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CARACAS.— Tal y como postula la Constitución venezolana en su artículo 237, este sábado, el presidente Hugo Chávez presentará la Memoria y Cuenta 2010 a la Asamblea Nacional y al pueblo venezolano.
El acto, que forma parte de la democracia bolivariana, permitirá a la nación juzgar los aspectos políticos, económicos y administrativos del mandato presidencial en un año de muchas dificultades, sobre todo las provocadas por la naturaleza: desde una sequía extrema de meses que casi llevó al colapso a la principal fuente energética, hasta la emergencia por lluvias intensas que provocaron inundaciones, deslaves, pérdidas de vidas humanas y materiales, derrumbe total de casi 25 000 viviendas y el desplazamiento hacia refugios de más de 130 000 personas.
En esta ocasión, el escenario en la Asamblea es polémico, pues los 65 diputados de los partidos de la oposición ya han demostrado su intención de entorpecer las actividades del cuerpo legislativo, y atacan con saña e intentan desacreditar la obra del Gobierno, solicitando incluso la intervención de organismos internacionales o de políticos y autoridades extranjeros, especialmente de EE.UU.
Esa particularidad del entreguismo en un Parlamento donde son minoría, aunque quieran negarlo, tiene enfrente al bloque PSUV-PCV y sus 98 diputados dispuestos a legislar a favor del pueblo; pero la actitud beligerante de los otros ha motivado un llamado a la oposición al respeto, como se merece la alocución del Presidente, por parte de la vicepresidenta del Capítulo Venezolano al Parlamento Latinoamericano, Ana Elisa Osorio.
No fue una exhortación vacía cuando, desde la sesión inaugural, la llamada Mesa de la Unidad (MUD) pretendió convertir el pleno en una «cámara húngara», irrespetando la figura del nuevo presidente de la Asamblea, el diputado por el PSUV Fernando Soto Rojas, blanco de ataques desmesurados en los medios de la extrema derecha y la oligarquía.
A la instauración de la legislativa 2011-2016, ese día, faltaron algunos diputados de la MUD, quienes prefirieron viajar a Washington en busca del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza —y no se descarta que también de autoridades estadounidenses— procurando una condena a la Ley Habilitante otorgada a Chávez.
De conformidad con el artículo 203 de la Constitución, la Asamblea que concluyó tareas el 3 de enero de este año, concedió poderes legislativos al Presidente por un período de 18 meses para garantizarle la aceleración de las transformaciones y reconstrucción que requiere la emergencia.
La intención de los viajeros, y de quienes le daban el espaldarazo con la alharaca parlamentaria, era descalificar internacionalmente y ante sus propios conciudadanos a la Asamblea Nacional precedente, dado que en declaraciones divulgadas por medios como CNN, Insulza había criticado ese derecho soberano. Aunque en el debate del legislativo en Caracas se demostró que la Habilitante ha estado en las Constituciones venezolanas desde inicios del siglo XX, y tuvo su génesis en Chile.
El chileno Insulza, en buen lenguaje criollo, recogió cabo y donde dije digo, digo Diego... Y le apuntó un fracaso a los opositores.
Insulza trató de buscar el apoyo de países miembros de la OEA para abrir una condena a Venezuela por supuesta violación de la Carta Democrática, pero no encontró receptividad en la firme posición de defensa de la soberanía de los gobiernos de la región, en especial los del ALBA.
La infructuosa maniobra no es la única, ni la de mayor peligro y comprometimiento de esta oposición que no quiere ver la realidad, y se niega a involucrarse normalmente al ejercicio democrático que le garantiza su Constitución.
De ellas podemos comentar en otra ocasión, pero las dejamos sobre la mesa: los abiertos llamados al magnicidio y el golpe de Estado. Ni el imperio, ni sus acólitos del patio renuncian a esa posibilidad, en la que son expertos.
