jurídicas la refuerzan, entre estas la Resolución 320 del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), la cual fue emitida recientemente, y se publicó en la Gaceta Oficial No. 68 Extraordinaria, del 30 de julio de 2021.
En la rueda de prensa, la ministra de Finanzas y Precios, Meissi Bolaños Weiss, explicó que, previamente, la Resolución 18 de su organismo, del 15 de febrero de 2021, estableció que, para las concertaciones de acuerdos de precios con las formas de gestión no estatal, se toman en cuenta los precios máximos que se establecen por los consejos provinciales y los de la administración municipales, según corresponda, los cuales no pueden exceder dos veces en los productos agropecuarios.
Aclaró que con la norma reciente queda improcedente dicho límite, con el objetivo de favorecer la puesta en marcha de la política de comercialización, y respetar los gastos de los productores, que ahora por la conjugación de factores adversos, sobre todo por los efectos del bloqueo, tienen que producir sin contar con apenas recursos y tener que pagar altos precios por la fuerza de trabajo y demás servicios propios de su actividad.
Bolaños Weiss aclaró que dicha Resolución anula lo dispuesto para los precios máximos de acopio y mayoristas de los productos agropecuarios con destino al consumo social, dietas médicas y Sistema de Atención a la Familia (malanga xanthosoma y colocasia, plátano vianda, burro y fruta, y boniato).
Apuntó que crea condiciones para una mejor concertación de precios entre los productores y las instituciones que conforman el consumo social. También para la comercialización en el mercado minorista, pues reconoce los actuales costos a partir de las limitaciones económicas del país por el recrudecimiento del bloqueo, los efectos de la COVID-19 y la crisis económica global.
Enfatizó en que se mantendrán vigentes los precios minoristas centralizados de productos agropecuarios que se expenden para las dietas médicas, los precios por los servicios del Sistema de Atención a la Familia y los comedores obreros, en aras de proteger a las personas que acceden a estos lugares.
Autoridad que define
Tanto los titulares del Minag como del MFP, y la directora de Comercialización del Ministerio de la Agricultura, Yisel González Marrero, responsabilizaron a los comités de contratación y precios de los municipios y las provincias como los órganos que organizan la comercialización en las localidades.
Estas estructuras deben conformar los precios de acuerdo con las condiciones y caracteristicas territoriales. En sus manos están los balances y la concertación entre todos los factores.
«Concertar no es topar. Es ponerse de acuerdo para fijar precios con criterios justos y que estimulen la producción», aclaró el Ministro de la Agricultura, quien reiteró que estas estructuras deben conformarse por productores, comercializadores, representantes de la comunidad y centros de relevancia económica y social de las localidades.
Dijo, también, que un Comité de contratación no tiene por qué ser igual a otro, ni esgrimir los mismos precios, pues se trata de que la comercialización se parezca a la localidad donde transcurre el proceso productivo y comercializador.
Sobre la transformación de la imagen y la ampliación de las prestaciones que ofertan los mercados agropecuarios, González Marrero, apuntó que se está trabajando para lograr una cultura en la que las buenas prácticas estén en proporción directa con una imagen agradable. Enfatizó en que no es solo fachada. Es respeto al consumidor en todo momento.
También se refirió a nuevas modalidades de pago que se pondrán en práctica en esas plazas comerciales, entre estas la electrónica, con la cual se podrá eliminar el sambenito de las cuentas por pagar que por mucho tiempo ha flagelado la comercialización en el sector.
