SUPUESTAMENTE, el plazo legal para que Estados Unidos realice operaciones militares en el Caribe sin autorización del Congreso, ha vencido. Sin embargo, el despliegue naval del Pentágono en esas aguas se mantiene, y las «operaciones» de bombardeos indiscriminados a lanchas que se dice llevan drogas, aunque no se demuestre, ya se ejecutan también en el Pacífico.
La alegada razón de luchar contra los cárteles del narcotráfico, que la Casa Blanca acuñó como terroristas, es la mampara esgrimida para mantener en aguas caribeñas una dotación militar suficiente y sobrada para una guerra que no se ha declarado, mientras se realizan acciones militares francamente intervencionistas, aunque todavía —y ojalá nunca ocurra— los marines no hayan navegado en aguas jurisdiccionales de alguna nación, ni pisado su territorio.
Más de 50 personas han sido víctimas fatales de esos bombardeos indiscriminados, reportados cada vez por el secretario estadounidense de Guerra, Pete Hegseth, como «ataques cinéticos» ejecutados por orden del presidente
Donald Trump, y de los cuales el titular deja evidencia en cortos videos publicados en las redes sociales donde se observan solamente embarcaciones que estallan en pedazos.
Ello puede ser desde ahora ilegal según las leyes estadounidenses, aunque eso poco importe a la Casa Blanca y el Pentágono. Según ha publicado Russia Today, la Resolución de Poderes de Guerra de 1973 otorga 60 días para actuar sin el aval del Congreso, un plazo que venció desde este lunes, dijo el medio de acuerdo con sitios especializados estadounidenses.
Los 60 días corren a partir de la notificación realizada por Trump al Congreso el día 4 de septiembre, cuando el Presidente dio cuenta del primer ataque a una supuesta lancha que estaría transportando drogas a EE. UU., realizado dos días antes.
De acuerdo con la mencionada legislación y según RT, ya tendrían que cesar los operativos, que únicamente se mantendrían si el Congreso declarase una guerra, o autorizara específicamente el empleo de los militares, o prorrogara el plazo de 60 días; o si el Congreso no pudiera legislar debido a un ataque al país.
Para extender el período legal, Trump tendría que certificar ante el Congreso «una necesidad militar ineludible» que requiriera «el uso continuado» de las Fuerzas Armadas de los EE. UU. para velar por su «seguridad», explica textualmente el medio ruso. Y, en efecto, hasta el momento no hay constancia de que lo haya presentado.
Tales violaciones significan poco para una administración que, como las que le antecedieron, pero tal vez de manera más irrespetuosa y desembozada, desconoce cualquier ley, sea de casa o internacional, pero añade otro viso de ilegalidad a la ilegítima, prepotente y, sobre todo, peligrosa presencia militar de Estados Unidos en el Caribe.
Por primera vez, además, un Presidente de EE. UU. ha reconocido públicamente lo que se sabe que ese país realiza hace muchos años: que autoriza operaciones «encubiertas» de la CIA en otras naciones. Es decir, que ahora serán «descubiertas».
Las amenazas penden sobre Venezuela, a cuyo presidente, Nicolás Maduro, se le ha acusado falsamente de estar vinculado con los cárteles pese a que no se muestran
pruebas —no las hay— y aunque circulan serios informes de organizaciones internacionales especializadas donde se asevera que la ruta del narco que lleva la droga a Estados Unidos y Europa, no pasa por la nación bolivariana.
También se ha amenazado al jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro, por sus decididas posiciones en contra de la manera en que Washington dice luchar contra el flagelo, y crítico de este despliegue naval que provoca y mantiene en tensión a la región latinoamericana y caribeña, al tiempo que comete lo que el mandatario colombiano ha considerado «ejecuciones extrajudiciales» en medio del mar.
Pese a las conversaciones sostenidas con el Gobierno mexicano y las aseveraciones de Trump y de la presidenta Claudia Sheinbaum de que existe colaboración —eso sí, con respeto a la soberanía nacional, ha insistido la mandataria—, la cadena NBC acaba de publicar que Washington estaría planeando ataques militares, usando drones, contra instalaciones y líderes de cárteles de la droga en territorio mexicano aunque ello no se propondría afectar al ejecutivo de México, se aclaró, y ni siquiera el jefe de la Casa Blanca lo haya decidido. Pero es un rumor que alerta.
Mientras ello acontece, reportes desde Estados Unidos afirman que la popularidad de Trump se sitúa hoy en el 37 por ciento, según un estudio de CNN, y que la aprobación a su gestión ha disminuido en todos los grupos partidistas y demográficos desde el verano, reportó PL.
También se supo que el Senado aprobó por mayoría hace unos días la suspensión de los desmedidamente altos aranceles decretados por el mandatario a los productos de Canadá y Brasil en esa otra guerra emprendida por él, aunque, para hacerse firme, la decisión debía pasar también por la Cámara de Representantes.
Las ilegalidades en función de la hegemonía cada vez menos omnímoda de Washington crecen y parecen tener su efecto al interior de EE. UU., aunque sea poco probable que el vencimiento del plazo otorgado por la citada Resolución de Poderes de Guerra de 1973 signifique algo para los afanes de una administración empeñada en domeñar al mundo mediante el terror y la fuerza.
30
