BASTA con escuchar la típica conversación en el entorno laboral, leer los hilos encendidos de las redes sociales, caminar por la calle o sentarse a la mesa familiar, para toparse con una denuncia entre los cubanos: el robo de paneles solares se manifiesta como un nuevo modus operandi dentro del catálogo de delitos contra el patrimonio.
Adquirir tecnología fotovoltaica sigue siendo un lujo para la mayoría. Muchos ni siquiera pueden plantearse el ahorro necesario para la instalación básica. Los paneles ofrecen energía limpia, segura y capaz de garantizar cierta independencia eléctrica; pero su compra se acompaña de un sacrificio familiar o personal de gran calado.
Quienes logran ese respaldo energético han dejado de temerle a los apagones; sin embargo, el sueño puede escapar, en ocasiones, por otra rendija: la angustia de despertar una mañana y hallar las estructuras vacías o, preventivamente, enfrentarse a la pregunta de cómo asegurar lo suyo, aunque nunca lo sea del todo.
El Estado cubano impulsa, con recursos limitados y bajo el peso del bloqueo, una transición hacia fuentes renovables de energía. Los parques solares fotovoltaicos son la evidencia más visible, pero la apuesta también tiene rostros individuales.
A finales de 2025 y comienzos de este año, el Gobierno puso en marcha la venta de módulos solares a médicos y docentes, un gesto que reconoce a ese sector presupuestado que sostiene el país en silencio y que, con frecuencia, carece de vías alternativas para acceder a este tipo de bienes.
Esa misma política ha permitido instalar equipos con acumulación en hospitales, policlínicos, otros centros de alta sensibilidad y a la atención priorizada a pacientes electrodependientes, gracias a la colaboración solidaria internacional.
También para estimular la adquisición e importación de estas tecnologías, los actores económicos gozan de beneficios fiscales por inversiones en fuentes renovables, en línea con el mandato estatal de multiplicar las voluntades por reforzar la matriz energética nacional.
Todo ese entramado de esfuerzos se derrumba cuando, al amanecer, un cubano o una cubana denuncia el hurto de sus paneles. Sin mencionar que, ante la fragilidad de los equipos, cualquier forcejeo los daña de manera irreversible.
Resulta repudiable, además de inescrupuloso, privar a alguien del fruto de un sacrificio personal o del beneficio de una política gubernamental, y dejar a una maestra o a un policlínico a oscuras, justo cuando más necesitan la luz.
Las crisis pueden nublar las conciencias, pero sustraer las baterías de un hospital, arrancar los cables de una instalación o «levantar» el panel de un tejado, en medio de la apremiante situación energética cubana, no puede ser tratado como un delito menor. Es una afrenta grave contra el esfuerzo colectivo de un país que lucha por no apagarse.
El robo de paneles solares, ya sea en una vivienda particular, en el techo de un profesional que los recibió como estímulo, en una mipyme o en un centro de salud, golpean de lleno los intentos titánicos de una nación bloqueada por ganar la batalla electroenergética. Cada módulo sustraído convierte a su antiguo propietario en un consumidor más que vuelve a depender del Sistema Electroenergético Nacional, justo cuando había logrado salir de esa lista.
Detrás de cada panel robado, hay un comisor de delito que, al alimentar el mercado informal, se burla de un empeño de años y antepone su ganancia inmediata al bien común. Es hora de asumir posturas ejemplarizantes con quienes lucran a costa de la transición energética. Un panel hurtado tiene un destino que rastrear, un autor que identificar y una sanción que cumplir.
Frenar esta incidencia es tan imperativo como las propias políticas de fomento, porque no basta con instalar tecnología, si después se la llevan impunemente. La desidia y la insensibilidad de unos no puede empañar, bajo ningún concepto, este esfuerzo colectivo que debe iluminar con la misma intensidad que el sol.
