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Aumentan las movilizaciones contra el golpe de Estado en Bolivia

Los bolivianos se movilizan hacia La Paz para exigir la renuncia de la autoproclamada presidenta, Marchas pacificas también en Cochabamba y bloqueos en Oruro, Potosí y Santa Cruz. Controles militares y detenciones en diversas ciudades. «Ministra de Comunicaciones golpista a la caza de periodistas de la «guerrilla digital»

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Redacción Internacional

Miles de indígenas bolivianos se mantienen movilizados para rechazar el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales, y exigen la renuncia de la senadora Jeanine Añez, quien se autoproclamó presidenta del país y hasta ya nombró «Ministros», mientras los partidos derrotados en las elecciones del pasado 20 de octubre se afilan las uñas para unas elecciones donde exigen que no pueden ser candidatos ni Evo Morales, ni el vicepresidente García Linera.

Pero en las calles es otra la visión. Una enorme multitud avanzó nuevamente desde El Alto hasta La Paz este jueves para presentar un conjunto de demandas que exigen la restauración de la institucionalidad en Bolivia, denuncian el nombramiento del gabinete de facto y el racismo con el que actúa la oposición golpista contra los indígenas, dijo Telesur.

Igualmente de manera pacífica eran miles los que marcharon en Cochabamba, publicaban en las redes sociales, y en ambas era notable la participación de mujeres de pollera, quienes desde el inicio del golpe de Estado han sido agredidas y humilladas.

La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz están incomunicados por unos 47 puntos de bloqueo por parte de quienes exigen la restitución de Evo como presidente del país.

Amordazar y reprimir a periodistas

Entre las consignas coreadas por miles de bolivianos en las protestas contra el Golpe de Estado destaca: «Donde está la prensa, la prensa está vendida», reflejando que precisamente sus manifestaciones han sido acalladas por los medios privados e incluso prensa internacional, como también omiten informar de la represión, de las agresiones contra militantes del MAS y funcionarios y dirigentes del gobierno de Evo Morales.

Este jueves, la posesionada como «ministra» de Comunicación, Roxana Lizárraga, advirtió con procesos a periodistas que —dijo— «alienten la sedición» con el objetivo de convulsionar el país y desestabilizar el gobierno de Jeanine Añez. Además, en su amenaza afirmó que ya se tienen identificados a esos periodistas y que están en proceso de despido los que denomino «guerreros digitales», y anunció que el Ministerio de Gobierno «va a tomar las acciones pertinentes en todos esto». Sin embargo, aseguró Lizárraga que la prensa «tiene todas las garantías para trabajar»

«Aquellos periodistas o seudo periodistas que estén haciendo sedición, se va a actuar conforme a la ley, porque lo que hacen algunos periodistas, que son en algunos casos bolivianos o extranjeros que están causado sedición en nuestro país, tienen que responder a la Ley boliviana», señaló, al tiempo que acuso a las embajadas de Cuba y de Venezuela de la «convulsion social».

Represión con nuevos mandos policiacos

Mientras los sectores populares y seguidores del Movimiento al Socialismo (MAS) exigen la renuncia de la autoproclamada presidenta, la Añez — a quien en Twitter se le compara con el autoproclamado de Venezuela, Juan Guaidó, y ambos intercambiaron «reconocimiento» este jueves—, la usurpadora anunció que su principal compromiso es garantizar convocatoria a elecciones y buscará «los mecanismos que sean necesarios».

También en la jornada posesionó al coronel Rodolfo Antonio Montero Torricos, como nuevo Comandante General de la Policia Boliviana, el cuerpo amotinado que dio la arrancada al golpe, permitió que grupos de choque de la oposición agredieran a gobernadores, alcaldes y otras autoridades del MAS, amenazaran sus vidas y las de la familia y quemaran sus viviendas, y en la actualidad reprime las manifestaciones, y realiza detenciones.

Un Twitter del periódico boliviano La Razón digital, reportó este jueves que el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, Miguel Mercado, reveló que el DACI ha solicitado al Comando General que requiera, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, apoyo a la Policía de Colombia «que cuenta con expertos en lucha antiguerrilla».

Esa posible colaboración policiaca entre la Bolivia bajo la férula del golpe y sus similares colombianos no es de sorprender.

