Acuse de recibo
Esta columna mantendrá el puente de la confianza. Confianza en los ciudadanos, que muchas veces vienen de vuelta de mil infortunios, y también en las instituciones, cuyos funcionarios deben responder transparentemente, haciendo valer los principios de la democracia socialista.
En una sociedad que se esfuerza por rescatar los valores esenciales, a veces resquebrajados por penurias económicas, siempre apelaremos al decoro, a la decencia de las personas y su capacidad de diálogo.
El 9 de marzo último, publicamos el caso del habanero Yorasqui Manuel Albolaes Espinosa (Calle 3, entre 8 y 10, No. 810, Bejucal), quien clamaba por la devolución de su vivienda.
Contaba Yorasqui que en el momento en que entró a prisión se hallaba realizando los trámites para legalizar el domicilio, en el cual habitaba desde ocho meses antes. Evocaba que mientras cumplía su sanción, fue visitado por los compañeros de la Dirección de Vivienda del territorio, quienes le pidieron prestara su hogar a una trabajadora de Salud Pública, cuya casa había sido golpeada por un huracán.
El remitente accedió al pedido, según afirmaba, pero al salir de presidio e intentar recuperar el inmueble le informaron que ya la compañera era propietaria de este.
Al respecto llega la misiva de Alexis Ortiz Díaz, director de Vivienda en La Habana. Refiere Alexis que inmediatamente se inició la investigación del asunto.
«Lo alegado por Albolaes Espinosa —argumenta el directivo— es falso, pues el inmueble al que hizo alusión es un local que pertenece al Sector Militar del municipio bejucaleño y que, por decisión del órgano local del Poder Popular, lo recibió en préstamo de manera temporal, debido a que tenía bajo su abrigo una hija de diez meses y se encontraba sin lugar donde vivir.
«Se trata de un bien del Estado que nunca le fue asignado en propiedad ni en arrendamiento, y así lo confirmó el propio Yorasqui en la entrevista que se le realizó, por lo que no le asiste derecho alguno sobre el mismo».
Tras quedar desocupado el local en el año 2000 —agrega el dirigente—, el Gobierno de Bejucal lo prestó nuevamente, en esta ocasión a la enfermera Gloria Olazábal Rodríguez, cuyo núcleo familiar está integrado por siete personas, dos de ellos menores de edad, quienes aún residen en ese inmueble.
La edificación —recalca Alexis— «es un bien estatal, respecto del cual el Sector Militar mantiene interés, amén de que no cumple con los requisitos mínimos indispensables para considerarlo vivienda adecuada, entiéndase condiciones higiénico-sanitarias, entre otras, por ende no puede ser legalizado como tal».
No es facultad de la Dirección Provincial de la Vivienda, ni de sus dependencias municipales entregar inmuebles del fondo estatal. Ello se realiza a través de las comisiones de Vivienda de los órganos locales del Poder Popular, enfatiza el funcionario habanero.
«Tanto Yorasqui como Gloria se encuentran a la espera de que la Comisión de Vivienda del municipio les pueda asignar alguna que se encuentre a disposición del Estado, para lo que se sigue un orden de prioridad, atendiendo principalmente a las necesidades y situación social de cada familia», aclara.
Y concluye su misiva: «Llamo la atención al periódico sobre lo poco serio que resulta publicar hechos falsos sin antes indagar sobre la veracidad de estos, aún más en esa sección que es tan seguida por los lectores y que con renovada constancia se ha ganado el respeto de todos, lo que pone en tela de juicio a los funcionarios de los organismos y entidades involucrados, mucho más tratándose de un sector que, como el nuestro, por diversas razones no siempre fundadas, se ha tornado blanco de reiteradas críticas».
Agradezco mucho la esclarecedora carta del Director y lamento profundamente que el remitente de la queja haya faltado a la verdad. Su mayor sanción está aquí y ahora, a la vista de miles de lectores.
En cuanto al párrafo final, estimado Alexis, si esta columna ha llegado a ser «tan seguida» y se ha ganado «el respeto de todos», como Usted afirma, se debe, entre otras cosas, a su sempiterno afán de confiar en el hombre. Tanto en el ciudadano sin rangos, afectado por un problema, como en el dirigente, que es un ciudadano más.
En cuanto a las críticas u opiniones negativas sobre un sector o entidad, solo la limpia ejecutoria diaria y la comunicación diáfana —como la respuesta que nos envía— mantendrán a salvo el prestigio institucional. Cada centro de servicio público es lo que hace y cómo lo hace con sus clientes. Nada más.
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