Gobernadores bolivianos opositores accedieron al diálogo planteado por Evo Morales

La unidad del país, el referendo revocatorio, el proyecto de Constitución y cómo repartir el impuesto a los hidrocarburos, figuran en la agenda de debates 

Autor:

Marina Menéndez Quintero

La oposición despidió 2007 colocando a Bolivia al borde de la violencia, y abre 2008 conversando. Ninguna otra noticia podía ser más halagüeña en la apertura de un año crucial para terminar de colocar los cimientos de la refundación: que el pueblo apruebe la nueva Constitución en referendo es la piedra angular del cambio, y ello debe ocurrir en breve. Resulta muy saludable que ese nuevo encuentro del pueblo con las urnas se haga en un ambiente signado por la declarada aspiración de los gobernadores a soluciones políticas distantes de su anterior apuesta a la confrontación, si bien ello no significa que los enemigos de las transformaciones arriaran banderas.

Después de reiteradas negativas, la anuencia de los gobernadores de la llamada Media Luna al diálogo planteado por Evo, marca un enero auspicioso. Pero el mantel tendido el lunes sobre la mesa no estará exento de jalones, y es posible que más de una vez se derramen sobre él algunas copas.

La conversación sostenida en el Palacio presidencial duró hasta casi el amanecer de este martes, y dejó establecida una agenda donde figuran asuntos trascendentes para el cambio que fueron, precisamente, los ejes del conato separatista planteado el año pasado por los prefectos junto a los llamados comités cívicos y la derecha política. Hoy por hoy se mantienen sus cuestionamientos a la nueva manera de repartir el Impuesto Directo a los Hidrocarburos para sufragar con él la renta a la vejez— el llamado Bono Dignidad—, y siguen tachando de ilegal al proyecto de texto constitucional. También quieren que se reconozcan los estatutos autonómicos proclamados en sus respectivas provincias, en franco desconocimiento de la ley.

Sin embargo, el hecho de que haya disposición a discutir esos puntos junto a otros en los que se mantiene el disenso, abre una necesaria tregua.

Contra el viento y la marea agitados por la mayoría de los gobernadores y los denominados comités cívicos —instrumentos de la oligarquía—, la Asamblea Constituyente terminó de aprobar en diciembre el proyecto de Carta Magna soportando todo tipo de estratagemas dilatorias, y hasta vejámenes y agresiones. El Senado, en tanto, se veía obligado a aprobar el polémico Bono Dignidad con la ausencia de los legisladores de la oposición y acosado por las turbas, en una sesión casi clandestina.

Ahora, los temas están en el tablero del diálogo que acaba de instaurarse y continuará la semana entrante.

Ambos lados han expresado entera disposición al debate y, aunque nadie debe ser intransigente, hay aspectos en los que el ejecutivo no podrá conceder.

Según el vicepresidente Álvaro García Linera, el primer punto de convergencia es el referido a la unidad del país, que «no es un tema en debate; es un tema de compromiso reafirmado por el gobierno y en acompañamiento con los prefectos», afirmó.

En opinión del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, existe la decisión de lograr un pacto final para la unidad nacional tomando en cuenta «el rol del Estado en la economía, el apoyo al proceso de cambios, y la necesidad de seguir profundizando el proceso democrático con el desarrollo de las autonomías».

Los consensos en materias donde se contraponen visiones tan disímiles como las de la oligarquía y las del pueblo, no serán fáciles, y seguro tomarán en cuenta también la opinión de los movimientos populares que, al decir de Evo, tendrán que ser parte para que el acuerdo sea nacional, verdaderamente.

Mientras, sigue pendiente la definición del referendo revocatorio planteado por Morales para poner su cargo, y el de los gobernadores, en las manos del pueblo: una variante que, al parecer, no es del total agrado de aquellos, y podría haberlos persuadido de la necesidad de deponer la confrontación.

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