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BARCELONA, septiembre 19.— El Gobierno español cierra el grifo de las finanzas a Cataluña para bloquear el referendo de autodeterminación que los independentistas catalanes quieren realizar el primero de octubre.
La medida, que hace peligrar el pago de salarios de miles de funcionarios, «es una irresponsabilidad total. Nos conducen a un colapso administrativo», según consideró el el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, al rechazar una medida «sin precedentes».
AFP reportó que el Ejecutivo catalán recurrió ante el Tribunal Supremo la decisión del Gobierno central de adoptar «un mecanismo de control de pagos» de Cataluña para evitar que financie alguna «actividad ilegal», en alusión a la consulta del primero de octubre, prohibida por la Justicia. Sin embargo, una portavoz del Tribunal Supremo declaró que este tipo de recursos «jamás es suspensivo», por lo cual la medida del Gobierno está «en vigor».
Alain Cuenca, especialista en financiación de las comunidades autónomas en la Universidad de Zaragoza y favorable a la unidad de España, consideró que «es una suspensión “de facto” de la autonomía financiera de Cataluña».
El Gobierno central dejará de suministrar dinero al Gobierno catalán y prevé pagar directamente las facturas de los servicios esenciales (hospitales, escuelas, Policía…), por un monto que se eleva a 1 500 millones de euros al mes.
«Quiere decir que (los dirigentes catalanes) ya no disponen de su dinero», explicó una portavoz del ministerio de Hacienda. «Tienen que hacer un cierre de caja y a partir de ahora no pueden generar ningún gasto más», abundó.
Francisco de la Torre, inspector de Hacienda y diputado del partido Ciudadanos, admitió: «¿Que hay menos autonomía? ¡Claro! Pero la gravedad de la medida va con la gravedad de los hechos».
El Gobierno lanzó la medida en respuesta al anuncio del Ejecutivo catalán de que no se sometería más a su control semanal, establecido en julio para asegurarse de que no se desviara dinero para la celebración del referendo.
Para el vicepresidente regional Oriol Junqueras, congelar las cuentas es una manera disfrazada de retirar la autonomía a Cataluña, decisión que en principio sólo podría tomarse mediante la aplicación de un artículo 155 de la Constitución, que conlleva un debate y el voto positivo de la mayoría absoluta en el Senado.
Firme en la defensa del referendo, Junqueras afirmó que su Ejecutivo tiene los recursos «y, por tanto, lo que haremos es cumplir nuestras obligaciones».
Del otro lado, para evitar la utilización «ilegal» del dinero, el Gobierno también pidió a los bancos controlar estrictamente todos los movimientos de las cuentas y tarjetas bancarias del Ejecutivo catalán.
