24
lawfare Autor: Tomado de Internet Publicado: 25/01/2020 | 07:38 pm
Escalofriantes relatos protagonizados por la mentira, calumnias e injustas penas de prisión podrían salir a la palestra, totalmente desnudas, si nada impide la labor de los magistrados que conforman una inusual corte: el Tribunal de Ética que se ha propuesto investigar —¡y ventilar!— los casos más sonados de lawfare.
Quizá porque preside el tribunal un magistrado constitucionalista argentino —el prestigioso y experimentado Eduardo Barsesat— o porque la noticia ha tenido amplia repercusión en su país, medios informativos señalan que el ente es una creación de «sectores cercanos al kirchnerismo»…
Sin embargo, Barsesat ha explicado que la idea le rondaba desde hace dos años y, de hecho, se concretó en Madrid, no en Buenos Aires. Fue en la capital española donde se dio a conocer primero la fundación de la corte en noviembre pasado, y la ciudad en la cual también se anunciará su dictamen justamente un año después, el próximo noviembre.
Según declaró el magistrado al medio alternativo El Destape Radio, se trata de «una iniciativa conjunta del Instituto Lawfare de Sao Pablo, que tiene a los abogados defensores de Lula, y del Common Action Forum de los países de África».
Le preocupa al abogado —quien ha participado como fiscal y juez, respectivamente, en otros dos procesos judiciales éticos (el que se desarrolló para establecer las responsabilidades de la dictadura militar argentina y el que analizó crímenes por delitos económicos, sociales y culturales)— que el lawfare «no está previsto en ninguna doctrina internacional» y constituye, dice, «una práctica perversa que genera la muerte civil» de quienes son sus víctimas.
«Muchos creen que los procesos que inhabilitaron a Lula a ser candidato presidencial o que usaron acá para perseguir a Cristina (Fernández) o para proscribir a (Rafael) Correa, son procesos normales; y nosotros queremos demostrar que son irregulares», explicó a otros medios de prensa.
«Es una persecución judicial en la que nadie está muy seguro de cuáles son sus derechos», abundó en torno al lawfare, en una de muchas las entrevistas que ha concedido durante los últimos días, en tanto denunciaba a la publicación digital Perfil: «El lawfare, o guerra judicial, que sería su significado en lengua castellana, es una práctica de persecución y destrucción de adversarios o enemigos políticos, empleando como arma los procesos judiciales».
A tenor con lo anunciado, el Tribunal Ético que acaba de conformarse hará citatorios y recabará testimonios y documentos, entrevistará detenidos y luego emitirá sentencia ética.
No le preocupa demasiado a Barsesat que tal dictamen no implique penas efectivas.
En un enjundioso artículo cercano a una declaración de principios acerca del funcionamiento de la corte y firmado por el propio jurista en El Destape, Barsesat reconoce que, frente a esta que llama «una nueva modalidad de la otrora doctrina de la “seguridad nacional” —y que opera, fundamentalmente, instrumentando la pata podrida de la administración de justicia—, es difícil pretender un enjuiciamiento del lawfare ante los mismos jueces que son sus ejecutores y soporte ideológico.
«Tampoco existen instancias jurisdiccionales, regionales o internacionales, que puedan operar con capacitación e imperio para desbaratar al lawfare», agrega.
Sin embargo, también toma en cuenta que se necesita «hacer conciencia de la irregularidad y antijuricidad de ese fenómeno, al tiempo que se avance en «la tarea de concientizar a los pueblos sobre este nuevo instrumento de la dominación social, y se abren caminos para la futura impugnación ante los órganos judiciales, nacionales, regionales e internacionales».
No serán esos crímenes políticos, como podría considerárseles, los únicos que se juzguen.
El que Barsesat denomina como «nuevo emprendimiento de esa conciencia jurídica de la humanidad que adviene por resolución de CAF (el Common Action Forum), de constituir al Common Action Tribunal (nombre propio de esta especialísima corte)» se propone enjuiciar también la práctica que identifica como whistleblow: «la persecución como delatores, de quienes hacen públicos datos calificados como secretos por las potencias hegemónicas», explica.
