Documentos extraviados

Muere un año y comienza otro, y se siguen recibiendo historias, para convencernos de que ciertos males andan pegados a nuestras vidas como una lapa y que costará trabajo enderezar esas torceduras.

Tal es el caso de Eliecer Rodríguez —vecino de 411 A, entre 184 y 186, en el reparto Lídice de Santiago de las Vegas, municipio capitalino de Boyeros—, quien denuncia a la Dirección Municipal de Planificación Física, por lo que le ha hecho esperar, en casi ya un año transcurrido, desde que inició un proceso para obtener el título de propiedad, por herencia de su difunto padre.

Por estos días de 2017, lo citaron para supuestamente recoger el certificado de propiedad de la vivienda. Y se topó con que la abogada que llevaba el caso no está trabajando, porque tiene a su hija enferma, algo perfectamente comprensible.

Lo que sí no entiende Eliecer es que otro abogado le informó que debe iniciar de nuevo el proceso con él, porque no tiene conocimiento del caso. Tampoco, increíblemente, constan en esa entidad los documentos de la legalización. Están extraviados.

Eliecer está muy molesto y señala: «¿Hasta cuándo tendremos que soportar las ineptitudes y desidias del personal que atiende estas funciones? Exijo una rápida respuesta a este caso y que se sancione a la persona  implicada en esta falta de seriedad para con el cumplimiento de la legalización de una vivienda».

Espero que el Instituto de Planificación Física investigue profusamente este episodio y dé respuesta a nuestra sección.

Responden sobre caso de Virgen

Aún quedan por revelar respuestas de 2016, como la de José Majín Hernández, director de Prevención, Asistencia y Trabajo Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a la queja de Virgen Pupo Rojas, vecina de calle D No. 54, en el poblado avileño de Vicente, y reflejada aquí el 30 de octubre del pasado año.

Recordemos: Virgen contaba que su hija de 13 años padece el síndrome de Down y es ciega, no habla ni camina, ni se alimenta por sí sola; tiene parálisis cerebral infantil y severos problemas auditivos.

El Estado le brinda una prestación de Asistencia Social de 158 pesos, insuficiente para su núcleo familiar integrado por su esposo, con cardiopatía isquémica y de certificado médico en aquel momento, y su otro hijo, entonces de 15 años, que ha repetido el octavo grado tres veces.

Advertía Virgen que los escasos ingresos de la familia son insuficientes para los gastos de alimentación y medicamentos, y que los trabajadores sociales que atienden el caso no la visitan con frecuencia.

Al respecto, señala Majín, que Virgen permanece al cuidado de su hija, el otro hijo presenta un retraso mental ligero, y el esposo, Alfredo Ávila Ricardo, es trabajador de la UEB agrícola El Mambí, con un salario promedio, en los últimos 12 meses, de 726 pesos. Padece angina de pecho y problemas en el sistema ventricular, por lo cual presentó certificado médico del 19 de julio al 17 de agosto de 2016, con salario y subsidio. Y ratifica que el núcleo recibe desde noviembre de 2015 una prestación de Asistencia Social de 158 pesos mensuales.

Se comprobó, agrega, que han sido atendidos por el trabajador social correspondiente. Se analizó, de conjunto con la Dirección Municipal de Educación y el Consejo de la Administración Municipal (CAM), la situación escolar del hijo por la recurrente repetición del curso. Y se decidió aprobar de manera excepcional su vinculación al trabajo, como obrero agrícola en la misma UEB, en la brigada de hortalizas, para que contribuya a la manutención familiar.

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