¿El agua al cuello?

Por primera vez una movilización unitaria como la que estremece la nación andina pone de relieve los problemas añejos y nuevos que padecen quienes constituyen mayoría

Autor:

Marina Menéndez Quintero

En medio de un paro nacional agrario y popular que por primera vez ha unido en protesta concertada a diversos sectores productivos y sociales de Colombia, la noticia, el jueves, de que el ejecutivo había cesado la erradicación forzosa de coca en el Catatumbo, resultó una gota de bálsamo tranquilizador.

Tres semanas después de levantar el bloqueo de caminos en la región del Norte de Santander, predecesor, justamente, de la movilización que estremece ahora a buena parte del país, los del Catatumbo valoraban ya sumarse a la huelga si no se cumplían los acuerdos pactados, y en virtud de los cuales quitaron las barricadas en sus predios y se sentaron en una mesa de negociación con el Gobierno que todavía está puesta. Tirar del mantel habría sido otro adarme que inclinaría aun más la balanza hacia el caos que pareciera vislumbrarse.

Sin embargo, el presidente Juan Manuel Santos reafirmó que quiere convertir al Catatumbo en un «laboratorio de paz», y fuentes de prensa locales aseveraron que la agenda de 14 puntos sigue avanzando.

Puede que la beligerancia demostrada por los campesinos y mineros de esa región, azuzada por acciones policiales represivas que contribuyeron a poner el conflicto en los primeros planos mediáticos, fungiera como detonante del paro actual…

Pero lo único comprobado es que aquella protesta resultó un aldabonazo para vociferar los históricos problemas del campo, motivo esencial del conflicto armado colombiano, en un panorama rural donde se dan la mano la persistencia del latifundio y la desigual distribución de la tierra; la pobreza de un campesinado que acude a la siembra de cultivos considerados ilícitos por falta de programas alternativos que les propicien la cosecha necesaria para sobrevivir; la presencia transnacional que saquea los recursos naturales; la vida paupérrima de una masa rural en la que el 64 por ciento califica como pobre, y donde entre tres y cinco millones de personas —según la fuente de que se trate— han resultado desplazadas en virtud de una violencia provocada no solo por la guerra sino, además, por la cruel acción paramilitar.

No faltaron quienes quisieran vincular los acontecimientos del Catatumbo con un supuesto estímulo por parte de la guerrilla. Pero lo real es que el único vínculo posible entre las demandas de sus moradores y las FARC-EP es que el movimiento insurgente tenía tomada nota de esos problemas —porque son los de todo el campo colombiano— y los puso sobre el tablero de las conversaciones de paz que el Gobierno y la  guerrilla sostienen en La Habana.

Si bien, en sus tres años de mandato, el ejecutivo de Juan Manuel Santos ha implementado medidas que buscan paliar la situación del campo —como la devolución de tierras arrebatadas mediante la violencia—, y algunos acuerdos han sido adoptados en el diálogo (aunque pendientes de implementación mientras no se debata todo el temario) diversos sectores consideran insuficientes   los pasos dados en el área rural por el ejecutivo, hasta hoy.

Protesta unitaria

Sin embargo, los motivos que tienen ahora en carreteras y calles citadinas a labriegos, mineros, profesionales de la salud y la educación; estudiantes y representantes de otros sectores sociales y sindicales como la Central Unitaria de Trabajadores, desbordan con creces los hechos del Catatumbo y rebasan, incluso, los dilemas del agro.

Aunque al Gobierno de Santos le está tocando apagar el fuego, las causas se remontan, también aquí, a décadas de una política calificada por observadores del patio

—como la agencia alternativa Ancool— de «un neoliberalismo autoritario y violento», reforzada en los últimos tiempos por la entrada en vigor de varios tratados de libre comercio que han contribuido a arruinar al pequeño productor, y perjudicado así a transportistas como los camioneros —también en paro—, con la elevación del precio de los combustibles; al comerciante, ¡al consumidor que carga con el encarecimiento de los precios!

No obstante, los padecimientos añejos parecen aderezados por la llamada Agenda Legislativa: un paquete de alrededor de 200 leyes y reformas constitucionales prometidas por Santos para hacer de Colombia, según ha dicho, un país «justo, moderno y seguro», pero que los manifestantes de hoy consideran instauradoras de políticas antiobreras y antipopulares, que cercenan derechos, privatizan, y entregan los recursos naturales al poder de las corporaciones foráneas.

