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Se dispara la sisimanía a pocos meses de las elecciones presidenciales. Autor: AP Publicado: 21/09/2017 | 05:44 pm
Los generales egipcios están muy cerca de lograr sus objetivos: desterrar de la memoria ciudadana la idea del zarpazo que dieron contra el presidente islamista Mohamed Mursi el pasado 3 de julio, afianzar sus privilegios y barrer del escenario político a la mayor fuerza opositora a la que se han enfrentado, la Hermandad Musulmana. Para eso ha servido el referéndum constitucional celebrado el miércoles y jueves de esta semana.
La democracia ha sido la única perdedora. Con la usurpación de poderes, creyéndose avalados en las elecciones democráticas celebradas en julio de 2012, después de la caída del dictador Hosni Mubarak y de 18 meses de mandato del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, entre otros errores, los islamistas demostraron no estar a tono con los cambios que exigía el pueblo egipcio y, de alguna manera, dieron las armas a los militares para emprender todo lo que vino después: el golpe, la persecución de los líderes de la Hermandad Musulmana, la demonización de esa cofradía y el ensalzamiento de las Fuerzas Armadas como única garantía de la estabilidad prometida.
Ahora, sin embargo, Egipto sigue varado en el mismo punto. La nueva Carta Magna, aprobada por el 98,1 por ciento de quienes acudieron a votar: 19 311 010 —el 38,6 porciento, según datos oficiales del ente electoral— legitima al poder militar tras las bambalinas de un Gobierno civil, el que no podrá controlar la fuerza del Ejército.
Ahora, por ley, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, y solo él, tiene la potestad para designar al ministro de Defensa (siempre un militar) durante las próximas dos legislaturas. El Parlamento tampoco puede decidir sobre el presupuesto de defensa, cuyo monto y manejo desconocido ha garantizado la vida del denominado Estado profundo en manos de los militares, quienes controlan entre el 30 y el 35 por ciento del producto interno bruto (PIB) de la nación. Para colmo, sus tribunales se arrogan el derecho de juzgar a civiles.
En el olvido quedarán no solo los desmanes cometidos hasta hoy por los militares, sino que de ahora en adelante no asumirán responsabilidades por la represión y violación de los derechos humanos y civiles.
Las Fuerzas Armadas continúan erigiéndose como la institución más poderosa de la nación norteafricana. ¡Los intocables!
No podía ser de otra manera, si valoramos que el texto constitucional fue redactado por un comité de 50 expertos, designado por el Gobierno de facto y aupado por los propios militares.
¿Camino despejado de ismalistas?
Como si los problemas de Egipto hubiesen surgido con la gestión de Mohamed Mursi, elegido en comicios libres, los militares, apoyados en el empresariado, los medios de comunicación y hasta en la intelectualidad liberal, han llevado a cabo una cruzada de desprestigio que raya en el extremo de culpar a la Hermandad Musulmana de los males de la nación, y de vender a los militares como los salvadores del pueblo por corregir el camino que tomaba el país cuando lo dirigía un presidente islamista.
Así, a este referéndum se ha llegado después de una cruenta represión contra esa cofradía, ilegalizada y estigmatizada como una organización terrorista.
Pero las masacres, la ilegalización, la incautación de fondos, la caza de líderes que pueden ser condenados a muerte… no bastan al Ejército y otros poderosos sectores interesados en mantener el statu quo y eliminar al contendiente islamista.
Por eso, la nueva Constitución está en sintonía con las disposiciones tomadas hasta el momento contra la poderosa fuerza islamista. En uno de sus artículos, la Carta Magna prohíbe la formación de partidos políticos sobre bases religiosas. De esta manera, después de tantos golpes bajos que le han dado a la Hermandad, quieren evitar su reorganización, conscientes de que el grupo, con fuertes raíces en la sociedad egipcia (no por gusto Mursi, el candidato de su brazo político, ganó las elecciones de julio de 2012, aunque ahora muchos egipcios quieran olvidar lo que consideran un error), ha sobrevivido a ocho décadas de proscripciones e ilegalización.
De este artículo constitucional deberá tomar nota también el partido salafista, Al Nour, que como fuerza islamista a favor del golpe y la ruta de transición de los militares, ha sido un elemento muy beneficioso para el discurso político del gobierno de facto.
