Era esperado el análisis en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU del «tema» Venezuela. Pero muchos tuvimos la ilusión de que no fuera exactamente así. ¡Ilusa que es una!
La reciente visita a ese país de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet —primera persona en su cargo que lo hace—, y la valoración oral que rindió a su término, el 21 de junio, despertó expectativas en torno a la posibilidad de que en una instancia internacional como aquella se voceara lo que ella, apenas con una frase —pero una frase lapidaria—, reconoció antes de abandonar el país.
Lo comentamos en estas propias páginas. «(…) Las causas de esta inmensa crisis económica —la cual se ha exacerbado dramáticamente desde 2013— son diversas (…) Me preocupa que las sanciones impuestas este año por Estados Unidos sobre las exportaciones de petróleo y el comercio de oro están exacerbando y agravando la preexistente crisis económica».
Solo por esa aseveración que reconoce —aunque con tibieza— el daño que ocasionan las medidas punitivas de Washington a Venezuela —y a pesar de que ella aseverara antes que «las causas de la crisis son diversas»—, podía esperarse algo fructífero del debate en Ginebra: que se visibilizaran, ya que no se condenan, las nefastas consecuencias del bloqueo de Estados Unidos a las personas, no exactamente a su Gobierno.
Habría sido la primera vez que una funcionaria de su cargo se pronunciara —tímida e indirectamente, pero se pronunciaba— contra la ilegal política de hostigamiento de Estados Unidos que, dicho sea de paso, no solo castiga al pueblo venezolano…
Y sí, Bachelet incluyó ese párrafo y todavía unas cuantas líneas más para describir la crisis en su informe final. Pero hubo agregados y al propio tiempo omisiones que siguen dejando tras bambalinas a los responsables, y hacen del pronunciamiento, en vez de probable y valiente dedo acusador contra la política de EE. UU., buen pasto para los mismos depredadores, quienes buscan sentencias para seguir agrediendo a Venezuela, y criminalizando a su sistema y su Gobierno.
El informe rendido el viernes último ante la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra responsabilizaba por todos lados, y de todo, al ejecutivo, y desconoce incluso los programas sociales instrumentados por el Gobierno que ella admitió cuando estaba aún en Caracas.
Es claro al destacar que «los efectos de estas sanciones parecen estar afectando la capacidad del Estado para proporcionar servicios básicos de salud a la población». Pero también cuando dice que «la situación es compleja, pero el informe contiene recomendaciones claras y concretas para el futuro». Es decir, que todo queda en Caracas.
Por demás, se descontextualizó el tema de la violencia. Cierto que había extendido en aquella alocución-resumen de su visita, críticas que no mencionó a quiénes iban dirigidas, y otras en las cuales identificó por su nombre a las tropas especiales de la policía, en atención a presuntos hechos de tortura que alegaron las personas con las que se reunió, dijo.
De acuerdo con eso, y con la venia del Gobierno, dejó dos funcionarios en su representación para dar seguimiento a este y otros asuntos ligados con el tema.
Pero también reconoció entonces Bachelet la violencia antichavista y los incinerados vivos que esa saña dejó a mediados de 2017: un señalamiento importantísimo que ahora ha quedado fuera, porque el documento final, explicó, se ha ceñido a lo que ha acontecido entre enero de 2018 y mayo de 2019.
Otros detalles marcan una diferencia a veces imperceptible, pero trascendente cuando el texto se ve como un todo.
Cualquiera podría preguntarse cómo impresiones tan relevantes de la visita pueden resultar después en un informe tan parecido a lo que dijo antes de irse y, al propio tiempo, tan distinto.
Es verdad que la expresidenta chilena dijo que ampliaría sus valoraciones en el documento que presentaría formalmente después. Pero algunos de «los agregados» que aparecieron le dan un cariz totalmente distinto; igual ocurre con los dos elementos que se omiten: la violencia opositora contra los chavistas y los programas con que el Gobierno intenta paliar la crisis.
Aparecen también temas que no figuraron en los encuentros de la agenda oficial de su visita, como los relacionados con los campesinos e indígenas, que no viven peor en Venezuela que en otros lados de América Latina. Por ejemplo, los mapuches chilenos.
Tan temprano como la Alta Comisionada divulgó su informe el jueves, un día antes de su presentación, el Gobierno bolivariano le hizo 70 objeciones documentadas y la recomendación de tomarlas en cuenta. Entre ellas, se encontraba el dato nada menor de que un entorno del 80 por ciento de las entrevistas tomadas en cuenta por Bachelet para redactar el texto final se habían hecho a personas fuera de Venezuela.
Después, el sitio Misión Verdad agrega que otro grupo de esas entrevistas se realizaron por teléfono. Para eso, ¡Bachelet no habría tenido que visitar el país!
No hay constancia de por qué ni cómo variaron tanto sus valoraciones. Algunos especulan que pudo ser presionada; pero también que este era el plan.
Lo que sí se puede adivinar es lo que vendrá: nuevas maniobras y sanciones a cuenta de que en Venezuela hay una crisis humanitaria que la propia titular de Derechos Humanos de la ONU deja sobre los hombros de su Gobierno y, además, que es un Estado responsable de violaciones a los derechos humanos no solo individuales (léase la integridad de las personas), sino colectivos (económicos, sociales y culturales).
Quienes andan buscando el estribo para proseguir el asedio, ya lo han conseguido. Y no dudarán en usarlo.
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