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Uno de los muchos reclamos que publica Hijos y Madres del Silencio en su perfil de Facebook. Autor: Tomado de Internet Publicado: 22/01/2022 | 08:41 pm
El sufrimiento está latente aunque los hechos ocurrieron hace más de 30 años, porque no han existido políticas oficiales que hagan valer la verdad. No se ha restaurado la identidad de la mayoría de los niños robados y sus madres permanecen en el limbo aterrador del no saber.
Para muchas de esas mujeres chilenas y sus familias, los acontecimientos tienen una dura actualidad.
Apenas el 5 de enero pasado, Alejandra Donoso confiaba su historia mediante un comentario al pie de un reportaje web.
«Yo también fui víctima, tenía 16 años (…) Ayúdenme…»
Su historia es la de miles de chilenas, casi adolescentes y mayormente pobres, despojadas de sus hijos bajo engaño o intimidación durante la dictadura de Augusto Pinochet.
O bien les decían en el hospital que el niño había nacido muerto, o bien ellas llevaban al pequeño a inyectar, les pedían dejarlo en la consulta, y no se los devolvían. También les hacían firmar papeles que no entendían porque no sabían leer ni escribir, para autorizar la dejación de su hijo.
Alejandra fue internada en un hogar patrocinado por monjas en Santiago, en abril de 1975. De allí, «se llevaron a muchos niños». Su hijo nació el 21 de octubre en una clínica adonde la trasladaron.
Ella no ha cesado en su búsqueda. «El año pasado llamé al hogar y me dijeron ke habían estado dos personas ke venían de Suecia a conocer su origen, por los datos ke di coincidían en la edad ke tienen. Pedí si podían buscar en los archivos y me dijeron ke era complicado en esos momentos porque están guardados en el cuarto ke tienen todos archivados de esa época. Son varios niños ke en el tiempo ke estuve se dieron en adopción. Vayan, indaguen, (en) ese hogar de Amengual 420 tienen guardada toda la información».
Menos ruidoso que crímenes tan viles y sonados como el confinamiento y asesinato de cientos de chilenos en el Estadio Nacional, con-
vertido en campo de concentración
del golpe en 1973, y menos sangrienta que la tortura o el asesinato, la apropiación ilegal de bebitos en Chile fue tan cruel como la desaparición forzada, y se ejecutó en el mismo tenebroso silencio, con el hipócrita argumento de que se buscaba un destino mejor para los pequeños.
Mientras en Argentina el reclamo de las Abuelas de Plaza de Mayo en busca de sus nietos robados escandalizaba a la opinión pública hacía años, dentro y fuera del país, similares sucesos en Chile permanecieron fuera de los ojos y oídos de la gente, la prensa y la justicia hasta 2014 cuando se dio a conocer, el primer caso.
Aun después de la aparición de organizaciones sociales que las respaldaron e hicieron que fueran escuchadas en los tribunales, las madres chilenas que reclamaban a sus hijos resultaron tildadas de locas por una oficialidad que no quería escudriñar el pasado.
En Chile, el terror ha buscado que la gente quiera olvidar. Sin embargo, muchos de aquellos niños adoptados en hogares extranjeros son quienes dudan de su identidad, y vuelven en los últimos años en busca de ella.
Verdad bajo llave
La imposibilidad de Alejandra de obtener «los datos» acerca de adultos llegados del extranjero que procuraban a su madre en el Hogar donde ella misma fue recluida hace 47 años demuestra la existencia de elementos que luchan todavía por mantener guardados bajo siete llaves los secretos de tanto secuestro.
Según informes de prensa, la Corte de Apelaciones de Chile, donde se procesan 700 de estos casos, ha registrado que al menos 8 000 niños fueron apropiados ilegalmente entre 1973 y 1990. Se efectuaron unas 20 000 adopciones de menores por familias extranjeras. No hay motivos para pensar que los 12 000 restantes hayan sido llevados a otros países y hogares, con un consentimiento real.
Precisamente, la organización Hijos y Madres del Silencio (HMS), fundada en 2014, tiene en sus archivos 12 000 casos, ha ayudado al rencuentro con sus familias biológicas de 250 menores.
