Acuse de recibo
La ineficiencia y la arbitrariedad son extraños aliados en la gestión de algunas entidades que, bajo la supuesta exigencia de ciertos procedimientos, terminan maltratando al ciudadano.
Tal es el caso que narra en su carta Iliana Peña Herrera, residente en la zona rural Guabineyón, en El Purial, carretera a Guardalavaca, en Holguín.
Cuenta Iliana que siempre recibe con cortesía a los inspectores de la campaña antivectorial. Y autocríticamente reconoce que el 4 de octubre de 2006 se le aplicó con justeza una multa por larvas de mosquito encontradas en un depósito de agua de su casa, por un descuido suyo. El 6 de octubre de 2006 Iliana pagó la multa, de cincuenta pesos, en la oficina correspondiente. Y extrañamente, el 27 de diciembre de 2006, el gestor que atiende su consejo popular la visita para cobrarle una multa por igual concepto.
Iliana le muestra el comprobante de la que había liquidado, y el gestor le explica que no era la misma. No coinciden la fecha ni el folio del talonario. Y le orienta que se dirija a la Oficina de Cobro de Multas. Allá fue Iliana, y le reiteran que no es la misma. Debe pagarla o tendrá que comparecer ante los tribunales.
Y la mujer, entre el asombro y la indignación, va al policlínico Pedro Díaz Coello, de su área de salud. Allí el jefe de la campaña antivectorial le explica que en la fecha en que supuestamente fue «impuesta» esta última multa —24 de noviembre de 2006— la zona de Iliana no fue visitada por los inspectores.
«Si no visitaron mi zona, ¿cómo pueden haberme multado?», se pregunta. En el policlínico la citan varias veces para resolver su situación. Y después de muchos viajes, le dicen que el talonario donde aparecía la multa del 4 de octubre había sido anulado por problemas en su confección; y al pasarla para otro talonario, aparecía con fecha diferente.
En el policlínico se le da una constancia de lo sucedido para que la lleve a la Oficina de Cobro de Multas, pero en esta le dicen que tal documento no tiene validez. Debe ser una resolución hecha por el policlínico. En este le vuelven a dar otro documento, el cual también es rechazado. Y la remiten una vez más al policlínico. De aquí para allá por el error de alguien que ahora esconde su rostro.
Iliana es viuda y sola con su hijo y una pensión. Vive en el campo. Y ha gastado en tales tribulaciones no generadas por ella más dinero que el importe de la multa «duplicada». Al fin, terminó pagando la segunda multa sin entender nada.
«¿Qué ocurrió con el dinero que pagué el 6 de octubre de 2006, el cual saldaba el importe de la multa anulada?», pregunta con razón. «¿Por qué si Salud Pública reconoce que el error fue suyo no se pone de acuerdo para resolverlo, y debo ser yo la que haga los trámites?».
Los culpables de esta injusticia debían ser los verdaderamente multados. Le deben una disculpa a Iliana, y le deben a toda la sociedad una respuesta de adónde fue a parar el dinero de la multa duplicada.
Mientras unos causan dolor en los seres humanos, otros se esmeran en mitigarlos. De ello da cuenta Amada González Cruz, vecina de Avenida Dolores 259, entre Lawton y Armas, en el municipio capitalino de 10 de Octubre.
La lectora es atendida regularmente en la Clínica del Dolor del Hospital Clínico de 10 de Octubre (antigua Dependiente) y desea felicitar a ese colectivo «por su esmerada atención a los pacientes que allí acuden aquejados de dolores en distintas partes del cuerpo».
Precisa Amada que «en dicha clínica se observa una organización, buen trato y profesionalidad que sirven de ejemplo. En nuestras múltiples visitas observamos una exigencia administrativa y una disposición de los trabajadores, con amor y cariño, que permiten resultados tan satisfactorios».
Al final, son curas de esos dolores del alma que otros provocan con sus descuidos.
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