Y una se pregunta si cabría, entonces, analizar también la persecución que mantiene virtualmente bajo secuestro al periodista australiano Julian Assange, cuando lamentablemente muchos en el mundo parecen haber olvidado la efectividad de las filtraciones que pusieron, en blanco y negro los pelos y señales de la ejecutoria guerrerista de W. Bush, gracias a la osadía de su sitio digital Wikileaks. Lo mismo podría decirse del entonces sargento Patrick Manning (Chelsea Manning).
Cacería Feroz
Hay motivos para preguntarse si los sistemas judiciales penetrados que han puesto en vigor esta práctica, permitirán avanzar al tribunal encabezado por Barsesat e integrado por también experimentados juristas de otras naciones, cuando requieran legajos, o las «pruebas» que en muchos casos no existen…
Pero lo cierto es que su aparición no podría resultar más justa y oportuna.
Una mirada a los acontecimientos recientes en América Latina —por solo contemplar esta parte del mundo— e, incluso, una ojeada a los sucesos que ahora mismo tienen lugar, permite aquilatar cuán recurrente resulta el empleo de «la guerra judicial», o de «la judicialización de la política», como se le conoce más, para lapidar no solo a líderes políticos progresistas o francamente de izquierda. También se le está usando para satanizar movimientos y partidos, torcer los destinos de algunos países y, desde luego, criminalizar procesos políticos.
El más sonado por injusto y artero puedo ser el caso de Luiz Inácio Lula da Silva, quien estuvo confinado en una prisión improvisada en la sede de la policía de Curitiba durante un año y medio luego de un juicio precipitado a su fin cuando todavía no se habían agotado los recursos correspondientes a la defensa, y contra quien se mantienen todavía unas seis causas judiciales abiertas por acusaciones no probadas, de modo que su libertad aun no es definitiva.
Le antecedió su coterránea y correligionaria del Partido de los Trabajadores, Dilma Rousseff, primera pieza echada abajo en Brasil mediante la traición, la tergiversación y la mentira, en un impeachment que adelantaba la jugada política en gestación.
También son víctimas del lawfare el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, encerrado y trasladado luego a una cárcel inhóspita de máxima seguridad por hechos no suficientemente probados y considerados corruptos, y el propio expresidente Rafael Correa, impedido de regresar a Ecuador por las órdenes de detención circuladas a Interpol en su contra, también en virtud de acusaciones no probadas que han ido desde un supuesto intento de secuestro a un diputado, hasta la presunción de que organizaba un golpe de Estado. ¡Se fantasea!
Pero la persecución judicial también se ha cebado en figuras menos prominentes como es el caso de exministros o exfuncionarios de los Gobiernos argentinos de «los Kirchner», y planea ahora mismo todavía sobre la vicepresidenta Cristina Fernández, acusada de varios alegados hechos de corrupción, y primera voz que denunció el lawfare como una manera de judicializar la política.
De cualquier modo, si alguien duda del modo artero y oportunista en que se le emplea, solo tiene que mirar a Bolivia. A Evo Morales, quien abandonó el país conminado por los militares para evitar que el golpe de Estado de que ha sido víctima terminara en un masivo baño de sangre, los golpistas le han acusado ahora de «terrorismo» y «sedición».
Y menos de 24 horas después de incluirse su nombre en la boleta del Movimiento al Socialismo (MAS) con vista a los anunciados comicios presidenciales de mayo, el exministro Luis Arce acaba de ser incluido entre los acusados de un supuesto desfalco en el Fondo Indígena. ¡Ya hay otra vía para impedir que el MAS recupere la presidencia!
Sin embargo, tales ejemplos no resultan los únicos indignantes. Glenn Greenwald, el periodista estadounidense que tiene a su cargo el sitio digital The Intercept Brasil y publicó, junto a otros dos colegas, los audios que prueban la manera en que el juicio contra Lula, en medio de la operación Lava Jato, «se fabricó» siguiendo las instrucciones del fiscal convertido ahora en ministro de Justicia, Sergio Moro, es otro perseguido por «la justicia», que le acusa de cometer piratería informática y cibercrímenes.
Dice bien el Dr. Bersesat cuando explica que el lawfare se asienta, entre otros elementos, en narraciones ficticias. Lo que para nada constituye ficción es su carácter exterminador, como solo podría ocurrírseles a las mentes a que se atribuye su creación, en el año 2001, como parte de las doctrinas de dominación del ejército de Estados Unidos y sus métodos no convencionales.