La causa está en manos del juez Jaime Balmaceda pero todavía no se ha presentado alguna acusación, lo que no resulta raro en un país donde sacar a la luz los crímenes de la dictadura y castigarlos ha resultado difícil, en virtud del silencio impuesto por el miedo a que condujeron los alevosos y sofisticados crímenes del terrorismo de Estado, y los evidentes pactos asumidos por los implicados.
«Salvadores»
A diferencia de Argentina, donde el secuestro, la tortura y el asesinato de jóvenes embarazadas sospechosas de
«subversivas» y obligadas a parir confinadas, desembocó en la apropiación de 400 bebitos nacidos en cautiverio entre 1976 y 1980; en Chile los pequeños fueron apropiados después de un nacimiento «normal», en muchos casos fueron anotados en el registro y se dejó vivas a las madres, pues su «culpa» no era pensar diferente, sino su marginalidad.
Según afirman algunas investigaciones, el propósito «escondido» del pinochetismo era lavar su imagen de cara al exterior, al aparentar preocupación por niños de familias desfavorecidas y darlos en adopción.
En opinión de investigadores de la Universidad Austral de Chile que profundizaron en el asunto en 2018, se trató de una actitud supuestamente «salvacionista» derivada del supuesto de «la necesidad» del golpe contra Salvador Allende para «salvar» al país del
marxismo, «unido a un enfoque ideológico marcado por el odio de clase, que ve en las familias pobres sujetos no aptos para desarrollar la protección de los menores».
Conociendo el cariz fascista de la dictadura pinochetista, no debe sorprender que el propósito fuera «limpiar» al país de pobreza, mientras el modelo neoliberal impuesto por esa misma dictadura, fabricaba más y más.
Un reportaje de septiembre pasado publicado por eldiario.es da cuenta de la implicación en los hechos de personal de salud de la época, jueces, autoridades migratorias, notarios y personal ligado a la Iglesia, según las declaraciones del subprefecto Roberto Gaete, quien dirige la Brigada Investigadora de Delitos Contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI).
«Una asistenta social emitía un informe asegurando que la madre había abandonado al bebé o que no tenía las condiciones para cuidarlo y que era apto para ser adoptado. El documento se presentaba ante un tribunal de menores ―con el que había un acuerdo previo― y lo entregaba a una familia "como medida de protección que muchas veces no era una adopción como tal, sino una autorización para sacarlo del país"», narra la publicación.
Las madres poseían el mismo perfil: muy jóvenes y hasta menores de edad, altamente vulnerables e impedidas de hacer alguna gestión «por desconocimiento, ignorancia o porque estaban solas», explicó Gaete.
Otros entrevistados aseguraron que también hubo un fin de lucro, pues se cobraban cifras altas a las familias receptoras, también presas del engaño.
El deber del estado
Aunque alguna madre ha expresado su confianza en hallar a su descendencia porque «los milagros existen», es posible que en lo adelante pueda confiarse más en el sistema judicial, y en una labor que debe ser reforzada por el compromiso con los derechos humanos expresado por el presidente electo, Gabriel Boric.
Hace apenas unos días, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, y otros titulares de Derechos Humanos y del Servicio Médico Legal, informaron acerca de la implementación de un plan piloto y una metodología que agilice los rencuentros, en los procesos judiciales en marcha.
Según Larraín, al Banco de Huellas Genéticas ya creado se suman ahora los contactos con un banco mundial de ADN, dado que muchos niños fueron llevados al extranjero. Se dará acompañamiento a los afectados desde el punto de vista informático y las gestiones serán gratuitas.
Para ello se utilizarán investigaciones previas realizadas durante los últimos siete años por organizaciones como Nos buscamos, similar a Hijos y Madres…, la trazabilidad de antecedentes de las víctimas e información de georreferencia, en coordinación con los tribunales, publicó el diario local La Tercera.
«Más que estar en una disputa, en un conflicto, lo que nos interesa es que las mamás encuentren a sus hijos que le fueron arrebatados», dijo el Ministro, eludiendo quizá que el deber de hacer justicia se entienda por la derecha como un hecho político.
Y reconoció: «(…) es muy doloroso y en eso el Estado tiene una deuda inmensa».
