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Estados Unidos impone nuevas sanciones a entidades y altos cargos cubanos

El Departamento de Estado de EE.UU. designó a cinco empresas y ocho funcionarios del gobierno cubano, acusados de facilitar la importación y modernización de armamento proveniente de Rusia y China

Autor:

Juventud Rebelde

El gobierno de Estados Unidos anunció un nuevo paquete de sanciones dirigido contra cinco entidades cubanas y ocho altos funcionarios vinculados al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) y al aparato de seguridad, bajo la acusación de participar en la supuesta compra, importación, mantenimiento y modernización de equipos militares con apoyo de Rusia y China.

La medida, instrumentada a través de la Orden Ejecutiva 14404 del presidente Donald Trump, fue presentada por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien señaló que los sancionados habrían facilitado la entrada a Cuba de material bélico y tecnología de defensa, fortaleciendo así la cooperación militar con esos países.

Las empresas designadas por el Departamento de Estado son:

-Tecnoimport, señalada por haber importado equipos militares para el MINFAR

-Duna S.A., acusada de participar en la recepción en Cuba de material militar procedente de China y Rusia

-Unión de Industria Militar, responsable de la producción, reparación y modernización de armamento de las Fuerzas Armadas cubanas

-Empresa Militar Industrial Yuri Gagarin, dedicada al mantenimiento de helicópteros y aviones militares de fabricación rusa

-Tecnotex, también subsidiaria de GAESA, vinculada a los sectores de defensa y seguridad, reparación de helicópteros rusos y anteriores relaciones de

Entre los ocho altos cargos sancionados figuran: el ministro de las Fuerzas Armadas, Álvaro López Miera, y el jefe del Estado Mayor General, Roberto Legrá Sotolongo, Roberto Jesús Viciana Mousset, Heriberto Sánchez Alleyne, José Antonio Remón Rodríguez, Óscar Enrique Biosca Gallego, así como Mónica Milián Gómez, agregada militar en Rusia y Waldo Pérez Cortés, agregado militar en China.

Las designaciones implican el congelamiento de cualquier propiedad o interés financiero de los designados bajo jurisdicción estadounidense, y prohíben a personas y empresas de EE.UU. realizar transacciones con ellos.

Asimismo, Washington advirtió que bancos y compañías extranjeras que mantengan negocios con los designados podrían quedar expuestos a medidas similares.

 

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