Anhelos comunes y rejuegos peligrosos

En la agenda política de Colombia no deben quedar dudas de que la paz puja hoy por imponerse, aunque, paradójicamente, ello esté revelando la violencia de una sociedad donde el único obstáculo para conseguirla no es, precisamente, la guerra

Autor:

Marina Menéndez Quintero

De que la paz es posibilidad que puja hoy por imponerse en la agenda política de Colombia no deben quedar dudas, aunque, paradójicamente, ello esté revelando la violencia de una sociedad donde el único obstáculo para conseguir aquel derrotero no es, precisamente, la guerra.

Hace dos semanas, el atentado contra el ex ministro del Interior Julio Londoño mediante el estallido de una bomba adherida a su auto por un desconocido subrayó, por un lado, esa violencia que ha corrido a cuenta de las fuerzas ultraderechistas con brazo ejecutor en el paramilitarismo y, por el otro, la ojeriza que provoca en estas la posibilidad de que el conflicto armado se resuelva mediante la negociación.

Aunque muchos, incluyendo al propio Londoño —herido en la explosión que mató a sus dos guardaespaldas y causó varios heridos— acusan a las guerrilleras FARC, no pocos ven detrás la mano de los sectores reacios a ceder espacios a la insurgencia.

Un solo elemento bastaría para señalar a la oligarquía ultrarreaccionaria y a los miembros o desmovilizados de las bandas de exterminio. Esa misma tarde se discutiría en la Cámara baja del Congreso el cuestionado Marco para la paz —aprobado, pese a todo, pocas horas después de la explosión—, cuyos acápites se siguen afinando ahora para someterlos luego al criterio del Senado.

La estrategia parecería clara. Responsabilizar a la guerrilla, como hacen también muchos grandes medios internacionales de prensa, es la mejor forma de «demostrar» la «inviabilidad» del proyecto. O la «necesidad» de combatir el «terrorismo». Ese propósito solo beneficiaría a sus detractores.

Así, todo lleva a pensar que el Marco para la paz fue el resorte del atentado; una acción artera que, en una variante menos elucubrada, también pudo expresar, llanamente, la inconformidad de quienes se le oponen. Y las FARC no tendrían por qué aducir algo en contra.

En reiterada ocasiones durante los últimos meses, el movimiento guerrillero ha expresado sus votos por una salida de paz, luego de manifestar el compromiso de renunciar al secuestro —que tantas críticas le granjeó— como práctica de lucha.

Esta propia semana, la liberación por la guerrilla del periodista francés Romeo Langlois —quien acompañaba al ejército durante un operativo antinarcóticos cuando cayó en poder de la insurgencia— pareció, más que una demostración de fuerza, un acto político para contrarrestar las campañas mediáticas que la satanizan.

En lo que constituyó casi una concentración de masas a la que acudieron cientos de habitantes de veredas vecinas y niños con banderas blancas, según narraron reporteros, las FARC se disculparon con Langlois en un comunicado por haberlo calificado en un principio como prisionero de guerra, en tanto este afirmaba que nunca fue maltratado, reprochaba a las FARC haberlo mantenido 33 días «guardado», y aseguraba: «no necesitaba esta experiencia para conocer el conflicto colombiano ni la guerrilla. Tengo la convicción de que hay que seguir cubriendo este conflicto».

El compromiso de cesar los secuestros fue uno de los primeros requisitos expuestos por el mandatario Juan Manuel Santos para acceder a cualquier negociación. El Jefe de Estado pudo, tal vez, comprender que las FARC nunca accederán a la rendición incondicional después de casi 50 años sobre las armas, y a pesar de los duros golpes que les asestó la política militarista del ex presidente Álvaro Uribe, quien estimuló la delación y la deserción a cambio de dinero, y del que en las últimas semanas afloran sus nexos con el paramilitarismo. Al parecer, inexplicablemente, él mismo iba a ser víctima de un atentado en Buenos Aires, frustrado cuando se descubrió un artefacto explosivo en un teatro donde Uribe usaría de la palabra… ¡un día después!

¿Pensando en volver?

Por cierto, no faltan quienes, sobre el terreno, valoren que lo que busca asegurarse Uribe es la elección en los comicios presidenciales de 2014.

Tal vez ese sea el motivo que lo ha llevado también a erigirse como propagandista en el exterior del candidato de la oposición venezolana con vista a las presidenciales del próximo 7 de octubre, Henrique Capriles Radonski, a quien el ex presidente recibió en Bogotá para asegurarle el voto de los venezolanos residentes en Colombia.

Convertido, de mentor de Santos, en su enemigo, Uribe también ha denostado la ejemplar cooperación que en materia de seguridad fronteriza están materializando el actual presidente de Colombia y su colega Hugo Chávez, de cuya ejecutoria y del proceso que lidera vocifera ignominias siempre que puede.

