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No puedo respirar. Autor: EFE Publicado: 03/07/2021 | 07:13 pm
Fuegos artificiales y asados, competencias de hotdogs, desfiles, festivales y parafernalia de todo tipo para usar como disfraces, eso sí, rojas, blancas y azules, y estas en USA un 4 de julio. En este 2021 de pandemia COVID-19 —más de 34 millones y medio de contagiados y 620 000 fallecidos—, quizá disminuyan un poco los festejos por los 245 años de la Declaración de Independencia, aunque las estaciones de servicio se estaban quedando sin gasolina antes de este fin de semana festivo, pero las preguntas y los problemas serán las mismas en la ¿«tierra de los libres, hogar de los valientes»?, según califica el himno del país, cuya bandera recoge barras y estrellas.
A pie juntillas se enseña en las escuelas y se cree lo que escribió Thomas Jefferson dando nacimiento a Estados Unidos —cuando fue adoptada en 1776 por el Congreso—, y a una fábula que todavía seduce al mundo: «Sostenemos como evidentes estas verdades: que los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad»…
Ni entonces ni ahora, la famosa frase que constituye una declaración de principios justos, pero falacias en la práctica, se cumplía ni se cumple.
En primer lugar, literalmente se hablaba de los hombres, no de las mujeres, quienes tuvieron que luchar y duro por sus derechos. Solo en 1920 se aprobó la 19na. Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que estipula que ni los estados de los Estados Unidos de América ni el Gobierno federal puede denegarle a un ciudadano el derecho de voto a causa de su sexo, cuando esa facultad de personas libres se había propuesto desde 1848.
Agrego otro derecho, solo uno más, todavía conculcado a las mujeres, en Estados Unidos: la brecha salarial entre hombres y mujeres es del 64 por ciento, lo que significa que las mujeres ganan más o menos dos tercios de lo que ganan los hombres por un trabajo similar. Estados Unidos está clasificado en la posición no. 74 en cuanto a la igualdad salarial entre 145 países.
También en primer lugar los hombres no eran iguales. En la propiedad de Jefferson en Monticello, Virginia, vivían en las pobres barracas colindantes a la lujosa mansión y trabajaban en sus plantaciones 600 «esclavos felices».
George Washington, Thomas Jefferson, James Madison, James Monroe, Andrew Jackson, Martin Van Buren, William Henry Harrison, John Tyler, James K. Polk, Zachary Taylor, Andrew Johnson y Ulysses S. Grant fueron presidentes de Estados Unidos y dueños de esclavos negros, factor importante en la acumulación de riquezas hasta que las industrias de los estados norteños dominaron la economía, la sociedad y la política de la nación.
Ni aun con la aprobación en 1865 de la 13ra. Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, en la que se abolía oficialmente la esclavitud, «los hombres fueron creados iguales». Tampoco se logró en la etapa de la llamada Reconstrucción 1865 a 1877, en que no se logró la reconciliación Norte-Sur, ni la emancipación que pretendía libertad plena constitucional y ciudadanía para los afroestadounidenses; sin embargo, se enraizó la visión de supremacía blanca, con sus herramientas de terror y violencia, que dura hasta nuestros días. ¿Acaso no los vimos tomar nuevos aires durante la presidencia de Donald Trump y ejercer su poder con la toma del Congreso el pasado 6 de enero?
Solo con la ley de Derecho al Voto de 1965 (en inglés Voting Rights Act of 1965) que firmó Lyndon B. Johnson y prohibió las prácticas discriminatorias en el derecho al voto a los afroamericanos se obtuvo una vía para hacerse expresar políticamente. Fue entonces una gran victoria luego de más de un siglo de lucha contra el racismo, la cual continúa hoy.
¿Otra ley de derecho al voto?
Sin embargo, estamos en 2021 y se batalla por una legislación llamada Ley para el Pueblo, con el objetivo de preservar los derechos de voto, no solo para los afroamericanos, sino para todos los estadounidenses, pues el Centro Brennan para la Justicia ha reportado que a principios de junio se han promulgado un total de 24 leyes estatales —en legislaturas y gobernaturas controladas por los republicanos—, que restringen, suprimen o dificultan el acceso al voto, especialmente a sectores que favorecen a los demócratas y ello incluye a las minorías étnicas, entre otros.
El presidente demócrata Joe Biden las ha llamado las leyes de «Jim Crow en el siglo XXI», y el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, republicano por Kentucky, ha liderado la oposición al proyecto de ley de derechos de voto como parte de su política declarada de oponerse a casi cualquier cosa que el presidente Biden apoye. «Ciento por ciento de mi enfoque está en detener esta nueva administración», dijo McConnell en mayo.
El pasado jueves 1ro. de julio, la Corte Suprema —en la cual Donald Trump dejó una huella profunda durante décadas, al garantizar con tres nombramientos vitalicios el peso decisivo de los jueces más conservadores antiaborto, pro armas, contra los servicios sociales, antirregulación y anti-LGTB—, en una decisión de 6-3 dictaminó que un par de restricciones de voto dictadas por el estado de Arizona y respaldadas por los republicanos no entran en conflicto con la ley federal, y con ello asestó un golpe a los defensores de los derechos de voto.
Los tres liberales de la Corte emitieron una declaración de disidencia de 41 páginas acusando a la mayoría conservadora de continuar una tendencia de socavar las protecciones federales de voto.
«Lo que es trágico aquí es que la Corte ha rescrito (una vez más) —con el fin de debilitar— un estatuto que se erige como un monumento a la grandeza de Estados Unidos, y protege contra sus impulsos más bajos», escribió la jueza Elena Kagan. «Lo trágico es que la Corte ha dañado un estatuto diseñado para lograr “el fin de la discriminación en la votación”». Y aunque el presidente Biden en un comunicado dijo que estaba «profundamente decepcionado» por el fallo de la Corte Suprema, nada puede hacer ante ello.
Una realidad se impone, con un Senado donde los demócratas son simple mayoría, poco pueden hacer para lograr la aprobación de la Ley para el Pueblo.
«El 6 de enero, a todos se nos recordó en los términos más crudos que el Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo no está garantizado», escribió en un artículo el senador Jeff Merkley, quien es el principal patrocinador de la Ley para el Pueblo.
Y agregaba el legislador demócrata por Oregón: «Pero una turba violenta desatada en el Capitolio de Estados Unidos no es la única manera de atacar una democracia. De hecho, nuestra democracia “Nosotros el Pueblo” ha estado bajo asedio durante décadas, ya que los poderosos y los privilegiados han canalizado miles de millones en dinero oscuro a las elecciones y socavado el derecho de los ciudadanos estadounidenses a votar. ¿Por qué? Así que el Gobierno hace sus órdenes en lugar de reflejar la voluntad del pueblo».
Mucho más que el voto en las desigualdades, en la discriminación y el racismo estructural de la sociedad estadounidense al punto de que algunos consideran que es la verdadera crisis de salud de esa nación donde, casi dos siglos y medio de su nacimiento, la supremacía blanca sigue imponiéndose y sobre todos, sea cual sea el color de la piel, un puñado de multimillonarios acaparan riquezas y bienestar. Eso es el capitalismo. Aunque los fuegos artificiales y la ingesta de perros calientes alcancen para todos.