Sin embargo, las autoridades actuales y las que resulten de las próximas elecciones —se realizarán dentro de seis meses, de acuerdo con el cronograma de transición— no deben desestimar que las prohibiciones pueden contribuir a radicalizar las posiciones de grupos islamistas y ser caldo de cultivo para el extremismo.
Además, a los partidarios de la Hermandad Musulmana les asiste una razón legítima: les usurparon el poder conquistado en elecciones democráticas con una asonada militar. Y eso les da fuerza suficiente para mantenerse en las calles exigiendo sus demandas, de la forma que puedan y les permitan las autoridades.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que la prohibición de partidos políticos sobre una base religiosa estaba incluida en la ley de partidos en vigor, aprobada por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, al usurpar las competencias ejecutivas después de la caída de Hosni Mubarak y vigilar la transición durante año y medio hasta que las elecciones de julio de 2012 pusieron a Mursi en la silla presidencial. Contrario a lo que se pretendió entonces, emergieron muchas agrupaciones políticas dentro de los movimientos islamistas y no solo el Partido Libertad y Justicia, de la Hermandad.
Pero la que realmente le preocupa al establishment egipcio es la Hermandad, por la fuerza que demostró este grupo en los pasados comicios, cuando su candidato derrotó a Ahmed Shafik, la ficha del Ejército y los sectores mubarakistas.
Rampa de lanzamiento para el hombre fuerte
Por el poder de legitimación que implicó la consulta popular, a las actuales autoridades y al propio Ejército solo les preocupaba el grado de participación ciudadana, pues sabían que el «sí» era seguro habida cuenta de que la oposición islamista boicoteó el ejercicio exhortando a no votar.
Al denominado Gobierno interino solo le interesa notar que asistió a las urnas el 38,6 por ciento de los convocados para contraponerlo al 33 por ciento de participación que tuvo el referéndum de hace un año para aprobar la Carta Magna redactada por los islamistas. Un número que, aunque no sobrepasó lo que esperaban las autoridades, les sirve para seguir defendiendo su cuestionada legitimidad y la de los planes que vendrán después.
Y entre los proyectos para el futuro inmediato de Egipto se encuentra la jefatura del Estado en manos de Abdel Fatah Al-Sisi, un desconocido hasta que Mursi lo nombró ministro de Defensa, y hoy el más famoso de la casta militar por haber liderado el golpe.
Una vez más Al-Sisi dejó entrever que podría presentarse a las próximas elecciones presidenciales. Algunos reportes refieren que discutirá su candidatura en una reunión prevista por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, después que el presidente Adly Mansour convoque a los comicios presidenciales.
Con el apoyo de los medios de comunicación que construyen su imagen como un héroe nacional, comparándolo incluso con el nacionalista Gamal Abdel Nasser, Al-Sisi gana popularidad actuando con mano dura contra los «islamistas-terroristas», la etiqueta de moda para la Hermandad Musulmana.
Ha resultado tan efectivo el culto a la personalidad de quien no tiene nada de héroe —es responsable de los más de 500 muertos (según datos oficiales) de la plaza de Rabaa Al-Adawiya, la peor matanza de civiles de la historia moderna en Egipto—, que se da por descontado desde ya el triunfo de Al-Sisi.
Se va cerrando el ciclo que legitima un golpe de Estado y perpetúa el statu quo en Egipto.
Quizá el único cambio desde las revueltas de enero de 2011, cuando en solo 18 días obligaron a Mubarak a dimitir, es que el pueblo pudo comprobar su fuerza para cambiar su destino, aunque para que esto último ocurra, se necesita de otros ingredientes esenciales, como un fuerte liderazgo nacionalista o de izquierda, los cuales no se dieron en las protestas de inicios de 2011.
No obstante, esperemos que a pesar de la coacción que los militares vienen ejerciendo sobre muchas libertades ganadas en la revuelta contra Mubarak, el pueblo egipcio no pierda conciencia de su fortaleza y, llegado el momento, sepa comprender que le quieren asesinar su lucha por la democracia y la dignidad.
Al-Sisi también se merece que le corten las alas. Pero el rumbo de los acontecimientos no indica que vaya a ocurrir hoy. Ojalá, una vez con la presidencia en la mano, no sea demasiado tarde.