Unas y otras causales se manifiestan ahora, de manera inédita. Porque lo que más descuella del denominado paro nacional agrícola y popular es la acción concertada de los gremios movilizados, nunca antes vista con esta conciencia de unidad y de respaldo al campo, aun cuando los distintos sectores que abrazan la medida tengan sus propias reivindicaciones.

Los estudiantes universitarios, quienes se han pronunciado por una plataforma común, piden con sus profesores más presupuesto para una educación de calidad y democracia en los recintos estudiantiles; los mineros, que cese la depredación del ambiente y la presencia transnacional al tiempo que sean reconocidas sus pequeñas propiedades; los médicos y enfermeras, mejores condiciones de trabajo y el acceso de las mayorías a los servicios de salud...

En declaraciones a Telesur, Héctor Álviz, una de las cabezas visibles del paro en esa esfera, pidió que el Estado responda por una atención de calidad y oportuna a los pacientes sin que medien las barreras financieras, en alusión a los llamados «carnés contributivos». Estudios de opinión sitúan a la salud como uno de los sectores que provoca más descontento en la población con un 70 por ciento de desaprobación, y el propio presidente Santos ha reconocido que es un flanco débil, sobre todo en los hospitales públicos, según publicó el diario colombiano El Tiempo.

Al parecer, la acción unitaria no ha tenido propiamente un acompañamiento espontáneo y habría sido adoptada el 22 de julio pasado en la localidad de Neiva, Huila, por casi un centenar de representantes de diversas organizaciones, provenientes de 21  de los 32 departamentos del país, a tenor con reportes cablegráficos.

Claro que tampoco debe verse la beligerancia social de estos días como algo «novedoso». No puede pasarse por alto la manera en que la protesta ha sido también históricamente reprimida en Colombia. Observadores cifran en 300 000 los sindicalistas objeto de la violencia sistemática, en una nación que han calificado como «la más peligrosa para la actividad gremial».

¿Secuelas políticas?

Pero, como todo en materia social y política, los acontecimientos aquí no pueden verse fuera de contexto. Por eso resultaría miope no sopesar que, casi casi al doblar, para marzo del año que viene, están previstas las elecciones que deberán renovar o ratificar la presidencia de Colombia.

Cualquiera podría preguntarse entonces si de las aguas turbias que hoy mueven al país, habrá quien trate de obtener réditos políticos.

Saca enseguida su mano peluda el uribismo, que ha emprendido una guerra mediática sin cuartel contra Santos, a cuya ejecutoria critica las conversaciones con las FARC-EP, carta antagónica a la salida militarista que el ex presidente Álvaro Uribe empleó para buscar, más que la paz, la derrota, por las armas, de la guerrilla.

Así, el asunto de la guerra-la paz sería piedra angular en las presidenciales.

Habiendo tenido a Santos por ministro de Defensa, Uribe parece erigirse hoy, sin embargo, en su peor enemigo, y sus huestes han llegado a llamar a este Gobierno «comunista» solo por buscar buenas relaciones con los países vecinos: Santos no solo reconstruyó los nexos con Ecuador; también rehizo los que Uribe destrozó con su agresión, aún latente, contra Venezuela.

En ese contexto, hay quienes vaticinan desde ahora que el uribismo será la opción más punzante si Santos —quien no ha confirmado, pero dijo hace pocos días que pensaba en ello— decide aspirar a la reelección. En esa variante, la ultraderecha militarista se aprovecharía bien de las actuales protestas si el Presidente no logra terminarlas «por las buenas».

Pero queda, de otro lado, el peso que la agitación social, de mantenerse, pueda tener en el electorado de cara a la izquierda, que no ha tenido en los últimos años un representante lo suficientemente fuerte por su amplitud como para desbancar a la política tradicional, desde el exterminio de la Unión Patriótica hacia principios de la década de 1990.

En el espectro político-social colombiano actual solo Marcha Patriótica, un joven conglomerado popular que reúne a más de 200 organizaciones populares y políticas, pudiera capitalizar el disgusto de los amplios sectores de la sociedad en protesta. Nació con la mira puesta en la lucha social y no ha dicho aún si decidirá postularse… Mas tengo la certeza de que los males de hoy podrían ser para mejor —no para peor—, si lo hiciera.

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