MIAMI.— La tortura se define como «un acto de causar daño físico o psicológico intencionalmente como venganza por un hecho cometido por la víctima o meramente para el entretenimiento del torturador». Este daño se puede causar de diversas maneras. La tortura está condenada en el Artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El 27 de mayo de 2005 —va a hacer dos años el mes próximo—, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, declaró arbitraria la detención y prisión de los Cinco: Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González, por contravenir el Artículo 14 de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos e instó al gobierno de Estados Unidos a adoptar las medidas necesarias para remediar esta situación de conformidad con el Derecho Internacional.
El dictamen del Grupo de Trabajo es extremadamente importante ya que es el mecanismo aceptado por los Estados Miembros para que la ONU haga valer sus criterios sobre los aspectos del Derecho Internacional que se relacionan con estos casos.
El gobierno de Estados Unidos caprichosamente rechazó el dictamen del Grupo de Trabajo despreciando así, una vez más, a la justicia en su encono contra los Cinco.
Los Cinco llevan injustamente presos ocho años y siete meses bajo condiciones penosas en cárceles norteamericanas. Esto lo ha podido lograr el gobierno de Estados Unidos acusando falsamente a los Cinco de cargos por conspirar para cometer espionaje en contra de Estados Unidos y sosteniendo enmarañados procesos judiciales en los tribunales. Acusación y procesos que burlan la justicia y la decencia y equivalen por su ensañamiento e iniquidad a la tortura.
Los Cinco, como toda persona medianamente informada en Miami sabe, estaban allí tratando de lograr informaciones sobre los planes de organizaciones terroristas de la extrema derecha cubanoamericana para realizar actos terroristas en Cuba y en otros países, incluido este, como esos terroristas han estado haciendo durante los últimos casi cincuenta años.
Su detención y arbitrario encarcelamiento obedece a la política de los gobiernos de Estados Unidos que desde comienzo de los años 60 reclutaron, entrenaron, organizaron, financiaron y dirigieron a estas bandas terroristas en su afán por destruir la independencia de Cuba. Y desde entonces esos gobiernos les han brindado a estos terroristas la protección que prácticamente les garantiza la impunidad en su territorio. Impunidad que estos terroristas emplean para planificar sus maléficos proyectos.
Como las autoridades federales encargadas de estos vitales asuntos no cumplen con lo que las propias leyes norteamericanas establecen sobre el terrorismo, Cuba se ha visto obligada a saber de esos proyectos terroristas contra su pueblo y por eso los Cinco estaban aquí infiltrados en esas organizaciones subversivas. No estaban aquí para «destruir a los Estados Unidos» como engañosamente mantuvo la fiscalía federal al jurado durante el juicio de los Cinco en Miami.
Y esto todo el mundo en Miami lo sabe. Lo sabemos porque aquí los terroristas son nuestros vecinos, porque vivimos casa con casa con los lugares donde ellos guardan —a sabiendas de las autoridades— sus mortíferos arsenales, porque aquí los terroristas son agasajados por los políticos de turno y los grandes empresarios, y logran así, a través de esa legitimidad y del terror, someter al silencio y a la intimidación a toda una población.
Es por esa complicidad de las autoridades con estos terroristas que el gobierno de Estados Unidos mantiene encarcelados a los Cinco, en vez de enjuiciar a los terroristas; rechaza el dictamen del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU; y enmarañará interminablemente los procesos judiciales de los Cinco. Procesos que burlan la justicia.
Ensañamiento e iniquidad, por parte del gobierno de Estados Unidos en contra de los Cinco, que equivale a tortura.
* Director de Areítodigital
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