Hay una carta de José Martí a Juan Gualberto Gómez, escrita en Nueva York el 29 de enero de 1895, que contiene una frase trascendental para el pensamiento revolucionario cubano. El Maestro le asegura a su compañero de ideales, en referencia a lo que sería una Cuba libre del colonialismo: «Conquistaremos toda la justicia».
La aseveración, con visos de profecía, acudió en fecha reciente a mi memoria, al asistir desde la pantalla chica a los debates de nuestro Parlamento, genuino representante del pueblo y expresión soberana de su voluntad, que honran lo dicho por el Apóstol aquel día —víspera de su viaje a Santo Domingo para reunirse con Máximo Gómez y luego zarpar hacia Cuba, donde caería en combate meses después—. Pues todo lo que en ese foro se discutió pretende conseguir más y más justicia.
Recordé que, mientras nuestros parlamentarios se convocan para perfeccionar la institucionalidad del Estado de derecho y ratificar la naturaleza humanista de la Revolución, los de otros países toman asiento en sus bancadas para aprobar cuantiosos recursos destinados a fabricar armamentos, apoyar gobiernos despóticos, recortar gastos sociales, financiar acciones
injerencistas y promover intervenciones militares.
También recordé que para aspirar a congresistas, diputados, senadores, representantes —o como les llamen en sus países—, los candidatos a ocupar esos curules deben emprender primero extenuantes y costosas campañas electorales en busca de apoyo popular, muchas veces matizadas por escándalos de latrocinio y plagadas de promesas que pocas veces cumplen.
En tanto aquellos buscan más poder y privilegios, los asambleístas cubanos solo aspiran a convertirse en servidores públicos; y la frase citada viene al caso porque precisamente de conquistar justicia se ocupa nuestro Parlamento cuando legisla y cuando fiscaliza el cumplimiento de lo aprobado por el gobierno en cada territorio.
A ese propósito se consagró el 7mo. Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su 9na. Legislatura, donde, entre otros puntos de su agenda, se debatieron y aprobaron cuatro leyes que entrañan importantes cambios en el sistema judicial y procesal cubano, para beneficio de la ciudadanía y a tono con lo refrendado en nuestra Constitución.
Una vez más, la institucionalidad y el orden interior deberán mejorar, pero esta vez llama la atención el rigor con el que los proyectos de leyes se elaboraron para su presentación a los diputados. Aquí no se trata de textos concebidos por grupos de poder en sus asépticas oficinas, sino que cuentan con la pluralidad de la democracia socialista, pues llegaron al cónclave enriquecidos por los criterios y la experiencia de especialistas, entre ellos jueces, fiscales, abogados y profesores de la carrera de Derecho de las universidades.
Entre esos proyectos figura la Ley del Proceso Administrativo, un texto que ofrece nuevas vías para tramitar y zanjar litigios y reclamaciones que aparezcan en la variada gama de contextos de la administración pública, para lo cual se tuvo en cuenta, además de las opiniones de expertos, las de la población, que también aportó aquí sus consideraciones a través de las redes sociales del Ministerio de Justicia.
Ahora, cuando una decisión en esa instancia no satisfaga al demandante —puede ser un trabajador, un colectivo y hasta la propia administración— se podrá recurrir a la vía judicial de manera más expedita, para garantizar la mirada imparcial, sosegada, de quienes conocen la ley, y el mejor modo de hacerla funcionar para que cada acto nos acerque a ese ideal martiano de justicia, conquistada con las armas ayer y defendida hoy en el terreno de las ideas con el concurso del pueblo.
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