Acuse de recibo
El pasado 1ro. de septiembre, el joven Jorge Enrique Díaz García (Avenida 18, No. 1505, entre 15 y 17, Jovellanos, Matanzas) apoyaba de mensajero a su suegra, trabajadora por cuenta propia (TCP) en cafetería. Y un inspector de la Dirección Integral de Supervisión y Control (DISC) le pidió su licencia de TCP. Él dijo que no la poseía, solo prestaba servicio a su suegra, pues no tenía trabajo ni había ofertas de empleo en Jovellanos por la COVID-19. Y el inspector le impuso una multa de 2 500 pesos.
Explica que, licenciado del servicio militar general el 31 de diciembre de 2020, desde entonces buscaba ubicación laboral en la Dirección Municipal de Trabajo, y le respondían que por la pandemia no había ofertas en el territorio. Aun así, preguntaba por la opción del trabajo por cuenta propia, y le decían que tampoco se estaban otorgando nuevas licencias.
«El apoyo que le daba a mi suegra, dice, era una ayuda a mi desesperada situación económica más que una opción de empleo. Los ingresos obtenidos solo daban para subsistir. Tengo entendido que un yerno (primer grado de afinidad, en específico mi caso) no tiene que tramitar licencia para prestarle apoyo a la actividad de su suegra; por lo que entiendo que no violé absolutamente nada».
Esas razones las esgrimió en la reclamación que hizo a la jefa del grupo municipal de inspectores. En el momento que entregó el documento con la reclación estaba presente el inspector que lo multó, quien lo criticó, pues a su entender debía haber sido más severo con él. Y le comunicaron que poseían diez días para darle respuesta.
A los 12 días, y sin respuesta, fue a la oficina de inspección para reclamar. No estaba la jefa del grupo y la funcionaria que lo atendió le informó que estaban algo atrasados por la situación de la COVID-19.
«Para ponerme la multa no importa la situación de la pandemia, pero para darme respuesta sí; considero que no violé nada, pero ustedes sí están violando el término de respuesta de una ley», replicó Juan Enrique. La funcionaria no dijo nada y él se fue.
Pocos días después supo que en la Dirección de Trabajo había una convocatoria para laborar en la construcción, y de inmediato solicitó empleo.
«Hoy felizmente estoy trabajando; pero de respuesta de la oficina de los inspectores nada de nada. Mi madre también se dirigió a los pocos días a realizar similar gestión y la respuesta fue la misma. El 30 de octubre, a las 9:50 a.m. llamé por teléfono para reclamar la respuesta, pues ha transcurrido más de un mes. Y quien me atendió se negó a identificarse y me colgó el teléfono.
«No se puede exigir moral en calzoncillos, dice. La oficina de inspectores integrales de este municipio deja mucho que desear. Más que la respuesta y solución de mi caso amerita combatir con energía esta deplorable actitud. La ley debe ser de obligatorio cumplimiento para todos.
«Y llevar el asunto ante los tribunales implicaría incurrir en gastos superiores y un desenlace incierto. ¿Qué alternativas tengo? ¿Dejar el hecho impune? No creo que sea una opción y, por tanto, pongo el asunto en sus manos, en espera de que puedan restablecerse la legalidad y el respeto a la ciudadanía.
«Mientras no se le dé el tratamiento a la desatención de la ciudadanía como hecho contrario a la ley —entiéndase delito y se penalice como tal—, seguirán siendo las páginas especializadas en denuncias de los periódicos “el muro de los lamentos”, que no logra resultados de concientización en este gran problema de nuestra sociedad, el que atenta contra la credibilidad de esta», concluye.
Y este redactor recuerda que el Decreto Ley 44 del Consejo de Estado, Sobre el ejercicio del trabajo por cuenta propia, que sustituyó la legislación antecesora al respecto, reconoce que el cónyuge y los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad (padres, hijos, hermanos, nietos y abuelos), y primero de afinidad (suegros, nueras y yernos) que participen en el proyecto de trabajo del trabajador por cuenta propia, no tienen la obligación de inscribirse como trabajadores contratados.
La ironía es que el Decreto Ley 44 entró en vigor cinco días después de la aplicación de la multa a Jorge Enrique. Y cuando me escribió, aún no tenía siquiera una respuesta.
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