Dando tumbos anda la diosa Temis en tierras norteamericanas. Dentro o fuera del imperio, la justicia es conculcada por los encargados de alentarla o ejercerla. La soberbia, la ignominia y el desparpajo marcan sus derroteros.
Fuera de la leyUna es la ley para los ciudadanos y otra para los gendarmes en el imperio.
El pasado abril, Nueva York conmocionó por la absolución de tres policías de la ciudad que asesinaron, con un aluvión de 50 balazos, al joven negro Sean Bell, en la mañana del día en que se casaba, en noviembre de 2006.
En Filadelfia, a principios de mayo, seis policías fueron retirados del patrullaje de las calles luego de ser filmados por una televisora local propinando una golpiza a tres afronorteamericanos desarmados. No se conoce de ningún encausamiento a los uniformados. Las tres víctimas, sin embargo, fueron acusadas de agresión, conspiración y de poner en peligro a otra persona.
Más insólito aún es lo ocurrido con Willie Campbell, un ciudadano sin techo de Dallas, Texas, quien es VIH positivo. Campbell fue condenado a 35 años de prisión por escupir a un policía. Se le declaró culpable de maltratar a un funcionario público con arma mortal (su saliva). Las autoridades médicas, en 25 años de investigaciones, no han reportado hasta ahora casos de transmisión de VIH por saliva. Campbell no podrá solicitar libertad bajo palabra hasta que no cumpla al menos 17 años encerrado.
Tras las rejasHay otros para quienes la justicia nunca llega. The Washington Post reveló el pasado 13 de mayo que en los últimos cinco años, 83 inmigrantes detenidos por las autoridades norteamericanas murieron, mientras estaban bajo su custodia, por falta de cuidados médicos. La mayoría de los fallecidos eran personas jóvenes.
Bisoños son también los 500 menores que permanecen encerrados por el ejército invasor en Iraq, en un programa «extremadamente fuerte» como lo ha catalogado el propio Pentágono.
Aproximadamente 2 500 adolescentes y jóvenes menores de 18 años (mayoría de edad en EE.UU.) han sido recluidos en centros de detención estadounidenses en Iraq, Afganistán y la apócrifa base naval en Guantánamo, bajo cargos de «combatientes ilegales». Estados Unidos y Somalia son los únicos países que no han ratificado la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño.
Y habrá más espacio para nuevas vejaciones. Estados Unidos ha anunciado la construcción de una nueva prisión en Bagram, la principal base militar en Afganistán, en la que podrán recluir a unos 1 100 prisioneros y costará alrededor de 60 millones de dólares. Ello implica un reconocimiento implícito de la Casa Blanca de que mantendrá prisioneros en el extranjero durante los próximos años.
Más alláEl «imperio de la ley» norteamericana deja sus huellas perversas donde se planta.
El Departamento de Justicia ha circulado una carta en la que afirma que la legalidad de algunas técnicas de interrogatorio depende del motivo por el cual son utilizadas. Poco importa lo que digan las leyes estadounidenses o internacionales al respecto o que incluso el propio Congreso haya rechazado el uso de esas técnicas ilegales.
En Iraq, un consejo de guerra absolvió a un soldado estadounidense que admitió haber asesinado a un iraquí que estaba desarmado durante una redada realizada el año pasado. Junto a la víctima, el sargento Trey Corrales colocó un AK-47 para simular un enfrentamiento.
La empresa privada Blackwater, contratista de mercenarios, está a punto de quedar exonerada de cargos penales por el asesinato a balazos de 17 civiles, en lo que se conoce como la masacre de Nissor Square. Así lo aseguran varias agencias de noticias. La justicia anda ciega entre el vendaval de la guerra.
El colmo de las paradojas lo acaba de escenificar la Corte Suprema de los Estados Unidos, que se declaró incapaz, por falta de quórum, de intervenir en la disputa que las víctimas del apartheid sudafricano sostienen contra más de 50 grandes corporaciones que apoyaron al oprobioso régimen. A la sesión pactada del máximo órgano de justicia norteamericano no asistió su presidente John Roberts (quien es dueño de acciones en Hewlett-Packard), el juez Stephen Breyer (que tiene acciones en Colgate-Palmolive, Bank of America, IBM y Nestlé), el juez Samuel Alito (poseedor de acciones en Exxon Mobil y Bristol-Myers Squibb), y el juez Anthony Kennedy (cuyo padre es uno de los directores del banco de inversiones Credit Suisse). La justicia calla donde manda el dinero.
La diosa Temis vaga vendada de la mano del imperio; a cada rato tropieza y cae.
Fuentes: Democracy Now, The New York Times, The Washington Post, AP
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