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Tras la negociación no hay nada que agradecer al FMI. Autor: Reuters Publicado: 27/03/2022 | 12:21 am
Como se esperaba, el Directorio del FMI confirmó el viernes la refinanciación de la deuda externa argentina luego de la azarosa aprobación del acuerdo en el Congreso, en Buenos Aires. Pero la decisión no exime de culpas al organismo financiero; más bien remarca sus pecados y reitera la necesidad tantas veces proclamada de cambiar el desorden financiero mundial.
Aunque no han trascendido los detalles de las largas negociaciones de dos años entre la Casa Rosada y el Fondo Monetario, es obvio que el ejecutivo de Alberto Fernández ha avalado el acuerdo presionado, entre la espada y la pared: con las arcas de las reservas internacionales todavía como las recibió, casi en bancarrota, y los plazos de pago pactados por su antecesor Mauricio Macri, el hombre que volvió a endeudar al país, tocándole las puertas.
La amenaza de las consecuencias de no pagar y acudir al default, que habría sido la otra variante, ha podido más que el seguro deseo del Gobierno del Frente de Todos de conseguir un mejor acuerdo; porque es obvio que la propuesta original de Argentina no debió ser esta, aunque el carácter secreto del toma y daca no haya dejado enterarse de cuáles eran aquellos términos.
No hay nada que agradecer al FMI. Tras el pacto no hay quitas, como durante la exitosa renegociación de la deuda contraída por los Gobiernos neoliberales de los años de 1980 y 1990 que tocó saldar al fallecido expresidente Néstor Kirchner en el año 2006, y que liberó al país de las ataduras con que Macri, impune e irresponsablemente, lo ha vuelto a amarrar.
El acuerdo tampoco reprograma exactamente los plazos de pago de una deuda, cuyo monto todavía se cuestiona, y que las autoridades argentinas quieren juzgar mediante un proceso de carácter moral que debía servir para evitar nuevos endeudamientos que anuden de esta manera los destinos nacionales, y advertir otra vez al mundo.
Fue el propio Presidente quien ordenó iniciar la querella criminal contra «los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y con malversación de caudales que nuestra memoria recuerda».
Ahora el Fondo, que violó las propias normas de la institución cuando aprobó a Macri un empréstito de magnitud jamás vista, ascendente a 54 000 millones de dólares —de los cuales alcanzó a entregar unos 44 000 millones— solo ha aceptado diferir el pago enterito de la deuda; y es tanto el interés porque se le abone completa, que volverá a entregar a Argentina el mismísimo monto del dinero que esta le debe para que lo abone después, entre los años 2026 y 2034. Esa, que será siempre una dura tarea, deberá enfrentarse cuando la nación esté, supuestamente, en mejores condiciones de pagar, y le tocará a próximos Gobiernos.
De todas formas, no resultará un paseo timonear las finanzas y al país durante el tiempo que resta de este retador y complicado mandato de Fernández.
La institución entregará el dinero a Buenos Aires por plazos, en las mismas cantidades y plazos de los vencimientos que esta debe pagar, y previa revisión del cumplimiento de las condiciones que, como siempre, el FMI ha impuesto.
Argentina, que rechaza definir el recetario como un plan de ajuste —calificación técnica también rebatida por expertos de la talla del Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz— será objeto, como antaño, de las inspecciones trimestrales de los funcionarios de FMI, quienes chequearán si las autoridades nacionales están cumpliendo con la letra del acuerdo.
De tal modo, Buenos Aires debe recibir durante los próximos 30 meses los 40 000 millones de dólares que necesita para pagar cada plazo establecido hasta cancelar el crédito recibido por Macri. Lo hará con el propio dinero del Fondo, como modo de ahorrar en sus reservas durante dos años y medio, y mejorar su capacidad. Ello no significará contraer nuevos créditos. Guardará para pagar después.
De momento, le fue postergado el plazo de unos dos mil millones que debió pagar hace unos días para el 31 de este mes, lo que hará con los primeros 9 600 millones de la nueva cuenta del Fondo.
Los términos exigidos son una disminución del déficit fiscal a 0,9 por ciento del PIB para el año 2024 (ahora tiene tres por ciento), hacer descender la inflación, que ronda el 50 por ciento, y reducir los subsidios a los servicios de energía, que el año pasado consumieron 11 000 millones de dólares del presupuesto, equivalentes al 2,3 por ciento del PIB.
Alberto Fernández, quien reitera el propósito anunciado durante la campaña electoral de no hacer recaer el pago de la deuda que le fue legada sobre los hombros de la ciudadanía, ha anunciado que, en cualquier caso, la consiguiente subida en el precio de la energía que acarreará la falta de subsidios no será mayor que la elevación de los salarios, incrementados en un 45 por ciento para el sueldo mínimo, vital y móvil.
«Esto que estamos logrando es un gran paso, en el sentido que queríamos dar, ya que la recuperación de los ingresos es un tema central para nuestro Gobierno», dijo Fernández al adoptarse la medida, hace diez días.
«La distribución del ingreso está en crisis en el mundo y nosotros queremos una mejor distribución, que se logra mejorando el salario real de la gente», aseveró.
Lo que falta
Otras circunstancias, además de las metas trazadas, matizarán, a cuenta de la deuda, lo que resta de mandato.
Desde el punto de vista financiero, la persistencia del conflicto en Ucrania con las sanciones a Rusia y la consiguiente elevación de los precios de los combustibles ha provocado nuevas reflexiones del Fondo, que la institución dio a conocer a propósito de su aprobación final, el viernes.
Entonces, su gerente general, Kristalina Georgieva, advirtió que los compromisos asumidos por el Gobierno argentino enfrentan «riesgos excepcionalmente altos» a tenor de las tensiones bélicas, y anunció que el acuerdo necesitará por ello de «recalibraciones tempranas» para adecuar las metas en torno a la inflación y al déficit fiscal. Como consecuencia, el inicio de los chequeos a las finanzas argentinas también se adelanta.
Pero existen también consecuencias desde el punto de vista político que podrían influir, y mucho, en el futuro del país.
No solo se han manifestado organizaciones sociales y populares simpatizantes del Frente de Todos que están en desacuerdo con el pacto. También un sector dentro de la propia agrupación en el Gobierno rechaza la decisión y, de hecho, sus legisladores votaron en contra durante las consultas realizadas en la Cámara y en el Senado para hacer democráticas, por primera vez en la historia argentina, las decisiones en relación con la deuda, lo que a su vez ha dado al acuerdo carácter de ley.
Ello significa, de momento, una grieta en el Frente de Todos que no solo podría influir en el ejercicio gubernamental de lo que queda de mandato si el rasgón a la unidad no se cierra, sino tambien en las elecciones presidenciales de 2023.
Llegados a este punto, el panorama puede verse también de manera dual, desde luego, con la lejanía que implica mirar desde afuera: aceptar simultáneamente una medida que rechazan sectores sociales, sobre todo por su implicación político-moral, podría resultar frustrante para quienes apoyan al Frente de Todos y restarle su confianza. Y la división resultaría un golpe al progresismo argentino, también.
