Otra vuelta de tuerca contra Venezuela

Posibles nuevas sanciones de EE. UU.

Autor:

Marina Menéndez Quintero

El secretario de Estado Rex Tillerson aseguró este miércoles desde Washington que el Gobierno de EE. UU. está trabajando en lo que denominó «una lista muy robusta de individuos» de Venezuela para ampliar sus sanciones por lo que llamó violaciones de los derechos humanos.

En sus declaraciones, formuladas durante una audiencia en el comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Tillerson dijo que tales labores se desarrollan con el Departamento del Tesoro, reportó EFE.

El despacho también cita a una fuente (que no identificó) del Consejo de Seguridad Nacional, la cual dijo a la agencia este mes que están considerando «una amplia gama de posibles sanciones» contra Venezuela, pero que «no se ha tomado ninguna decisión al respecto».

Según informes de prensa, añadió el cable, el Gobierno del presidente Donald Trump está considerando incluso sanciones contra el sector energético de Venezuela, incluida Pdvsa, aunque la Casa Blanca no ha confirmado ese extremo.

Por su parte, Tillerson subrayó que, aunque su Gobierno va a seguir «muy implicado» en los esfuerzos regionales para presionar por lo que identifica como una «solución» a la crisis política en Venezuela, especialmente en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA), también quiere ser cauto en su gestión del tema.

Para cualquier analista, dichas aseveraciones corroborarían las denuncias de las autoridades venezolanas, quienes revelan desde hace semanas la existencia de un macabro plan que azuza la violencia, en el intento de mostrar un país en caos o hacer inevitable las acciones defensivas, para llamar a una intervención extranjera que busca ahora justificarse en la reiterada manipulación y politización por Washington del tema de los derechos humanos.

Aunque Tillerson no identifica quiénes serían los individuos posiblemente sancionados, huelga suponer que no se refiere a los dirigentes del sector duro de la oposición agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que renunciaron al diálogo con el Gobierno, se rehúsan a participar en la Asamblea Constituyente y son, dentro del país, quienes convocan a los actos violentos que han dejado ya más de 70 muertos y un millar y medio de heridos, y violan el elemental derecho humano a la vida y a la paz.

Precisamente, las declaraciones de Tillerson respondieron a la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen (conocida por sus posiciones reaccionarias y ultraderechistas), quien le pidió al funcionario que «incluya a más violadores de derechos humanos» en las sanciones estadounidenses contra Venezuela, a la luz de las muertes ocurridas en las protestas de los últimos dos meses y medio.

Y Tillerson, por supuesto, no mencionó a los promotores de esos actos violentos, sino a las sanciones impuestas por el Tesoro, hace menos de un mes, a varios jueces del Tribunal Supremo de Justicia por lo que denominó «usurpar la autoridad» de la Asamblea Nacional.

Ya el seis de junio, AFP dio cuenta de las acusaciones de la embajadora de EE. UU. ante la ONU, Nikki Haley, quien señaló al Gobierno venezolano por «destruir los derechos humanos» y le instó a abandonar el Consejo de Ginebra.

En cuanto a la OEA, cuyo secretario general, Luis Almagro, y los países que se le han sumado, ya han fallado en dos intentos por imponer a Venezuela la Carta Democrática Interamericana, podría reunirse otra vez en torno al tema, la semana que viene, en Cancún.

El adelanto lo dio DPA desde Washington citando a fuentes diplomáticas, y también EFE, que menciona al ministro de Exteriores de Guatemala, Carlos Raúl Morales, —quien preside la reunión— en una nota remitida a la Secretaría General de la OEA, según el documento que se publicaría este miércoles y al que tuvo acceso la agencia.

Ello corroboraría no solo lo que dijo Tillerson, sino los alertas de observadores que advierten, en el inusitado incremento de la violencia por la oposición venezolana en las últimas semanas, el desesperado propósito de aplicar pronto esta estrategia intervencionista contra el Gobierno de Nicolás Maduro, que ya puede verse por dónde empieza.

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