Acuse de recibo
Miriam Lau Valdés, directora de Comunicación Social y Relaciones Internacionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), ostenta un récord: el mismo día en que se publicó una queja sobre tratamiento laboral en medio del coronavirus, ella nos envió su respuesta. Un ejemplo de comunicación ágil y eficiente en tiempos excepcionales.
El pasado 9 de abril Yunaidis Fuentes Zabala, trabajadora del policlínico René Vallejo Ortiz, de la ciudad de Manzanillo, en Granma, contaba que es madre soltera de una niña de tres años, asmática crónica y alérgica, la cual está en una de sus crisis, y fue suspendida del círculo infantil.
Y en medio de la Covid-19, tras reunión con la Directora del policlínico, la Jefa de Recursos Humanos y la Secretaria del sindicato, le dijeron que por su situación debía ir a casa cobrando el ciento por ciento del salario en el primer mes, y luego, el 60. Horas después, le informaron que la medida era solo para los mayores de 60 años. Al final, le dieron certificado médico, pues sin él tendría que ir para la casa con licencia sin sueldo.
«Quisiera que me aclararan mi actual situación y la de muchos trabajadores que se encuentran en las mismas condiciones, pues luego de vencido el certificado médico retorno a la misma incertidumbre», concluía Yunaidis.
Al respecto, Miriam Lau Valdés respondió que el MTSS indicó que los trabajadores que no sean adultos mayores, pero tengan condición de fragilidad por enfermedades crónicas, y como medida preventiva ante la COVID-19 no se mantengan laborando, tienen una garantía salarial del ciento por ciento de su salario básico el primer mes, y después el 60 mientras dure el aislamiento.
También, añade, las madres que adopten la decisión de no llevar al niño al círculo infantil o cuidador particular para cumplir con el aislamiento social (y que no fueron declaradas por las administraciones donde laboran como interruptas o se encuentren laborando a distancia) reciben durante el primer mes una garantía salarial equivalente al ciento por ciento del salario básico, y posteriormente, el 60 por ciento, hasta tanto se mantenga la situación epidemiológica.
Afirma la funcionaria que Yunaidis tiene derecho a acogerse a una de las dos variantes.
La propia Directora de Comunicación Social y Relaciones Internacionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social también respondió la inquietud de Leslie Pérez Font, del municipio habanero de Arroyo Naranjo, quien contó aquí el pasado 7 de abril que es madre de dos niños, labora como cajera en un banco, y está de licencia de maternidad por embarazo. Su esposo es enfermero, y su mamá, que vive con ellos, es médico. Con la situación de la Covid-19, ambos están sobreocupados, y cuando llegan a casa ya los expendios de alimentos están cerrados.
Leslie intentó salir a comprar los alimentos, y dejó a sus dos hijos con una vecina de la tercera edad. Pero en su estado no es recomendable andar por la calle y hacer colas. Le han dicho que debe apoyarse en sus vecinos. Pero estos, decía, son personas de la tercera edad.
Y refería que no pudo apoyarse en los trabajadores sociales allí, pues según ellos la mensajería no está incluida en su contenido de trabajo. Solicitaba alguna fórmula de apoyo y cooperación para personas que, como ella y su familia, por su cuadro tan particular, merecen tratamiento casuístico en tal sentido.
A propósito, responde Miriam Lau que «los trabajadores sociales, si bien se encuentran atendiendo de forma priorizada a adultos mayores y personas en condiciones de vulnerabilidad que viven solos, tienen la indicación de ofrecer una atención diferenciada a los núcleos familiares más vulnerables, para evaluar los problemas que identifiquen y tramitar la solución con la autoridad competente.
«Por lo tanto, el trabajador social que la atiende debe evaluar y coordinar con los factores de la comunidad, especialmente los CDR y la FMC, para buscar una solución a su caso», concluye Miriam.
¿Será posible que un trabajador social restrinja su solidaridad y apoyo en estos momentos?, me pregunto.
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