Ministro de Defensa en los tiempos de Uribe, Santos parece hoy a años-luz del ex mandatario y podría ser, en verdad, el primer amenazado… No de muerte, claro, sino en su evidente deseo de dar un golpe de timón —suave, sin estridencias— al problema de la guerra en Colombia. Ello le granjearía los aplausos de una sociedad hastiada de la guerra… y lo catapultaría a la historia. Uribe, de quien se dice que sigue contando con amplias simpatías en la población, se sentiría personalmente más realizado aplastando con las armas a la insurgencia… Algunos dicen que es una deuda de sus tiempos de hacendado. Pero tampoco lo logró.

Así, analistas hablan hoy de una división en la conservadora alianza La U, que ubica a los uribistas de un lado y, del otro, a los seguidores de Santos.

Qué busca el proyecto

Ciertamente, no es poco lo que se dirime en el Congreso de Colombia en torno al Marco para la paz. Sobre todo, porque deberá ser acatado por quien gane la presidencia dentro de dos años. El proyecto tiene carácter de reforma constitucional, se une a otras legislaciones aprobadas en el mismo derrotero y, a pesar de que no ha trascendido a la opinión pública cada detalle, se sabe que busca sentar las pautas legales para la inserción en la vida civil de todos los irregulares armados.

Ello quiere decir que podrían acogerse a él tanto los ejecutores del paramilitarismo como los guerrilleros que optaran por la vida civil, o lo que también otros han dado en llamar la «lucha democrática».

Sus críticos le imputan que abre la posibilidad de llegar a cargos públicos a ex combatientes revolucionarios, pero ello ya ha sido negado por el presidente Juan Manuel Santos, primer impulsor de la ley, mientras otros le achacan que dejaría en la impunidad la comisión de crímenes atroces. Sin embargo, se trata solo de una presunción, pues la letra de la legislación ni siquiera está terminada con todos sus puntos y comas.

Ya en esos fueros, llama poderosamente la atención que uno de quienes así se exprese sea el propio Uribe, gestor de un plan de desmovilización de paramilitares criticado en su momento, justamente porque dejó sin castigo las masacres de «los para» contra la indefensa población civil. En un documento de 50 páginas, la Federación Internacional de Derechos Humanos acaba de estampar en un informe que durante los años 2002 al 2008, bajo el uribismo, se cometieron     3 345 ejecuciones extrajudiciales que luego serían presentadas como bajas en combate. Se trata de los llamados «falsos positivos»: civiles, mayormente campesinos, a quienes se les asesinó para luego vestir sus cadáveres con uniformes de las FARC, y engrosar así el número de «guerrilleros muertos en acción».

Alarma roja

Pero volvamos al atentado a Londoño, un hecho que a quienes leen los aconteceres entre líneas, no les tomaría por sorpresa. Pocos días antes, ya una luz de alarma permitía percibir los ríos turbios que se agitaban en el subsuelo político de la nación andina.

La denuncia, por Colombianos y colombianas por la paz, de la amenaza de muerte lanzada contra su líder, la ex senadora Piedad Córdoba, fue la primera muestra de la molestia que hacía presa en la ultraderecha cuando, desde el cierre en 2002 de las negociaciones con las FARC sostenidas por el ex presidente Andrés Pastrana, en San Vicente del Caguán, vuelve a pensarse, al menos, en una salida política.

Ciertamente, nuevos tiempos quieren abrirse paso en este complejo entramado, aunque ello sea tan difícil como quizá estas líneas no logren describir.

El cuidado del presidente Santos al evitar acusaciones sin pruebas —como hace la ultraderecha— contra la guerrilla, habla del deseo de no enturbiar aguas que, en este caso, no son mansas.

A mediados de abril, por primera vez el mandatario hablaba públicamente, durante un seminario en la Cámara de Comercio de Bogotá, de darle un «sí a la política y un no a las armas».

Luego, resultó sintomático que las presiones contra Piedad ocurrieran tras la contundente demostración de amplitud y fuerza brindada el 23 de abril, en las calles bogotanas, por la denominada Marcha Patriótica, que integran más de 1 700 grupos sociales y populares de diversa índole, y donde también tendría cabida la insurgencia en la eventualidad de una negociación. Así lo ha dicho Córdoba, una de sus líderes, respondiendo a preguntas de la prensa.

Pero, manipuladores, políticos derechistas y medios a su servicio quisieron presentar, por ello, a Marcha…, como «el brazo político» de las FARC. Con tal falacia buscan estigmatizar a una agrupación que bien podría convertirse en importante alianza política de izquierda, capaz de disputar el poder en las próximas elecciones si se lo propusiera.

A esas alturas ya era visible que las amenazas de muerte trascendían, pues, a Piedad, como lo ha demostrado después el atentado a Londoño. No porque estuviera en juego la vida del ex titular. El ataque también pudo ser un aviso a quienes pretenden cambiar el status quo. Y el primero es el hombre que ostenta la Presidencia. Quienes, como Londoño, insisten en acusar a ultranza a la guerrilla, se están ubicando hoy, peligrosamente, a su derecha.

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