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CIUDAD DE PANAMÁ, julio 15.— Organizaciones sindicales panameñas sitúan la derogación de la ley 30, la denominada ley de aviación, como condición para participar en una mesa de diálogo convocada por el gobierno, en un esfuerzo de este por aliviar las tensiones sociales en el país, apuntó PL.
Como parte de los acuerdos para poner fin a un paro contra la legislación registrado la semana pasada en la provincia de Bocas del Toro, el ejecutivo dispuso la suspensión de tres de sus artículos y la conformación de una instancia para el intercambio con agrupaciones populares.
Dirigentes del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO) afirman ahora que están dispuestos al diálogo pero siempre que sea eliminada la normativa, y piden que la discusión no se limite a los aspectos relacionados con la temática laboral mientras quedan fuera otros que tienen que ver con el medio ambiente y la actuación de la fuerza pública.
Precisamente, la policía ha sido acusada de excesos en el enfrentamiento al movimiento huelguista de Bocas del Toro. Aunque fuentes oficiales dijeron que la represión dejó tres muertos, líderes sindicales declararon la víspera a Telesur que los fallecidos son seis, en tanto se hablaba de decenas de heridos, de los cuales varios perderían uno o ambos ojos, víctimas de disparos con perdigones.
Por su parte, el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (FRENADESO) consideró que la convocatoria a las conversaciones constituye un elemento de distracción utilizado por el gobierno. La iniciativa ve la luz tras los acontecimientos en Bocas del Toro y una huelga general realizada el martes por convocatoria de los sindicatos —también en rechazo a la ley 30—, y luego de que estudios de opinión dados a conocer esta semana reportaran una baja en la popularidad del presidente Ricardo Martinelli, a un año de haber tomado el gobierno.
Entre otros motivos, sectores sociales y políticos han dicho que rechazan la ley por considerar que es lesiva a los derechos del movimiento sindical, que otorga facultades a la policía que facilitarían la represión, y por estimar que pone en peligro el ecosistema al permitir a las transnacionales hacerse de porciones del territorio nacional sin requisitos que velen por el ambiente.
