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LOS socios de Posada en Miami no paran mientes. La aviesa y precavida moción del gobierno de Estados Unidos para impedir que el mentiroso «inmigrante ilegal» hable sobre sus viejos, profusos y estrechos contactos con la CIA en el juicio del 11 de mayo, va a tener su réplica. Los abogados del terrorista, respondones y, más que eso, seguros al tener como posesión «secretos» archidenunciados que en su voz serían verdaderos escándalos contra Bush y administraciones que le antecedieron, están alistando ya un recurso de respuesta a la mordaza que se les quiere imponer .
Según trascendió este lunes, el equipo de la defensa —cuya cabeza visible ha sido en los últimos tiempos Arturo Hernández—, prepara otra moción para anular el intento de Washington de frustrarles el chantaje en que basan, a todas luces, su estrategia con vistas al juicio de El Paso.
«Hay un historial de colaboración con la CIA establecido por mi cliente, y vamos a objetar de inmediato la moción del gobierno», reiteró Hernández, según El Nuevo Herald.
En opinión del periodista Lázaro Fariñas, «lo que está haciendo la defensa de Posada es recordar que él fue agente de la CIA e hizo labores para este gobierno, y este gobierno tiene que tomar eso en cuenta», declaró desde Miami a JR, vía telefónica. «Es una “buena” defensa, pero destaparía una olla de grillos».
En la audiencia del 3 de abril para decidir si le daban o no la fianza, ya los compinches del terrorista habían mostrado la puntita del pie. Cuando la jueza Kathleen Cardone recordó que el acusado había entrado a Estados Unidos portando pasaportes falsos, el abogado respondió: «La CIA se los dio».
Ahora, no contentos con la fianza que tiene en su condominio a un hombre que constituye un «peligro para la comunidad» —como se ha reconocido reiteradamente durante el proceso—; intranquilos pese a la reticencia de las autoridades a acusarlo como el terrorista que es, los allegados de Posada quieren que tampoco se le castigue «mucho» el día 11, cuando se ventilen los cargos por haber mentido acerca de su entrada a Estados Unidos.
Tal vez sus amigos se preparan para la eventualidad de nuevos cargos que, se afirma, podría presentar contra el criminal un jurado de Nueva Jersey. ¿O es que existe otra causa para desafiar al gobierno de Bush? ¿Acaso cocina algo la administración para salir, finalmente, de la «papa»?
Indiscutiblemente, el ejecutivo republicano teme más a lo que Posada revele, que a confirmar lo que hace tiempo está en tela de juicio: la honestidad de su declarada cruzada contra el terrorismo, cuestionada hoy por más de un diario influyente a tenor de este caso.
La moción presentada por las autoridades de Washington el fin de semana ratifica que les preocupa mucho lo que Posada esté dispuesto a decir y, sobre todo, reitera el propósito de desmarcarse de él a partir de 1976, uno de los años más sangrientos de la Operación Cóndor, y cuando documentos desclasificados acerca de la reunión constitutiva de la terrorista CORU en República Dominicana, indican que EE.UU. sabía de los preparativos de la voladura del avión cubano en Barbados, entre otras fechorías terribles que se cometieron durante esos meses. Por otra parte, en esa época, la CIA estaba dirigida por el padre de este Bush.
El «proceso», como el perro tras la cola, da una y otra vez la vuelta. Los vínculos de Posada con la CIA —dice la moción del gobierno— no cuentan en este juicio instaurado contra el «inmigrante ilegal» por mentir. Y claro, Posada será el día 11 ante la justicia solo un mentiroso inmigrante ilegal, porque el gobierno no ha dejado que se le encause como terrorista. Ahora tampoco, entonces, podría dejarlo hablar.
