En lo que ya es una de las noticias más importantes y felices del año, el anuncio del incremento salarial para el sector presupuestado hace que se repiensen unas cuantas coordenadas en la vida nacional; sobre todo, a la hora de meditar sobre la cotidianidad de los cubanos, ese espacio que al final mueve la «olla» de la nación, incluida la política.
La necesidad de ese movimiento surge, en primer lugar, porque este aumento golpea una dinámica de precariedad en los ingresos personales que apareció desde los mismos comienzos de la crisis en la década de 1990, y que ha creado numerosas distorsiones en la sociedad y su economía.
En segundo lugar, en lo que se proyecta como una realidad muy significativa, esa masa de dinero hacia el bolsillo de la ciudadanía significa la activación de un número importante de cubanos en su capacidad para adquirir bienes y servicios a través de los circuitos del comercio interno minorista.
Los «quilitos» de ayer ahora serán pesos y es muy probable que, antes del cobro, en unos cuantos hogares se esté ideando satisfacer un gusto o resolver una necesidad que antes eran un sueño. Por ello, ante el nuevo escenario abierto por las medidas anunciadas el pasado 27 de junio, ciertas estructuras y modos de gestionar los servicios a la población comienzan a entrar en conflicto con la realidad que aparecerá en el país a partir de agosto. De ahí la necesidad de pensar en su actualización.
Una de esas disfuncionalidades se encuentra en la inclinación al inmovilismo por parte de entidades del comercio minorista, cuyas consecuencias, entre otros males, se aprecian en adormecer una sustancial cantidad de mercancías en almacenes o acomodarse a una distribución mensual —no de forma escalonada, de acuerdo con la existencia de los productos en el mostrador—, con lo cual se le abre paso a la plaga de acaparadores y revendedores.
No es menos cierto que las estructuras de comercio, de cara a la población, adolecen de autonomía que lastra la búsqueda de esa calidad. Ni tienen la suficiente autoridad para mover precios, ni existe una iniciativa permanente para diversificar sus productos. A lo anterior se le añade el desconocimiento de las necesidades de ese mercado interno, lo cual constituye una fuente importante de dolores de cabeza para los ciudadanos y un estímulo al mercado negro.
Esas distorsiones se han expresado en múltiples formas, como lo es el enmascaramiento de la ineficiencia a través del incremento de precios. Concretamente, ese espejismo de eficacia lo ha sufrido la ciudadanía en establecimientos estatales, que, con la venia de indicaciones y decretos locales, han subido de cinco a diez pesos el costo de una magra pizza de queso dudoso o a dos pesos un jugo supuestamente de frutas, y bastante «bautizado», además.
En opinión de los expertos, cambiar esa realidad constituye una de las rutas críticas en las transformaciones del país. Precisamente a mediados de 2014, cuando el Producto Interno Bruto mostraba una desaceleración importante, el colega Ariel Terrero realizaba una entrevista colectiva a 12 economistas para conocer sus opiniones sobre ese tema.
Entonces los especialistas emitieron distintos puntos de vista, pero llamaba la atención que uno de estos fuera la necesidad de reactivar el consumo interno, unido al criterio de que la recuperación del país nunca sería completa sin una dinámica fuerte en ese sector. Ya más reciente, otros especialistas han alertado acerca de que el plan de la economía presentado siempre a finales de año ante la Asamblea Nacional no debía ser solo el de las em-presas y sectores productivos, sino que también debía ser el de su articulación con el mercado interno y la capacidad adquisitiva de la población.
Por eso el incremento salarial, el cual será una realidad palpable en este agosto, no debiera verse solo como una medida de justicia social. Esta es, también, una ventana abierta para lograr mayores niveles de calidad en una economía que la necesita, como el pez al agua, para su definitiva y urgente consolidación.
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