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Secuelas laborales del cierre

Como esta pandemia impone aislamientos prolongados y la dificultad de hacer trámites y gestiones presenciales, urge reconsiderar y validar las vías digitales y virtuales, para que no se registren historias tan lamentables como la de la joven meteoróloga Grethel Lázara Sieiro Miranda, quien labora en el Instituto de Investigaciones de la Caña de Azúcar (Inica), en La Habana.

Grethel, quien reside en Valle No. 11, apto. 710, entre Espada y Hospital, en el municipio capitalino de Centro Habana, viajó por asuntos personales el 26 de marzo de 2020 a la casa de su mamá, en Edificio 2, apto. 23, en el reparto Armando Mestre, en Trinidad, Sancti Spíritus. Y estando allí, se produjo el cierre del transporte interprovincial desde y hacia La Habana.

Ante la imposibilidad de regresar a la capital, ella se comunicó con el Director general de su centro, quien estuvo de acuerdo en que comenzara a trabajar a distancia, percibiendo su salario.

Y en agosto, a raíz del mejoramiento de las condiciones epidemiológicas en el país a excepción de la capital, se restableció el transporte por ómnibus interprovinciales. Grethel solicitó permiso para viajar a Santiago de Cuba desde Trinidad, y así concluir su tesis de Maestría en la Estación Territorial de Investigaciones de la Caña de Azúcar Oriente sur, anexa al Inica, en el municipio de Palma Soriano.

Allí permaneció trabajando cuatro meses, pues al concluir la tesis, y ante las dificultades para trasladarse hacia La Habana, se le encomendaron tareas desde el Inica. A fines de diciembre regresó a Trinidad, para retornar a la capital a inicios de 2021.

Durante todo ese período ya mencionado, Grethel solicitó en repetidas ocasiones a la Dirección de Capital Humano del Inica que le fuera enviado por vías digitales un anexo a su contrato laboral para el trabajo a distancia, que debía firmar, el cual nunca recibió.

El 7 de enero de 2021 se produjo de nuevo el cierre del transporte interprovincial. Grethel se comunicó con el Director general del Inica, y le planteó lo sucedido. Y este le explicó que se reunirían para analizar su situación.

Ella le manifestó que, además de no contar con transporte, como estaba embarazada, por recomendación médica debía guardar reposo ante una gestación de alto riesgo. Insistió en continuar su labor en teletrabajo. Realizó su plan de labores y ejecutó todas las tareas planificadas y encomendadas, según refiere.

A fines de enero, y al revisar su tarjeta magnética de cobro, no había depositado salario alguno. Entonces inició un proceso de reclamación al Órgano de Justicia Laboral de Base (OJLB), el que declaró Sin Lugar su demanda, por ausencia al trabajo, y alegando que no había firmado la tarjeta laboral ni el anexo del contrato de trabajo a distancia, el cual ella había solicitado en varias ocasiones y nunca le fue enviado.

En febrero Grethel continuó varada en Trinidad, pero trabajando del mismo modo, y tampoco percibió salario. Y con el impedimento de transportarse hacia la capital, por las razones ya mencionadas, no pudo establecer reclamación alguna al Tribunal Municipal del territorio donde se encuentra su centro laboral.

«¿Cómo firmar un contrato y un anexo ante la imposibilidad de viajar a la capital con un embarazo de alto riesgo obstétrico?, pregunta. ¿Cómo defender mis derechos ante un tribunal si existe el mismo impedimento? Ante el ordenamiento monetario y las necesidades propias de mi embarazo y mi futura familia, me siento desamparada. Se me ha negado la retribución por mi trabajo y el desempeño de este a distancia, como aporte al país», concluye Grethel, aún desde la casa de su madre, en Trinidad.

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