Guerra avisada no mata... Así dicen. Solo que esta vez, el alerta de los posibles muertos no está dirigido, precisamente, a los soldados. Es tal lo que puede colegirse de la casi anunciada represión que precede a la huelga general convocada para este miércoles en Perú por la Confederación General de Trabajadores (CGTP), si es que el adelanto de la protesta en algunas regiones, y la misma parafernalia bélica destacada por el gobierno, no está provocando, ahora mismo, los encontronazos que temen y denuncian los sindicalistas.
Un ejército movilizado para enfrentar a los huelguistas. Foto: Perú 21 El despliegue parece exagerado en Perú hasta para quienes nada tienen que ver con el sindicalismo, y obedece a un decreto supremo del ejecutivo de Alan García, que pretende dar cierta legitimidad solemne a una medida considerada de fuerza aún antes de que alguien entre en acción: se ha movilizado al ejército, a la marina y hasta a la fuerza aérea, en tanto un comunicado oficial ha adelantado que se considerará «delito», incluso, el bloqueo de avenidas. También se incluyeron en ese rango las «amenazas» o agresiones contra la integridad individual, y los ataques a las propiedades públicas y privadas.
Los manifestantes tendrán que andar al hilo. Sobre todo, porque es muy difícil definir qué acto puede ser considerado una «amenaza», y desatar los gatillos o las espoletas de las granadas lacrimógenas. Aunque nada de eso sería definitorio si, como advierten los líderes de la CGTP, se infiltran provocadores entre los manifestantes.
Las críticas al despliegue llegan de todas partes. Sin embargo, nadie ha hecho caso. El ministro del Interior, Luis Alva Castro, dijo confiar en el «profesionalismo» de los gendarmes, y trató de tranquilizar diciendo que, por ahora, tenían orden de «inamovilidad», pues su rol será solo apoyar a la policía.
Pero muchos opinan que los militares no están preparados para contener protestas sociales y ello podría generar situaciones de peligro. El ex ministro de Defensa Roberto Chiabra negó que los uniformados deban reprimir las manifestaciones.
«El policía tiene su casco y su escudo para defenderse de las piedras, pero si a un soldado le tiran una piedra y lo provocan, tiene un fusil en la mano. Eso es lo que hay que evitar».
De otro lado también se preparan variantes. La fiscal de la nación, Gladys Echaíz, anunció que podrían recibir hasta ocho años de prisión quienes alteren la tranquilidad pública y, para rematar, el Ministerio del Trabajo declaró ilegal la huelga, con lo cual estaba dado el último paso para justificar, después, cualquier desgracia que ocurra este miércoles y que la CGTP ha considerado, a priori, una responsabilidad de Alan García.
Los primeros efectivos copaban desde el martes las entradas de las empresas principales de servicios y las terminales aéreas en todo el país, reportaron los periódicos, cuando ya protestas regionales y sectoriales se adelantaban al paro de la CGTP en zonas selváticas de la Amazonía y en Ayacucho.
Pero tanto como las jornadas de violencia que podrían verse, debe llamar la atención el trasfondo inestable que caracteriza a un Perú marcado por las insatisfacciones ante un proyecto gubernamental que, con algunas distinciones, solo les ha dado más de lo mismo.
El paro de 48 horas de la CGTP llega después de intentos frustrados de diálogo entre el gobierno y la Central obrera, y de protestas de profesionales de la salud y la educación, así como de las organizaciones del campo.
En líneas generales se critica el quehacer económico y político de un gobierno que, según los más radicales, sigue en la senda del neoliberalismo. En lo concreto, hay temas puntuales tales como el decreto que ratificó la erradicación forzosa de los cultivos de la hoja de coca, y disgustos más recientes provocados por decretos legislativos para atemperar las leyes peruanas a las exigencias del TLC con EE.UU. que, recordemos, el Congreso aprobó con «nocturnidad y alevosía» para burlar a los parlamentarios en contra y desconocer un fuerte movimiento popular resistido al acuerdo. Entre esas medidas legislativas reprobadas está la que permitirá la inversión privada en las comunidades campesinas, lo que moviliza a varias regiones a lo largo de todo el país, en tanto otros reclaman se cumplan las promesas del gobierno de dotarlas de infraestructura para producir.
Tal estado de molestia es reflejado por las encuestas, según las cuales la popularidad de Alan García, nunca arriba, ha vuelto a sufrir cierto repunte a la baja: del 35, a apenas el 30 por ciento de una aprobación cuestionada en la misma movilización de este miércoles. Pero que nunca va a llegar a punta de bayonetas.
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