Los periodistas estadounidenses Max Blumenthal y Ben Norton, en un extenso artículo publicado en TheGrayZone.com sobre Luis Fernando Camacho, el multimillonario de extrema derecha perteneciente a los movimientos fascistas de la región de Santa Cruz y líder del golpe, han revelado que este tenía el apoyo de Colombia, Brasil y la oposición venezolana.

En mayo, el «Macho Camacho», como le gusta ser nombrado, se reunió con el presidente de Colombia Iván Duque, también con el canciller de Bolsonaro y, por supuesto, reconoció a Juan Guaidó.

Al mismo tiempo, el nominado ministro de Gobierno de la usurpacion, Arturo Murillo, dice que aplicarán la mayor rigurosidad contra un supuesto miembro de las FARC que fue encontrado en Bolivia y que deberán intensificar la lucha contra el narcotráfico, imponiendo líneas para denigrar al gobierno del MÁS.

Entre las informaciones que han estado dando los nuevos «funcionarios» destaca la del jefe del DACI, coronel Pablo Blanco, sobre la aprehensión de cinco personas, una de ellas de nacionalidad colombiana, que dicen se encontraban con explosivos en inmediaciones de la planta de gas de YPBF donde presuntamente pretendían realizar una explosión, y que contaban con los códigos de ingreso a la planta.

También hubo detenciones en Sacaba, Cochabamba, sin conocerse cifra, pero acusados de portar dinero y explosivos.  Los controles de efectivos militares a las personas que entran, salen o transitan en esa ciudad y en Huayllani son expuestos en las redes sociales. Y en Santa Cruz enviaron a detención preventiva al exalcalde del municipio de Warnes, Mario Cronembol, por la presunta comisión de los delitos de tenencia y portación ilícita de armas, enriquecimiento ilícito y tráfico de armas.

La Razón Digital cita un reporte policial donde se afirma que en Cochabamba, «ante el arribo de cocaleros del Chapare a la ciudad», fue desplazado «un operativo policial-militar que arrestó a 141 personas e incautó dinero, además de artefactos explosivos caseros, palos y otros objetos para enfrentar a los uniformados con el fin de  causar disturbios».

Al mismo tiempo, prosiguen las acciones vandálicas y de intimidación contra indígenas y dirigentes sociales, entre otros el dirigente de CSUTCB, Nelson Condori, quien enunciaba la quema de su casa.

La asambleista departamental de Bacadíes, Beni, Claribel Sandoval denunció que opositores los han amenazado con quemarlos vivos con la mirada cómplice y pasiva de cuerpos de la fuerza pública, y exigían garantías para su labor. En la noche del miércoles, los miembros electos de la Asamblea Legislativa de Beni estuvieron en vigilia porque ultra derechistas, aliados a Jeanine Añez, amenazaron con asesinarlos por haber electo a un nuevo gobernador ante la renuncia de su predecesor.

A cuatro días de la renuncia forzada de Evo Morales —para evitar  derramamiento de sangre y una lucha fratricida—, 14 abogados internacionales, entre ellos el exjuez español Baltasar Garzón, han solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para los exministros Héctor Arce, Javier Zavaleta y César Navarro, por considerar que su vida está en riesgo; y también para los ex integrantes del Tribunal Supremo Electoral, Maria Eugenia Choque y Antonio Costas, quienes consideran que fueron detenidos ilegalmente.

«Se solicitan medidas cautelares destinadas a proteger la integridad física, la vida, y la libertad física contra las detenciones que no provengan de órdenes de jueces independientes, designados según las reglas constitucionales y previa presentación de cargos con garantías de debido proceso a fin de evitar detenciones masivas o individuales arbitrarias», señala parte del documento presentado por los juristas. 

El miércoles, Garzón informó que ya había activado ante la misma CIDH y la Organización de Estados Americanos (OEA) una petición que le permita a Evo Morales concurrir como candidato en las próximas elecciones en Bolivia, precautelando el derecho de sufragio pasivo.

Senadores y diputados

Entretanto, en la búsqueda de la estabilización del país y su institucionalización. En la noche del miércoles lograron reunirse los diputados en la Cámara Baja, y fue elegido por la bancada del MAS, con amplia mayoría en ese cuerpo legislativo, como su presidente Sergio Choque.

El Senado del Estado Plurinacional de Bolivia también logró reunirse y elegir directiva, y como presidenta fue electa Mónica Eva Copa Murga, representante del MÁS.

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