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la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Autor: EFE Publicado: 10/09/2025 | 06:58 pm
BRASILIA, septiembre 10.— En medio de la ofensiva de cañoneras retomada por Estados Unidos con su despliegue militar en el Caribe —incluidas las falsas acusaciones contra Venezuela y la denunciada renovación de su presencia militar en Puerto Rico— Washington se ha erigido como presunto defensor de «la libertad de expresión» en Brasil y le ha lanzado inadmisibles «advertencias».
Interrogada acerca de la posibilidad de nuevas sanciones contra la nación conosureña por la posible sanción al expresidente Jair Bolsonaro, debido al juicio que se le sigue por intento golpista, entre otros cargos, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el pasado domingo a la prensa que Donald Trump «no tiene miedo de usar el poder económico y el poder militar para proteger la libertad de expresión en todo el mundo».
La declaración ocurre cuando está en marcha el proceso judicial contra el exmandatario y siete de sus cómplices, y luego de que la Casa Blanca, en su habitual actitud injerencista, dictara la elevación de los aranceles a los productos brasileños que entran a los mercados estadounidenses en un 50 por ciento, como medida de presión para que se anule el juicio, y bajo la influencia de las gestiones realizadas en Washington por uno de los hijos del acusado, Eduardo Bolsonaro.
Además, se han emitido sanciones contra personalidades del ejecutivo brasileño y varios jueces del Supremo Tribunal Federal, y existe una verdadera persecución judicial sobre uno de ellos: Alexandre de Moraes, titular del proceso contra el exmandatario.
Sin embargo, blasonar de la posibilidad del uso de la fuerza militar constituye una amenaza mayor que sigue poniendo de relieve el repunte intervencionista y bélico de la administración Trump hacia Latinoamérica y el Caribe.
En un comunicado, el Gobierno del Partido de los Trabajadores, que encabeza Luiz Inácio Lula da Silva, respondió el martes mediante la Cancillería que el país no se dejará intimidar «por ningún tipo de ataque a nuestra soberanía», reportó Brasil de Fato.
En otra reacción, la ministra de Relaciones Institucionales de la Presidencia, Gleisi Hoffman, advirtió que se alcanzó un «punto álgido» cuando, desde el país norteño, «amenazan con invadir Brasil para liberar a Jair Bolsonaro de la cárcel».
Hoffman consideró la «libertad de expresión» como un pretexto para justificar «la conspiración de la familia Bolsonaro».
Mientras, se esperaba este miércoles la lectura de los votos de los jueces de la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal, que reanudó recientemente el juicio.
De tres magistrados que emitieron su dictamen en horas del miércoles, uno votó a favor de anular el proceso.
El juicio podría prolongarse hasta el viernes, comentó la Agencia Brasil, y apuntó que, no obstante, ya se cuentan dos votos favorables a la condena por golpe de Estado, organización criminal, daños calificados, abolición violenta del estado democrático de derecho y deterioro de bienes protegidos.
La extensión de la pena de prisiónaúnno se ha anunciado y se espera que se determine al final de la votaciónsobre la condena o absoluciónde los acusados. De ser declarados culpables, lascondenas podrían alcanzar los 30 años de cárcel.
La mayoría de los votos a favor o en contra de la absolución se obtendrá con tres de los cinco votos del panel, explicó el medio de prensa.
Las presiones han llegado a Brasil por todos lados y hace unos días el presidente Lula advirtió que un proyecto legislativo para hacer aprobar una amnistía desde el Congreso también pudiera conspirar, si se vota, contra el ejercicio de la justicia.
