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Consumado golpe de Estado en Paraguay

El pueblo se agolpa en las calles para mostrar su apoyo a Fernando Lugo. El Senado, erigido en tribunal, tomó juramento como presidente interino a Federico Franco

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Juventud Rebelde

ASUNCION, junio 22.— Una vergonzosa sentencia dictó este viernes el derechista Senado de Paraguay contra el presidente Fernando Lugo, cuando aprobó su democión por 39 votos, con cuatro en contra y dos ausencias.

Culminaba así un juicio político expedito que constituyó un golpe de Estado parlamentario, al acusar a Lugo, sin argumentos, de un supuesto mal desempeño en sus funciones.

Tras un proceso que transcurrió en apenas 30 horas y privó a Lugo del derecho de disponer de 18 días para la defensa —según apuntaron analistas— se determinó la destitución inmediata del Jefe de Estado, que fue separado así de su cargo.

Por decisión del Congreso, el vicepresidente Federico Franco, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) asumió pocos minutos después y de manera interina la jefatura del ejecutivo hasta el 15 de agosto de 2013, cuando debía concluir el mandato constitucional de Fernando Lugo.

Mientras el Congreso ofrecía su sentencia e interrumpía de manera abrupta el hilo constitucional del país, la policía se lanzaba a las calles a reprimir a los miles de paraguayos apostados en las afueras del hemiciclo y les arrojó gases lacrimógenos, agua y balas de goma. Telesur mostró imágenes de los grupos antimotines y de la policía montada, cuando ocupaba la Plaza de Armas frente al Congreso Nacional y disparaba, lo que obligó a retroceder a los manifestantes.

«Lugo amigo, el pueblo está contigo», era el clamor de los paraguayos apostados desde temprano fuera del lugar donde fue falazmente despojado de su legítimo presidente y quebrado un proceso constitucional que comenzó en 2008.

A través de las imágenes de la cadena multinacional se podía observar al pueblo en las calles y una tarima con micrófono servía de plataforma para quienes expresaban sus palabras de apoyo al presidente.

Según trascendió, muchos quedaron en sus localidades, impedidos de trasladarse a la capital por la negativa de empresarios transportistas, al tiempo que medios de prensa informaron de varios cortes de rutas en zonas del interior, donde partidarios de Lugo impedían el tránsito de vehículos, también en protesta por la inminente destitución del mandatario.

En alocución al pueblo, minutos después de conocer la sentencia, Fernando Lugo manifestó acatar la decisión del Congreso. «Como siempre, he actuado en el marco de la ley, aunque esta haya sido torcida. Me someto a la decisión del Congreso y estoy dispuesto a responder siempre a mis actos como ex mandatario nacional», afirmó en sus últimas declaraciones como Jefe de Estado, hechas desde la Casa del Gobierno.

«Hoy no es Fernando Lugo el que recibe un golpe, hoy no es Fernando Lugo el que es destituido, es la historia paraguaya y su democracia la que ha sido herida profundamente y a la que le han sido transgredidos todos los principios de la defensa de manera alevosa», añadió.

Antes de abandonar el Palacio presidencial en medio de los correspondientes honores militares y luego de ser aplaudido por sus colaboradores, Lugo agregó que no responde al plagio político, ni a la mafia ni al narcotráfico. «Respondí hoy y siempre al llamado de los compatriotas mas humildes del Paraguay», sentenció.

Pidió además que no se le niegue al pueblo el derecho de manifestar su opinión, y urgió a que no haya derramamientos de sangre por culpa de intereses mezquinos.

Líderes populares, sociales y medios de prensa califican la decisión del Congreso como golpe de Estado, y analistas aseguran que la sentencia y todo el juego ya estaba montado desde antes.

El elemento resorte para ese proceso, recordó PL, fueron los acontecimientos ocurridos el viernes 15 de junio, cuando 17 personas murieron —11 campesinos y seis policías— en enfrentamientos producidos durante el desalojo de la finca Morumbí, propiedad del ex senador del opositor Partido Colorado, Blas Riquelme, de los cuales se responsabilizó a Lugo.

Aunque se habla de personas infiltradas entre los campesinos que provocaron el disturbio, Lugo decidió remover al ministro del Interior, Carlos Filizzola, y al comandante de la policía, Paulino Rojas, y crear una comisión investigadora de la verdad, pero nada de eso fue suficiente para el Congreso.

El propio Filizzola en su papel de diputado, intentó denunciar ante el hemiciclo la maniobra que se había montado, pero inmediatamente le desconectaron el micrófono por el cual hablaba.

Solo alcanzó a calificar el apresurado juicio político como «circo» y afirmó que rechazaba «categóricamente esta farsa».

El canciller venezolano, Nicolás Maduro, quien integra una comisión de cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), recordó que la sentencia se lleva a cabo a nueves meses de las elecciones en Paraguay. «Se ha violado todo proceso de defensa y de derechos elementales sin prueba alguna, y se ha consumado un acto bochornoso», recalcó.

Maduro adelantó que los ministros de Exteriores del bloque regional informarían a sus respectivos presidentes sobre la situación acaecida en Paraguay y luego emitirían una declaración.

En horas de la tarde de este viernes, el secretario general temporal del bloque, Alí Rodríguez Araque, había avizorado que el Congreso paraguayo contaba desde antes con una «decisión previa», y se mostraba pesimista ante la posibilidad de mediación del Grupo.

Los presidentes de Ecuador, Bolivia y Argentina, Rafael Correa, Evo Morales y Cristina Fernández, respectivamente, momentos después de conocer lo sucedido en Paraguay, anunciaron que sus Gobiernos no reconocerían a ningún otro presidente paraguayo que no sea el legítimamente electo, Fernando Lugo.

El mandatario venezolano, Hugo Chávez, por su parte, repudió los hechos acaecidos en la nación paraguaya.

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